Los afectados por el ¡®caso Pegasus¡¯ buscan acreditar ante el juez que el CNI les espi¨®

Jos¨¦ Antonio Cruz puede acabar siendo una v¨ªctima colateral del caso Pegasus. Es probable que, en las pr¨®ximas semanas, al titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 32 de Barcelona se le acumule el trabajo. Los abogados de los afectados por el espionaje a trav¨¦s del software Pegasus, desarrollado por la compa?¨ªa israel¨ª NSO, han manifestado este mediod¨ªa su intenci¨®n de que ese magistrado ampl¨ªe la investigaci¨®n que ya tiene abierta para incorporar a buena parte de los m¨¢s de 60 independentistas que, presuntamente, fueron v¨ªctimas del hackeo de sus tel¨¦fonos m¨®viles. Las querellas se dirigir¨¢n contra la empresa, aunque el objetivo declarado es que se acredite, en sede judicial, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dirigi¨® un espionaje que consideran ¡°masivo¡± e ¡°ilegal¡±.

En octubre de 2020, el magistrado Cruz abri¨® diligencias tras una querella presentada por el expresidente del Parlament Roger Torrent y el exdiputado auton¨®mico Ernest Maragall, ambos de Esquerra Republicana, por los delitos de interceptaci¨®n ilegal de las comunicaciones y espionaje inform¨¢tico. Torrent y Maragall, que fueron espiados gracias a una vulnerabilidad de WhatsApp entre abril y mayo de 2019, se querellaron contra NSO Group y contra el exdiretor del CNI F¨¦lix Sanz Rold¨¢n. El juez, sin embargo, rechaz¨® citar a Sanz Rold¨¢n y, como ¨²nica diligencia y con el aval de la Fiscal¨ªa, envi¨® comisiones rogatorias a Israel y a Irlanda (sede de Whatsapp). Ha pasado a?o y medio y a¨²n no ha recibido respuesta de las autoridades de esos pa¨ªses, por lo que la instrucci¨®n est¨¢ encallada.

Una investigaci¨®n de 21 meses de Citizen Lab, un laboratorio de ciberseguridad de la Universidad de Toronto (Canad¨¢) ha revelado ahora que m¨¢s de 60 pol¨ªticos independentistas, pero tambi¨¦n activistas y abogados de la ¨®rbita secesionista, fueron espiados a trav¨¦s de Pegasus. Fuentes del CNI admitieron a EL PA?S que compraron el software y para espiar a algunos de ellos, pero que lo hicieron siempre bajo control judicial, como marca la ley. Esas mismas fuentes pusieron en duda el trabajo forense desarrollado por Citizen Lab.

Aunque hay muchas inc¨®gnitas a¨²n por resolver, para el independentismo el caso es un esc¨¢ndalo may¨²sculo que merece toda la contundencia. Tambi¨¦n, en los tribunales. Hace unos d¨ªas, el Parlament aprob¨® la presentaci¨®n de una denuncia por un espionaje que ha alcanzado a los cuatro ¨²ltimos presidentes de la Generalitat. Este viernes, en un ¡°acto unitario¡± en la Universidad de Barcelona, cuatro abogados han anunciado -sin concretarlas demasiado- las acciones judiciales que llevar¨¢n a cabo en nombre de los afectados.

El contraataque en los tribunales a¨²n est¨¢ en fase embrionaria y ni siquiera est¨¢ claro cu¨¢ntas querellas habr¨¢ ni qui¨¦nes, de entre los afectados, las presentar¨¢n. Los cuatro abogados que han participado en el acto se repartir¨¢n el trabajo: Gonzalo Boye actuar¨¢ en nombre de los afectados de Junts, Andreu van den Eynde, de los de Esquerra; Benet Salellas, de los de ?mnium y la CUP; y Antoni Abad, de los de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

La idea, en cualquier caso, es presentar ampliaciones de querella para que sean asumidas por el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 32 de Barcelona, que ya mantiene abierta una causa por los mismos hechos aunque por ahora circunscrita a Torrent y Maragall. Fuentes de las defensas han se?alado que las querellas se dirigir¨¢n por ahora solo contra NSO Group y que pedir¨¢n al juez que obligue a la empresa a aclarar a qu¨¦ empresas gubernamentales espa?olas ha vendido el software. El objetivo final es obtener una respuesta sobre el papel del CNI u otros servicios de inteligencia.

¡°Hace a?o y medio que tenemos un proceso abierto. El juez y el fiscal ven delito y est¨¢n investigando si lo que se hizo es ilegal¡±, ha explicado en el acto Van den Eynde, ¨¦l mismo v¨ªctima del espionaje de Pegasus. ¡°Esto pone en entredicho lo que dijo la ministra¡±, ha se?alado en alusiones a las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que justific¨® el espionaje, dentro de la legalidad -o sea con autorizaci¨®n del Tribunal Supremo- a l¨ªderes del independentismo. ¡°La investigaci¨®n judicial ha de subir ahora un escal¨®n. No solo son Torrent y Maragall, hay un espacio pol¨ªtico de m¨¢s de 60 personas. Hay que presionar t¨¦cnicamente a los jueces para que investiguen¡±, ha a?adido Van den Eynde.

Gonzalo Boye, abogado entre otros de Carles Puigdemont (y tambi¨¦n, seg¨²n el informe de Citizen Lab, v¨ªctima del hackeo del m¨®vil) ha insistido en que el espionaje es ¡°un delito de manual¡± y ha advertido de que habr¨¢ ¡°consecuencias jur¨ªdicas¡±, tanto en Espa?a como en el resto de Europa. El penalista Benet Salellas, por su parte, ha expresado que no tiene ¡°ninguna duda¡± de que el CNI ha participado en el espionaje y se ha preguntado si est¨¢ ¡°justificada la afectaci¨®n masiva a ciudadanos con la ¨²nica argumentaci¨®n de proteger al Estado¡±.

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