La Abogac¨ªa del Estado pide al TSJC que no ejecute por ahora la sentencia del 25% de castellano

La Abogac¨ªa del Estado ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que no active la ejecuci¨®n forzosa de la sentencia que obliga a impartir un m¨ªnimo del 25% de castellano en el sistema educativo en Catalu?a. El ¨®rgano que act¨²a en defensa de los intereses del Gobierno en el procedimiento ha pedido al tribunal que espere hasta que pueda evaluarse el grado de cumplimiento de las medidas anunciadas por el Gobierno catal¨¢n para hacer cumplir el fallo. La Generalitat ¡°ha justificado el inicio del proceso de tramitaci¨®n de dos medidas normativas (legal y reglamentaria) y una medida de control¡±, recoge el escrito de la Abogac¨ªa del Estado.

El escrito alude a las propuestas que el Govern hizo llegar al TSJC para comunicarle c¨®mo pensaba cumplir la sentencia sobre el castellano. La Generalitat pretende hacerlo sin fijar porcentajes y por eso ha anunciado la reforma de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica y el desarrollo del r¨¦gimen ling¨¹¨ªstico del sistema educativo. El texto del Ejecutivo catal¨¢n fue remitido al tribunal una vez se agot¨® el plazo de dos meses de cumplimiento voluntario de la sentencia. Desde esa fecha, las partes personadas pod¨ªan instar la ejecuci¨®n forzosa. La Abogac¨ªa del Estado es la ¨²nica parte presente y ha decidido no hacerlo por ahora.

La Generalitat se resiste a fijar el porcentaje del 25% que fija la sentencia porque ese fallo judicial se basaba en parte en una disposici¨®n adicional de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la llamada ley Wert, que establec¨ªa que el castellano deb¨ªa garantizarse ¡°en una proporci¨®n razonable¡±, un precepto que dio pie a que, ante la inacci¨®n de la Generalitat, el TSJC concretase ese porcentaje m¨ªnimo. Pero esa referencia fue desapareci¨® en la nueva ley de educaci¨®n (la conocida como ley Cela¨¢) y el Gobierno de Pedro S¨¢nchez se mostr¨® desde el principio ambiguo sobre si iba a exigir a Catalu?a que al menos el 25% de las clases se impartan en castellano. El tribunal superior catal¨¢n considera que nada cambia con la nueva norma, pero la ministra de Justicia, Pilar Llop, en declaraciones p¨²blicas, ha advertido en alguna ocasi¨®n sobre la necesidad de estudiar c¨®mo afecta el cambio en la ley de Educaci¨®n.

En el escrito presentado ahora, la Abogac¨ªa del Estado recuerda que la sentencia del 25% reconoc¨ªa a la Generalitat ¡°una libertad en la elecci¨®n de las medidas a adoptar¡±, reserv¨¢ndole al Govern ciertos aspectos en los que los ¨®rganos jurisdiccionales no pueden sustituir a la Administraci¨®n. Antes de hacer ejecutar el fallo, a?ade el texto, el TSJC ¡°deber¨¢ apreciar previamente el grado de cumplimiento que implican las medidas comunicadas por la Generalitat¡±. Esa valoraci¨®n ¡°ser¨¢ esencial para pronunciarse sobre si concurre o no el presupuesto f¨¢ctico que justifica la ejecuci¨®n forzosa¡±.

El Estado no cuestiona la legitimidad de la Asamblea por una Escuela Biling¨¹e (AEB) como ¡°entidad afectada¡± para pedir la ejecuci¨®n forzosa. La entidad que promueve el biling¨¹ismo en Catalu?a lo hizo el pasado mes de marzo en nombre de 1.643 familias.

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