La Generalitat argumenta que no aplicar¨¢ la sentencia del 25% de castellano en la escuela por ¡°imposibilidad legal¡±
El Ejecutivo catal¨¢n argumenta que hay un nuevo marco normativo que choca con el porcentaje, recordando jurisprudencia sobre un caso similar

El Departamento de Educaci¨®n de la Generalitat ha enviado este martes por la ma?ana a los centros educativos las instrucciones que, en un primer momento, se esperaba que marcaran el camino sobre c¨®mo aplicar el 25% de castellano en las aulas. Pero finalmente, el documento se ha convertido en unas indicaciones para comprobar si los actuales proyectos ling¨¹¨ªsticos de los centros son v¨¢lidos o no. Eso s¨ª, estos proyectos deber¨¢n incluir el castellano como lengua de ¡°uso curricular y educativo¡±. El Departamento considera que, con el nuevo marco legal establecido con el decreto ley aprobado el lunes, las reglas del juego han cambiado y ya no es necesario aplicar la sentencia, sino la nueva normativa de la Generalitat, que no fija porcentajes. Precisamente ese cambio de marco es el que sustenta la petici¨®n de suspensi¨®n del fallo por la ¡°imposibilidad legal¡± de poder cumplirlo, seg¨²n consta un escrito que la Generalitat ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) tambi¨¦n este martes.
La petici¨®n al TSJC, amparada dentro de los mecanismos de suspensi¨®n e inejecuci¨®n de sentencias de lo contencioso administrativo, explica como en el nuevo decreto ley se establece que no se pueden aplicar ¡°par¨¢metros num¨¦ricos, proporciones o porcentajes en la ense?anza o el uso de lenguas¡±. Y que, descartando esas respuestas de car¨¢cter lineal y homog¨¦neo, ser¨¢ cada centro quien fije su proyecto ling¨¹¨ªstico en virtud de su realidad sociocultural y los resultados de evaluaciones externas y propias para certificar el dominio de ambos idiomas. El escrito del Ejecutivo catal¨¢n defienden que la norma con rango de ley genera ¡°una causa de imposibilidad¡± de ejecuci¨®n del fallo del 25%, pues chocan los dos planteamientos radicalmente opuestos. Los letrados adem¨¢s han buceado en la jurisprudencia hasta encontrar un precedente similar al escenario actual y que esperan sirva para convencer a los magistrados. Es sentencia del Tribunal Supremo de 2006, sobre un caso urban¨ªstico en Navarra. El Supremo sostiene que ¡°no se puede constre?ir¡± la leg¨ªtima opci¨®n del legislador de modificar la regulaci¨®n pues eso conducir¨ªa a ¡°la petrificaci¨®n de cualquier r¨¦gimen normativo tan pronto se hubiera dictado una sentencia aplicando el r¨¦gimen jur¨ªdico precedente¡±.
Ahora ser¨¢ el Tribunal el encargado, en un periodo de tiempo sin determinar, si acepta la petici¨®n de la Generalitat o insiste en que se debe aplicar su mandato del 25% de tiempo lectivo en castellano para as¨ª garantizar la vehicularidad de esa lengua. La petici¨®n, sin embargo, da laraz¨®n al consejero de Educaci¨®n, Josep Gonz¨¤lez-Cambray, que este martes ha rechazado en varias ocasiones en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que haya ¡°desobediencia¡± a la sentencia. ¡°Lo que hacemos es legislar y dar respuesta a la nueva normativa¡± que fija el decreto ley, ha a?adido el consejero, que en ese momento sin embarg¨® no ha explicado si se alegar¨ªa la imposibilidad de aplicar la sentencia o se explicar¨ªa al tribunal que ya se cumpl¨ªa.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), a principios de mayo, dio a la Generalitat un plazo de 15 d¨ªas h¨¢biles para que dictara ¡°las instrucciones y establezca las garant¨ªas de control¡± necesarias, de forma que ¡°todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la ense?anza mediante la utilizaci¨®n vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podr¨¢n ser inferiores al 25% en un caso y el otro¡±. Esto se traducir¨ªa en impartir una materia m¨¢s en castellano, que la Asamblea por la Escuela Biling¨¹e, que promovi¨® la ejecuci¨®n forzosa, intentar¨¢ ahora lograr insistiendo en el TSJC.
El Govern hab¨ªa insistido por activa y por pasiva que no se aplicar¨ªan porcentajes y que se limitar¨ªa a garantizar el normal uso y ense?anza de ambas lenguas. ¡°El aprendizaje de lenguas no va de porcentajes, va de pedagog¨ªa¡±, acostumbra a asegurar Cambray. Y el ¨²ltimo paquete legal emprendido va en este sentido. Ni el decreto ley aprobado este lunes, y que ya ha entrado en vigor, ni la proposici¨®n de ley sobre el uso de las lenguas en la ense?anza ¡ªpendiente de un dictamen del Consejo de Garant¨ªas Estatutarias¡ª recogen la cifra del 25%. Esta ¨²ltima norma establece que el catal¨¢n ser¨¢ la lengua ¡°normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje¡± y que se garantizar¨¢ ¡°la ense?anza y el uso curricular y educativo¡± del castellano.
En cambio, el decreto ley se centra en fijar los criterios que deben cumplir los proyectos ling¨¹¨ªsticos de escuelas e institutos, partiendo del catal¨¢n como lengua vehicular y asegurando el conocimiento y dominio de las dos lenguas cooficiales al final de la ESO. Ese plan debe tener en cuenta la diversidad cultural y ling¨¹¨ªstica del alumnado y que se deber¨¢ modular seg¨²n la etapa educativa, dependiendo del nivel de conocimiento de las lenguas. Esto se determinar¨¢ seg¨²n evaluaciones peri¨®dicas ¡°tanto internas como externas¡±. Seg¨²n el decreto ley, el Departamento debe validar antes de un mes todos los proyectos ling¨¹¨ªsticos de los centros, un trabajo ingente teniendo en cuenta que hay unos 4.500. Y los que sea necesario modificar ¡ªpara lograr un dominio de las dos lenguas cooficiales al final de la ESO¡ª, tendr¨¢n los primeros seis meses del pr¨®ximo curso para hacerlo.
