La Generalitat se escuda en el Constitucional para no sancionar a manifestantes

La Generalitat ha encontrado el argumento para evitar sancionar a manifestantes que incumplen la ley de seguridad ciudadana: el Tribunal Constitucional. El consejero del Interior catal¨¢n, Joan Ignasi Elena, anunci¨® este lunes un cambio de criterio jur¨ªdico, basado en la jurisprudencia tanto del alto tribunal como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asegura que de esta forma, primar¨¢n los derechos de manifestaci¨®n, de reuni¨®n, de informaci¨®n o de libertad de expresi¨®n ante este tipo de multas. Su principal objetivo es evitar sanciones en protestas antidesahucios.

El Departamento de Interior acumula miles de sanciones desde el a?o 2015 que afectan a la participaci¨®n en manifestaciones no comunicadas o bien comunicadas pero que modifican sustancialmente el plan del que se hab¨ªa informado inicialmente. Desde entonces, los Mossos han abierto m¨¢s de 6.500 actas, de las que solo 31 han acabado en expedientes resueltos, seg¨²n fuentes policiales. La falta de actividad por parte del ¨®rgano competente en esa materia -la Direcci¨®n General de Administraci¨®n de la Seguridad (DGAS)- hab¨ªa sido objeto de cr¨ªticas por parte de la oposici¨®n. El PSC pidi¨® explicaciones a la Generalitat despu¨¦s de que este diario desvelase que no se hab¨ªa tramitado ninguna de las 1.200 sanciones impuestas en 2020.

Con el cambio de criterio anunciado por la Generalitat, los expedientes, que Interior asegura que se tramitar¨¢n, acabar¨¢n archivados, siempre y cuando el manifestante sea pac¨ªfico. ¡°No tienen ning¨²n sentido que si uno se moviliza pac¨ªficamente tenga como consecuencia una sanci¨®n¡±, asegur¨® Elena en declaraciones a Catalunya R¨¤dio. El Departamento detalla que su intenci¨®n es principalmente frenar las multas por dos preceptos muy concretos, la desobediencia (art¨ªculo 36.6 de la ley) y la obstrucci¨®n a la justicia (36.4). En ambos casos, los expedientes se tramitaban desde la propia direcci¨®n general de la polic¨ªa, y sus resoluciones superan el 95%. La mayor¨ªa se impon¨ªan en protestas antidesahucios, lo que ha generado quejas de partidos y movimientos provivienda. Ahora ser¨¢ la DGAS quien asuma tambi¨¦n esos expedientes.

Fuentes policiales critican que la decisi¨®n del Departamento busca dar cobertura legal a una situaci¨®n que ya se daba de facto, al no tramitar la mayor parte de los expedientes que llegaban a la mesa de la DGAS. ¡°Se guardaban en un caj¨®n¡±, aseguran, y advierten incluso de que podr¨ªa tratarse de un delito de prevaricaci¨®n. Interior admite que la DGAS sufre cierta saturaci¨®n por la pandemia pero asegura que se han ido tramitando expedientes, y niegan una voluntad de dejarlos aparcados. Tambi¨¦n defiende que las actas abiertas por manifestaciones no comunicadas (el art¨ªculo 37.1 de la ley) no se han tramitado hist¨®ricamente, ante una ¡°ponderaci¨®n del derecho de manifestaci¨®n¡±. La voluntad del Departamento, indican, es tramitar todas las actas pendientes, pero recuerdan que caducan a los seis meses. Para asumir todo el trabajo, se prev¨¦ un refuerzo del equipo de la DGAS.

¡°Todos sabemos de qu¨¦ partido pol¨ªtico son la mayor¨ªa de activistas que van a desahucios. Es la CUP y necesitan sus votos para seguir en su silla¡±, ha lamentado el portavoz del sindicato de Mossos USPAC, Albert Palacio. El sindicato ha anunciado que estudiar¨¢n la decisi¨®n anunciada por Elena. ¡°Si nos tenemos que jugar la integridad f¨ªsica con identificaciones a gente que ya saben que no se les sancionar¨¢ y est¨¢n por encima del bien y del mal, lo que no haremos ser¨¢ jugarnos el f¨ªsico por esta gente que esta en su silla la mar de tranquila¡±, ha a?adido . Palacio acusa a Interior de ¡°socavar la autoridad de los Mossos¡±

En su anuncio, Elena ha criticado que el PSC no haya derogado la ley mordaza -como se conoce popularmente a la ley de seguridad ciudadana-, como ped¨ªan, y que en cambio se pongan ¡°las manos en la cabeza¡± cuando no se aplica de forma ¡°restrictiva¡±. ¡°Lo que hacemos es aplicar la ley. Y la ley se aplica ponderando derechos y en ese caso la ley mordaza junto con otros derechos como el de la libertad de expresi¨®n o de manifestaci¨®n¡±, ha destacado Elena.