Colau seguir¨¢ otorgando sin concurso la subvenci¨®n a la PAH
El Ayuntamiento defiende su legalidad pese a las irregularidades que ve la Fiscal¨ªa
El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no tiene intenci¨®n de modificar la f¨®rmula, sin concurso, por la que otorga subvenciones a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza por la Pobreza Energ¨¦tica (APE), ambas gestionadas a trav¨¦s del Observatorio DESC, para atender a familias amenazadas de desahucio o cortes de suministros. El Ayuntamiento mantiene que las ayudas cumplen con la legalidad, pese a que la Fiscal¨ªa advirti¨® de irregularidades administrativas en su concesi¨®n. Estas ayudas llegan el pr¨®ximo viernes 4 de marzo a juicio, con la declaraci¨®n de Colau tras ser acusada de prevaricaci¨®n por la Asociaci¨®n para la Transparencia y la Calidad Democr¨¢tica.
En verano pasado, la Fiscal¨ªa de Barcelona archiv¨® una denuncia de Abogados Catalanes por la Constituci¨®n muy parecida a la que ahora se ver¨¢ en la Ciudad de la Justicia. En su decreto de archivo, la Fiscal¨ªa descartaba la prevaricaci¨®n y manten¨ªa que estas entidades ¡°no se beneficiaron de un trato de favor especial¡± respecto a otras entidades: ¡°Sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades¡±. Con todo, advert¨ªa de ¡°irregularidades de orden administrativo¡± en la f¨®rmula elegida para otorgarlas, que si llegaran a la justicia ser¨ªa por la v¨ªa del contencioso-administrativo.
Fuentes municipales explican que estas subvenciones, que se formalizan en convenios bianuales (el convenio fija las tareas a realizar por cada entidad y qu¨¦ relaci¨®n se establece con el Ayuntamiento), se otorgan desde 2014, cuando el alcalde era Xavier Trias (CiU). Son subvenciones directas excepcionales, sin concurrencia, que se conceden cuando una entidad presenta un proyecto singular por un motivo excepcional. En este caso, la emergencia habitacional y la pobreza energ¨¦tica.
El primer convenio, 2014-2016, fue por un total de 240.000 euros, pagados al Observatorio DESC. Es esta entidad la que se encarga de la coordinaci¨®n econ¨®mica y de tareas con la PAH y justifica los gastos ante el Ayuntamiento. El segundo, 2016-2018, de nuevo una ayuda directa extraordinaria, incorpor¨® a Ingenieros Sin Fronteras y la APE para atender a familias que sufren pobreza energ¨¦tica, y ascendi¨® a 336.000 euros. El tercero, con la misma f¨®rmula, para 2018-2020 tambi¨¦n fue directa extraordinaria y el importe, algo menor (324.000 euros).
Fue en el convenio de 2020-2022 cuando se cambi¨® la f¨®rmula: subvenci¨®n directa, pero ¡°nominativa¡±: 324.000 euros figuran a nombre del Observatori DESC y con una reserva de cr¨¦dito anual en el presupuesto aprobado en el pleno. Desde 2014 estas subvenciones han ascendido a 1,2 millones de euros.
En 2020 las ayudas siguieron siendo una subvenci¨®n directa, pero nominativa
A la pregunta de si, ante las advertencias de irregularidad administrativa, el consistorio se plantea abrir una convocatoria p¨²blica para estas ayudas, la respuesta es que ¡°la concurrencia no opera cuando los proyectos son singulares o no hay otras entidades que realicen los proyectos presentados¡±. El decreto de Fiscal¨ªa, subrayan estas fuentes municipales, ¡°tambi¨¦n citaba los informes t¨¦cnicos municipales que justificaban su excepcionalidad¡±. Si alguna vez una subvenci¨®n ha llegado a un juzgado del contencioso es porque se ha denegado. Pero ¡°es muy poco habitual, actualmente no hay ninguna¡±, aseguran.
Las mismas fuentes destacan que, igual que la PAH o la APE, cada a?o reciben subvenciones directas nominativas desde el ¨¢rea de Derechos Sociales entidades como Cruz Roja, C¨¢ritas o el Casal dels Infants: ¡°Son nominativas porque no hay otro tejido que preste los servicios concretos de estas entidades¡±.
