La justicia declara firme la sentencia del 25% de castellano en los colegios catalanes y da dos meses al Govern para ejecutarla

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha declarado este viernes la firmeza de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en las aulas catalanas. Tal como marca la ley, la Generalitat dispone ahora de un plazo de dos meses para ejecutarla de forma voluntaria. El reloj se pondr¨¢ en marcha una vez que el Departamento de Educaci¨®n haya confirmado que ha recibido la resoluci¨®n, para lo que dispone de un plazo de 10 d¨ªas. El consejero de Educaci¨®n Josep Gonz¨¤lez-Cambray ha calificado la decisi¨®n de ¡°un intento de judicializar el modelo de escuela catalana¡±. En principio, Educaci¨®n no tiene previsto aplicar la medida durante este periodo voluntario y se esperar¨ªa a que llegara la orden de ejecuci¨®n forzosa, que debe solicitarla del Gobierno central porque fue el demandante.

A finales de noviembre, el Tribunal Supremo inadmiti¨® el ¨²ltimo recurso del Gobierno catal¨¢n contra la sentencia del TSJC del 16 de diciembre de 2020 que fijaba ese m¨ªnimo de castellano para el sistema educativo catal¨¢n en su totalidad. La decisi¨®n provoc¨® protestas de la Generalitat y de buena parte de la comunidad educativa en Catalu?a, que considera que el catal¨¢n debe ser la ¨²nica lengua vehicular en la escuela. Hace unas dos d¨¦cadas las sentencias para aplicar este 25% de castellano van cayendo a cuentagotas, pero afectaban solo al alumno que lo denunciaba. Lo relevante de esta sentencia de 2020 es que, por primera vez, la medida se extend¨ªa a todo el sistema.

El consejero de Educaci¨®n Josep Gonz¨¤lez-Cambray no se ha mostrado sorprendido por la resoluci¨®n. ¡°Ya lo sab¨ªamos que pasar¨ªa porque forma parte del procedimiento¡±, ha comentado, pero ha vuelto a rechazar este tipo de sentencias que afectan al modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica. ¡°Estamos ante un intento de judicializar el modelo de escuela catalana, un modelo que ha sido de ¨¦xito, de cohesi¨®n social y de igualdad de oportunidades a lo largo de d¨¦cadas¡±.

Preguntado sobre si Educaci¨®n aplicar¨¢ la sentencia, Cambray ha asegurado que su referencia normativa es la ley catalana. ¡°Daremos cumplimiento a lo marca la Ley de Educaci¨®n de Catalu?a: que al final de la etapa obligatoria, de 4? de ESO, todo el alumnado logre las competencias tanto en castellano como en catal¨¢n. El aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, va de pedagog¨ªa¡±, ha terciado.

La resoluci¨®n emitida este viernes reproduce, de hecho, lo que dice el art¨ªculo 104 de la ley de lo contencioso-administrativo, que regula los tiempos para el cumplimiento de una sentencia. Los magistrados comunican a la Generalitat el contenido del fallo para que ¡°una vez acuse la recepci¨®n de la comunicaci¨®n en el plazo de diez d¨ªas desde su recepci¨®n, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo¡±. A partir de aqu¨ª, dispone de dos meses para ejecutarla de forma voluntaria, cosa que no est¨¢ previsto que haga. As¨ª, si no lo hace, ¡°cualquier de las partes y personas afectadas podr¨ªa instar su ejecuci¨®n forzosa¡±. La ¨²nica parte personada en este caso es el Gobierno central -la demanda la firm¨® el Ejecutivo de Mariano Rajoy-, pero ya a finales de noviembre asegur¨® que no ten¨ªa intenci¨®n de pedir su ejecuci¨®n, porque ello corresponde a los tribunales. Entonces, cualquier asociaci¨®n o persona f¨ªsica podr¨ªa instar la ejecuci¨®n, pero en ese caso, el tr¨¢mite no ser¨ªa autom¨¢tico, sino que el tribunal deber¨¢ valorar la legitimidad de la persona o entidad que reclama su aplicaci¨®n. La Asamblea por una Escuela Biling¨¹e -entidad que fomenta las demandas de este 25% en las aulas- ya se ha mostrado dispuesta a solicitarlo.

El inicio de este embrollo judicial se remonta a 2015, cuando el Ministerio de Educaci¨®n, entonces en manos de Jos¨¦ Ignacio Wert, demand¨® a la Generalitat por ¡°inactividad¡± a la hora de garantizar el ¡°derecho de los alumnos y alumnas a recibir las ense?anzas en ambas lenguas oficiales¡± en las comunidades aut¨®nomas que posean m¨¢s de una, aunque no reclamaba ning¨²n porcentaje. En diciembre de 2020 el TSJC, con el objetivo de ¡°enderezar la actual situaci¨®n contraria al ordenamiento¡±, fij¨® este 25%, considerando que es el ¡°m¨ªnimo por debajo del cual no se puede entender que el uso vehicular de la lengua alcanza la condici¨®n de normal dentro del sistema¡±. Entonces, la Generalitat interpuso recurso de casaci¨®n ante el Supremo, que fue rechazado el pasado mes de noviembre.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, ha rechazado la notificaci¨®n del TSJC, que cierra la batalla por el uso del catal¨¢n en la escuela, ha despertado una cascada de reacciones pol¨ªticas. ¡°El catal¨¢n no se toca y la escuela catalana, tampoco. Basta de ataques a la lengua, a la ense?anza y al pa¨ªs entero. No permitiremos que se ponga en riesgo la cohesi¨®n social. Estamos trabajando en el despliegue normativo para reafirmar el modelo de escuela catalana. Basta de politizar la educaci¨®n¡±, ha reaccionado en Twitter. Fuentes pr¨®ximas a Aragon¨¨s han a?adido que su objetivo es exprimir la Ley de Educaci¨®n de Catalu?a para intentar esquivar el cumplimiento estricto de la sentencia en el sentido de que sea cada escuela quien fije sus cuotas ling¨¹¨ªsticas en funci¨®n del entorno social en el que se encuentran. Sin embargo, estas fuentes no aclaran c¨®mo har¨¢n esto sin caer en la desobediencia flagrante.

