El Parlament fija por ley el mecanismo de avales p¨²blicos para altos cargos encausados

El Parlamento catal¨¢n ha aprobado este mi¨¦rcoles una ley que da cobertura al fondo complementario de riesgos de la Generalitat, el mecanismo mediante el cual se dieron avales a algunos altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas. El Govern hab¨ªa aprobado el pasado verano, mediante un decreto ley, destinar 10 millones de euros para hacer frente a fianzas por causas derivadas de la acci¨®n de los servidores p¨²blicos y que tambi¨¦n serv¨ªan para cubrir las exigidas por la supuesta malversaci¨®n para promover internacionalmente el proc¨¦s. En el tr¨¢mite de convalidaci¨®n se vot¨® tramitarlo como ley. M¨¢s de medio a?o despu¨¦s, el texto ha salido adelante gracias a los votos del secesionismo y el apoyo de los comunes y el PSC. La votaci¨®n prosper¨® con un amplio margen de apoyos, 110 votos favorables y 16 en contra.

En 2017, durante el momento m¨¢s ¨¢lgido del ¨®rdago independentista, varias aseguradoras decidieron rescindir p¨®lizas de seguros de la Generalitat. Una de ellas era la que daba cobertura de riesgos para altos cargos de la Generalitat en caso de que en virtud de sus funciones tuvieran que asumir alg¨²n tipo de responsabilidad patrimonial. El diputado del PSC, Jordi Riba, ha defendido que su grupo permite la aprobaci¨®n de la ley para dar seguridad a la labor de los servidores p¨²blicos ante la falta de un seguro comercial pero que en ning¨²n momento avala ni ¡°el discurso de la represi¨®n¡± del independentismo o el de una supuesta cobertura de nuevos intentos de ¡°golpe de Estado¡± que argumentan Vox y Ciudadanos.

Desde estos dos partidos tambi¨¦n se ha criticado que esta nueva ley sea creada ad hoc para atender a los 34 altos excargos a los que el Tribunal de Cuentas pide una fianza de 5,4 millones de euros. El ente fiscalizador rechaz¨® en su d¨ªa dar por buenos los avales, que finalmente fueron asumidos desde las arcas de Esquerra y con los bienes de exdirigentes como el expresident Artur Mas. El diputado naranja, Nacho Mart¨ªn Blanco, ha asegurado que, como se aprobar¨¢, el texto garantiza la impunidad de los pol¨ªticos, para que puedan hacer todo lo que les parezca oportuno desde su posici¨®n de preeminencia¡±. El consejero de Econom¨ªa, Jaume Gir¨®, afirma que el fondo posibilita que los empleados p¨²blicos puedan ¡°trabajar sin miedo¡± y que la acci¨®n pol¨ªtica se lleve a cabo ¡°en libertad¡±.

La ley ha llegado al debate en el pleno con varias enmiendas vivas, del PSC y de Ciudadanos. Mart¨ªn Blanco ha argumentado que la ley deja la pista libre para que se repitan ¡°desaf¨ªos institucionales¡± como el del oto?o de 2017, en referencia a la convocatoria de un refer¨¦ndum ilegal sobre la independencia. Ciudadanos hab¨ªa presentado una enmienda a la totalidad, donde se recoge que la cobertura quede limitada a errores y equivocaciones que puedan cometer los funcionarios ¡°en ejercicio de su cargo¡±. Vox cree que se abre paso un nuevo ¡°golpe de Estado¡±.

Las recomendaciones de los socialistas, que no han salido adelante, iban en consonancia con lo propuesto por el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias, que el a?o pasado dio su visto bueno a la ley. Ese dictamen positivo fue precisamente el que llev¨® al Gobierno central a no presentar un recurso contra el decreto ley que cre¨® el fondo. El PSC quer¨ªa que el momento de obligaci¨®n de retorno del dinero facilitado al funcionario afectado fuera ¡°la sentencia firme¡± y no que se agoten ¡°todas las v¨ªas de impugnaci¨®n judiciales internacionales¡±. El diputado de ERC, Juli Fern¨¢ndez, ha criticado que el PSC no tenga en cuenta la jurisdicci¨®n europea.

En Com¨² Podem las ha apoyado y su diputado, Joan Carles Gallego, ha apuntado que la norma es un mecanismo necesario para que los empleados p¨²blicos ¡°puedan actuar con libertad y sin presiones externas¡±. Los comunes encuentran la medida oportuna para modernizar ¡°el puzle de la administraci¨®n p¨²blica¡±.