El Departamento buscaba validar todos los proyectos ling¨¹¨ªsticos ¡ªque hasta ahora solo eran aprobados por el consejo escolar de cada centro¡ª para erigirse como responsable ¨²ltimo de estos documentos y proteger as¨ª a los directores de posibles reclamaciones judiciales, y as¨ª consta tambi¨¦n en las instrucciones: ¡°El Departamento de Educaci¨®n asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos ling¨¹¨ªsticos que valida¡±. Y para hacerlo en el menor tiempo posible, ha encontrado una opci¨®n telem¨¢tica: activar un cuestionario de siete preguntas que los directores pueden responder en apenas dos minutos. Si todas las respuestas son positivas, el proyecto queda validado autom¨¢ticamente. Si se responde no en alguna de las preguntas, habr¨¢ que rehacer el proyecto.
Pero las preguntas son suficientemente generales como para permitir que la gran mayor¨ªa de respuestas sean positivas y as¨ª validar r¨¢pidamente los documentos. Por ejemplo, se pregunta si el catal¨¢n es la lengua normalmente usada, si se prev¨¦ el ¡°uso curricular y educativo tanto del catal¨¢n o del castellano¡± o si se evita el uso de porcentajes en el aprendizaje de las lenguas. Cambray ha abundado que el t¨¦rmino ¡°curricular¡± hace referencia a la lengua usada para impartir la clase, mientras el educativo incluye los materiales de soporte que se usan, tanto f¨ªsicos como digitales.
Las instrucciones tambi¨¦n avisan a los profesores que deben cumplir lo que dicta el proyecto y no elegir la lengua en que imparten la clase. ¡°Los docentes y el personal de atenci¨®n educativa no pueden optar por un uso de la lengua diferente del previsto en cada proyecto ling¨¹¨ªstico¡±, fija el texto, que a?ade que los inspectores se encargar¨¢n de hacer un verificar que esto se cumple.
El consejero no ha querido especular sobre el supuesto de que los jueces consideraran que no, ni tampoco sobre la posibilidad que el TSJC acabe interpelando directamente a los directores para que apliquen el 25%. ¡°Si un profesor se encuentra en esta situaci¨®n, lo que debe hacer es comunicarlo al Departamento y nosotros lo acompa?aremos en todo el proceso¡±, se ha limitado a decir.
Sobre los casos particulares que actualmente aplican el 25% de castellano por sentencias individuales anteriores ¡ªque Cambray ha cifrado en 47 alumnos¡ª, el consejero ha avanzado que el objetivo es que estos centros dejen de ejecutar la medida. ¡°Las nuevas normativas nos tienen que servir para no aplicar porcentajes en las aulas¡±, ha asegurado, y seguidamente ha a?adido que los servicios jur¨ªdicos de la Generalitat buscan la forma de hacerlo.
Los directores, tranquilos
Los directores han valorado positivamente las instrucciones recibidas ¡°porque la responsabilidad la asume el Departamento¡±, apunta Joan Cumeras, director del instituto Jaume Sobrequ¨¦s de Girona y miembro de la junta central de directores. Cumeras tambi¨¦n aplaude el hecho que se haya recogido la petici¨®n de los docentes de eliminar cualquier referencia a los porcentajes. ¡°El aprendizaje de las lenguas debe hacerse con criterios pedag¨®gicos y lo que tiene que prevalecer es el conocimiento final de las dos lenguas¡±, a?ade.
Los directores se muestran tambi¨¦n tranquilos ante la posibilidad de que el tribunal les acabe reclamando responsabilidades. ¡°Somos funcionarios y tenemos que acatar las instrucciones que no d¨¦ la Generalitat, nosotros no sabemos de temas legales y confiamos en lo que decida el Govern¡±, apunta Cumeras. ¡°La sentencia no se dirige a nosotros, las direcciones debemos seguir las instrucciones del Departamento, coincide Robert Vel¨¤squez, director del instituto Miquel Crusafont de Sabadell y miembro tambi¨¦n de la junta central.
Tambi¨¦n desde la escuela concertada valoran positivamente las instrucciones y el decreto ley. ¡°Ahora estamos m¨¢s protegidos de lo que est¨¢bamos. Los proyectos ling¨¹¨ªsticos cuentan ahora con una protecci¨®n legal. Si el tribunal acaba dirigi¨¦ndose a un director, este siempre puede alegar que tiene un proyecto validado por ley y que, en todo caso, el tribunal lo que debe hacer es dirigirse a la Generalitat o anular la ley¡±, incide Meritxell Ruiz, secretaria general de Escola Cristiana, la principal patronal de la concertada.
Las siete preguntas para validar los proyectos ling¨¹¨ªsticos
- ¿El proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje?
- ¿El proyecto lingüístico prevé que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado?
- ¿El proyecto lingüístico prevé un uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano?
- ¿El proyecto lingüístico incorpora criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular para determinar la presencia y el tratamiento de las lenguas oficiales?
- ¿El proyecto lingüístico tiene en cuenta la diagnosis de la realidad sociolingüística del centro?
- ¿El proyecto lingüístico tiene en cuenta los resultados de las pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas, en las diferentes etapas educativas?
- ¿El proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?
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