El sindicato educativo mayoritario, Ustec, ha instado al Departamento de Educaci¨®n a ignorar la sentencia, que tachan de ¡°ideol¨®gica¡± y que ¡°no corresponde a ning¨²n criterio pedag¨®gico¡±. Su portavoz, Iolanda Segura, ha recordado que los resultados acad¨¦micos avalan el buen conocimiento de las dos lenguas oficiales.

Nuevo marco normativo del catal¨¢n

Educaci¨®n ya ve¨ªa venir el carpetazo al periplo judicial por el 25%. Para compensarlo, el consejero Cambray ha recordado este viernes que se ha desplegado un plan ling¨¹¨ªstico, para saber la situaci¨®n del catal¨¢n en las aulas, ya que que algunos centros -principalmente ubicados en los municipios m¨¢s poblados del ¨¢rea metropolitana de Barcelona- ya no aplican estrictamente el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica por el alto porcentaje de poblaci¨®n inmigrante o castellanohablante. De hecho, un informe del Consejo de Evaluaci¨®n del Sistema Educativo indicaba un retroceso en el uso del catal¨¢n por parte de alumnado y profesorado. En este sentido, Cambray ha anunciado que se est¨¢ preparando un nuevo marco normativo ¡°para actualizar el modelo ling¨¹¨ªstico en funci¨®n del modelo actual de innovaci¨®n educativa¡±.

Hace un mes, Educaci¨®n tambi¨¦n anunci¨® la contrataci¨®n de profesores de refuerzo para las aulas afectadas por las sentencias individuales del 25% -actualmente 46-, que se centrar¨¢n en la atenci¨®n en castellano. ¡°Las sentencias afectan la normalidad de los centros y para que los ni?os se vean menos afectados, nosotros ponemos m¨¢s recursos¡±, apuntan desde Educaci¨®n. Esta f¨®rmula permite acatar las sentencias, pero tambi¨¦n dar respuesta a la reivindicaci¨®n de muchas otras familias que defienden el modelo de inmersi¨®n y se quejan de que deba cambiarse por la petici¨®n de una minor¨ªa. El Departamento, de momento, no concreta cu¨¢ntos de estos profesores se contratar¨¢n y cu¨¢ndo se incorporar¨¢n.

Asimismo, a principios de enero, el Govern public¨® una resoluci¨®n para ¡°proteger jur¨ªdicamente¡± los funcionarios del sector educativo. Concretamente, se trata de poner a disposici¨®n del profesorado los servicios de asesoramiento y de defensa jur¨ªdica en caso de que lo necesiten, ya que en algunas ocasiones las direcciones se han convertido el foco de las reclamaciones y se les ha se?alado como responsables de ejecutar las sentencias. ¡°Lo que queremos es proteger por todos los medios a las personas que trabajan en las escuelas ante los ataques ileg¨ªtimos que puedan sufrir¡±, justific¨® entonces la portavoz del Govern, Patr¨ªcia Plaja.

La cuesti¨®n de la lengua vehicular en las escuelas de Catalu?a ha provocado un duro enfrentamiento pol¨ªtico los ¨²ltimos meses. El ¨²ltimo episodio de gran intensidad fue cuando, en diciembre, la justicia dict¨® que en una escuela de Canet de Mar se aplicase ya la cuota del 25% de castellano en la clase de una alumna cuyos padres lo hab¨ªan solicitado. Entonces se gener¨® un movimiento de protesta y los padres de la alumna, as¨ª como diversas asociaciones partidarias del biling¨¹ismo escolar, denunciaron acoso y presiones por parte de los contrarios a ello.

Antes de conocerse el anuncio de hoy del TSJC, Ciudadanos ha presentado una moci¨®n en el Parlament para que inste al Govern a acatar la sentencia, y a dar ¡°los pasos necesarios para aplicarla en todos los centros educativos en el plazo m¨¢s breve posible¡±. En el texto, que ha presentado el diputado Nacho Mart¨ªn Blanco y que se votar¨¢ en el pleno de la semana que viene, piden que se condene ¡°la contumaz inclinaci¨®n del Govern a desacatar las sentencias judiciales que protegen el derecho de todos los alumnos catalanes a recibir al menos el 25% de las horas lectivas en castellano¡±.

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Biling¨¹e, Ana Losada, ha expresado su temor a que el Govern presente un recurso de reposici¨®n a la resoluci¨®n del TSJC, pero ha indicado que le parece ¡°perfecto¡± que el tribunal haya declarado firme la sentencia. Tambi¨¦n ha indicado que, si la Generalitat no aplica la sentencia y el Gobierno central ¡°no le obliga a hacerlo¡±, entonces su asociaci¨®n interpondr¨¢ ¡°una demanda colectiva ante el TSJC para conseguir que se aplique y para la que contamos con el apoyo de 300 familias¡±.

El Parlamento de Catalu?a ya se sum¨® a las voces que llaman a incumplir la sentencia. Los tres grupos independentistas del Parlament (ERC, Junts y la CUP) y En Com¨² Podem sumaron el pasado 16 de diciembre sus votos para rechazar una propuesta del PP que ped¨ªa que en el pr¨®ximo curso se aplicara el mandato judicial de un 25% de horas en castellano. Con todo, en centros como el de Canet de Mar, la resoluci¨®n judicial que le afectaba ha empezado a cumplirse.