El decreto del catal¨¢n saldr¨¢ adelante en el Parlament con el apoyo de los comunes y el rechazo del PSC
Los socialistas alegan que el texto no es ¡°coherente¡± ni est¨¢ en ¡°consonancia¡± con proposici¨®n de ley pactada con los soberanistas
El Parlament podr¨¢ convalidar el decreto ley sobre el catal¨¢n que no contempla impartir el 25% de las horas lectivas de castellano ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con el voto de Esquerra y Junts y de En Com¨² Podem. La direcci¨®n de los comunes ha anunciado esta ma?ana su voto favorable y su sorpresa por la oposici¨®n al texto de los socialistas. La mayor¨ªa en el Parlament est¨¢ fijada en 68 diputados y Esquerra (33) y Junts (32) necesita imperiosamente el respaldo de un tercer grupo para lograr la convalidaci¨®n. Con la CUP rechazando frontalmente el instrumento, al considerar que acaba con la inmersi¨®n, los comunes, al igual que ha ocurrido con los presupuestos, vuelven a ser los aliados del Govern.
J¨¦ssica Albiach, presidenta de En Com¨² Podem, ha justificado su voto a favor apuntando, por un lado, que no dejar¨¢n a la ¡°intemperie jur¨ªdica¡± a las direcciones de los colegios al asumir el Departamento de Educaci¨®n la responsabilidad sobre los proyectos ling¨¹¨ªsticos y, por otro, porque el objetivo es garantizar la plena competencia de los alumnos en las dos lenguas aplicando un modelo basado en criterios pedag¨®gicos y que contemple la realidad socio ling¨¹¨ªstica del entorno. ¡°Y el resto es una anomal¨ªa¡±, ha recalcado. ¡°Legislamos nosotros y no los jueces¡±.
El plazo para aplicar el auto del TSJC ha concluido hoy con la bater¨ªa legal orquestada por el Govern incompleta: por un lado, la proposici¨®n de ley pactada por ERC, Junts, PSC y los comunes, est¨¢ ahora el el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias que tiene hasta el d¨ªa 7 para dar validez a su articulado. Y, por otro, el decreto ley, aunque ya est¨¢ en vigor, a¨²n no est¨¢ convalidado. El delicado consenso sobre el catal¨¢n ha reflejado esta ma?ana las tensiones entre comunes y socialistas. Albiach ha afirmado que el decreto emana de la proposici¨®n de ley y ha esgrimido que es un sinsentido la postura de los socialistas. ¡°No tiene sentido apoyar la ley y no el decreto¡±, ha dicho la diputada reprochando a los socialistas los equilibrios que tuvieron que hacer para apoyar la ley. ¡°Es una excusa para responder a su electorado¡±, ha zanjado.
Los socialistas tienen una visi¨®n opuesta. Alicia Romero, portavoz del PSC, ha afirmado que el decreto no es ¡°coherente¡± ni va en ¡°consonancia¡± con la proposici¨®n de ley al citar que no recoge, al castellano como lengua de ¡°aprendizaje¡± ni tampoco incluye la aplicaci¨®n de los ¡°par¨¢metros num¨¦ricos¡±. ¡°Ya anunciamos que si iban por esa v¨ªa no lo votar¨ªamos¡±, ha recordado Romero que ha se?alado que, por un lado, las sentencias, gusten o no, tienen que cumplirse y que el decreto no resuelve c¨®mo aplicar el auto en los colegios. La ley actualizaba el compromiso del castellano y catal¨¢n en las aulas¡±, ha se?alado la portavoz socialista¡±
Vox y PP han anunciado que impugnar¨¢n el decreto ante el Tribunal Constitucional
La petici¨®n de informe al Consejo de Garant¨ªas Estatutarias la suscribi¨® el PP, Ciudadanos y Vox. Este ¨²ltimo grupo admiti¨® claramente que lo reclam¨® para entorpecer el proceso y hoy mismo ha anunciado que presentar¨¢ un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar el decreto-ley. Tambi¨¦n lo har¨¢ el PP. Toda la bancada de la derecha ha arremetido contra el decreto y han acusado a los socialistas de ser c¨®mplices del Govern. Ciudadanos planea elevar el decreto al Consejo pero su plan dif¨ªcilmente prosperar¨¢ porque se necesitan dos grupos y el PP no est¨¢ considerado como tal al tener solo cuatro diputados. ¡°El decreto es una tomadura de pelo¡±, ha afirmado Nacho Mart¨ªn-Blanco, portavoz de Ciudadanos, que ha anunciado una denuncia en la Fiscal¨ªa contra el Govern por desobediencia. Lorena Rold¨¢n, del PP, cree que el Govern ha prevaricado y que el Gobierno de Pedro S¨¢nchez no est¨¢ haciendo nada para que se cumple la sentencia.
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