El Consejo de Garant¨ªas Estatutarias avala el fondo para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas pero sugiere ¡°mejoras¡±

El Parlamento catal¨¢n ha convalidado este jueves, ¡ªgracias a la mayor¨ªa independentista y las abstenciones del PSC y los comunes¡ª el decreto ley que permite avalar ante el Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos investigados por supuestamente malversar fondos para la promoci¨®n internacional del proc¨¦s. La votaci¨®n se produjo despu¨¦s de que el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias (CGE) dictaminara que la norma se ajusta a la ley. El ente, sin embargo, sugiere retoques para ¡°mejorar la calidad normativa¡±, que ser¨¢n incorporados en el tr¨¢mite como proyecto de ley.

Se trata del primer espaldarazo jur¨ªdico al pol¨¦mico texto aprobado el pasado 6 de julio por el Ejecutivo catal¨¢n y que ha sido promovido desde el departamento de Econom¨ªa, que lidera Jaime Gir¨®. El informe del CGE, que ha agotado el plazo legal para presentarlo, coincide adem¨¢s con la petici¨®n del Tribunal de Cuentas a la Abogac¨ªa del Estado para que se pronuncie sobre si la Generalitat, como afectada por la supuesta malversaci¨®n, puede ¡°amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave¡±.

Para el Consejo, la puesta en marcha del fondo ¡°no se puede considerarse en ning¨²n momento como una supuesta malversaci¨®n de recursos p¨²blicos¡±, pues hay una competencia estatutaria que avala que la Generalitat ¡°garantice las exigencias cautelares de un procedimiento judicial respecto de sus trabajadores p¨²blicos¡±. El texto da por buenas las dos v¨ªas que establec¨ªa el decreto para abonar la fianza de los posibles beneficiarios, una gesti¨®n de la que se encarga de momento el Instituto Catal¨¢n de Finanzas: cuando se contraavale a trav¨¦s de una entidad bancaria (ning¨²n banco ha accedido a esto) o de manera directa, como termin¨® sucediendo en la mayor¨ªa de los investigados. El Tribunal pide una fianza conjunta de 5,4 millones a los investigados.

Los juristas, en respuesta al PSC, Ciudadanos y PP, va m¨¢s all¨¢ en la justificaci¨®n de validez del mecanismo y agrega que la protecci¨®n de los servidores p¨²blicos ¡°puede favorecer el ejercicio del autogobierno¡± en materias donde se ¡°evidencia un significativo nivel de conflictividad¡±. El Govern desde un principio justifica que los encausados se limitaron a seguir el plan de Govern vigente. El dictamen ha contado con el apoyo un¨¢nime de los miembreos del CGE.

Las condiciones que plantea el decreto ley, dicen el dictamen, aseguran que los recursos del fondo no salen ¡°del control legal de la Generalitat¡± y ¡°su valor a lo largo del tiempo es susceptible de estar garantizado¡±, ya que la norma dise?ada por Econom¨ªa prev¨¦ el cobro de intereses y cargos de gesti¨®n en el caso de tener que ser devuelto el aval. El Tribunal de Cuentas ha pedido una fianza colectiva de 5,4 millones de euros a los encausados, entre los que se encuentran el expresident Carles Puigdemont; su vicepresident, Oriol Junqueras o el exconsejero de Econom¨ªa, Andreu Mas-Collel, entre otros.

La f¨®rmula del mecanismo establece que la Generalitat solo reclamar¨ªa el dinero avalado cuando hubiera una sentencia firme contra el beneficiario y se agotaran ¡°todas las instancias internacionales¡±. El dictamen explicita que la sentencia firme es ¡°la emitida por el poder judicial ordinario¡±. Eso no implica, recuerda, que una Administraci¨®n pueda hacer uso de su potestad para hacer un aplazamiento de las deudas de derecho p¨²blico.

Pese a que el Consejo considera que no hay ilegalidades en el texto, s¨ª hace retoques. Sugiere, por ejemplo, que se aclaren las condiciones para que un beneficiario devuelva el dinero o se pueda plantear un aplazamiento, que considera una medida de protecci¨®n a los servidores p¨²blicos.

Gir¨® ha sacado pecho durante el debate de convalidaci¨®n de lo que considera un texto ¡°bien forjado jur¨ªdicamente¡± y ha asegurado que ¡°despeja las dudas sobre su legalidad que intencionadamente se hab¨ªan difundido las ¨²ltimas semanas¡±. El consejero tambi¨¦n ha acusado a Ciudadanos y al PP de hacer pol¨ªtica a trav¨¦s de los tribunales. Tanto el PSC como los comunes se han abstenido, aunque la mayor¨ªa independentista ya permit¨ªa dar luz verde al tr¨¢mite. La portavoz socialista ha criticado la gesti¨®n interna de los avales en el ICF, que termin¨® con la renuncia de tres consejeros independientes. ¡°No se ha hecho bien, hay que decirlo. Por eso nuestra posici¨®n ser¨¢ abstenernos. No nos podemos permitir m¨¢s errores que denigran a las instituciones¡±, ha dicho.

Tanto Cs como el PP criticaron que el independentismo d¨¦ por bueno este dictamen, cuando ha ignorado en muchas ocasiones los dict¨¢menes del Consejo, por ejemplo, con las leyes de desconexi¨®n en 2017, que vio claramente anticonstitucionales. El independentismo no ocult¨® su satisfacci¨®n y varias fuentes recordaron que dentro del Consejo, con mandatos caducados, hay juristas cercanos al PP, como Carles Jaume, exsubdelegado del Gobierno en Girona.