Un 0,8% de las ayudas
En el presupuesto de 2022 aparecen 247 subvenciones nominativas que suman 25,6 millones de euros. La partida del convenio con el Observatorio de este a?o es de 216.000 euros, un 0,8% del total del gasto en este cap¨ªtulo. Las ayudas p¨²blicas, insisten las fuentes municipales, ¡°se rigen por un f¨¦rreo control de su ejecuci¨®n y liquidaci¨®n, porque es dinero p¨²blico que va a entidades privadas, aunque sin af¨¢n de lucro¡±.
?Y por qu¨¦ un servicio como el que presta la PAH no se saca a concurso p¨²blico? ¡°Porque no es un contrato, parte de un proyecto de una entidad presentado al Ayuntamiento. Cuando se present¨® al Gobierno de Trias era, y es, una cuesti¨®n sobre la que el Ayuntamiento no tiene competencias: hacer intermediaci¨®n bancaria, asambleas, o asesoramiento a familias amenazadas de desahucio o cortes de luz¡±. Distinto es el caso de la Unidad Antidesahucios municipal, que s¨ª sale a concurso: porque atiende los casos en los que los juzgados han requerido al Ayuntamiento para tramitar certificados de vulnerabilidad. El trabajo de la PAH es previo. Igual ocurre con la pobreza energ¨¦tica: el Ayuntamiento tiene los Puntos de Asesoramiento Energ¨¦tico, pero muchas veces las familias llegan a estas oficinas gracias a la Alianza por la Pobreza Energ¨¦tica. El Ayuntamiento tramita entonces los certificados que evitan el corte.
En el caso de un convenio con Cruz Roja, ejemplifica el consistorio, puede ser para atender a trabajadoras sexuales sin papeles. Un colectivo que no recurre a los servicios sociales por su condici¨®n legal irregular. En cambio, Cruz Roja hace todo el acompa?amiento hasta conseguir que se acerquen a la administraci¨®n. ¡°Las subvenciones extienden la capacidad de la administraci¨®n m¨¢s all¨¢ de sus competencias. En derechos sociales, la ley fija qu¨¦ puede hacer y qu¨¦ no un ayuntamiento, d¨®nde est¨¢n los l¨ªmites, de ah¨ª que se colabore con entidades. Cuanto mejor acompa?adas est¨¦n las personas vulnerables, menos impacto tendr¨¢ en la administraci¨®n¡±, a?aden.
Ayudas a ONG, la Fundaci¨®n Mobile, vecinos o sindicatos
El Observatorio DESC y la PAH explican que no fue en 2014 cuando firmaron el primer convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, sino en 2012. Un acuerdo reeditado cada dos años “que ha permitido un intenso trabajo en la defensa del derecho a la vivienda y los suministros básicos”. “Derecho a la vivienda y la energía: empoderamiento colectivo y asesoramiento jurídico social”, se llama el proyecto. En el primer convenio, las entidades se compometían a “crear espacios de encuentro y grupos de ayuda” para afectados por desahucios; coordinar servicios de voluntariado (psicólogos, abogados) para asesorar; y elaborar materiales con consejos, recursos y ayudas disponibles.
Actualmente el convenio con el DESC y la PAH es nominativo. Figura con nombre y partida en las cuentas municipales. Este 2022 hay otros 246 convenios que suman 25,6 millones de euros. Subvenciones de importes muy variados. Desde mil euros a la Federació de Cooperatives del Treball, hasta cinco millones de euros a la Fundación Mobile World Capital. Entre medio hay asociaciones de vecinos, entidades culturales, deportivas, fundaciones, colegios profesionales, ONG, federaciones como la de municipios, los sindicatos CC OO y UGT, el Gremio de Hoteles, la patronal Fomento del Trabajo o comerciantes.
Del total, 28 reciben más de 200.000 euros. Entre otras, Casa Amèrica, Cidob, la fundación del Palau de la Música, el Plan Estratégico Metropolitano, Cruz Roja, la FAVB, CC OO y UGT, la fiesta mayor de Gràcia, el secretariado de entidades de Sants, Hostafrancs y La Bordeta, la fundación Barcelona Institute of Technology, Barcelona Comerç o Barcelona Global.
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