El Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU dictamina que Espa?a ¡°viol¨® los derechos¡± de los l¨ªderes independentistas catalanes

Nuevo rev¨¦s internacional para Espa?a por el procedimiento judicial contra los l¨ªderes del proc¨¦s . Esta vez, en forma de un dictamen publicado este mi¨¦rcoles por el Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU, un organismo de expertos independientes que analiza el cumplimiento de los tratados internacionales. El texto establece que se violaron los derechos pol¨ªticos de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Ra¨¹l Romeva al suspend¨¦rseles su condici¨®n de diputados del Parlament tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017, una medida derivada de que se les enviara a prisi¨®n preventiva por un supuesto delito de rebeli¨®n. El dictamen argumenta que, si bien la suspensi¨®n est¨¢ prevista en la legislaci¨®n espa?ola, su aplicaci¨®n carece de motivos ¡°razonables y objetivos¡±. La retirada de los esca?os, argumenta el texto, ¡°no se llev¨® cabo bajo las garant¨ªas del debido proceso y de imparcialidad¡±. En definitiva, para este organismo, Espa?a ha violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos que suscribi¨® en 1985 y se le insta a que en un plazo de seis meses explique qu¨¦ medidas piensa aplicar para subsanar el da?o.

La decisi¨®n llega despu¨¦s de que en 2018, los l¨ªderes secesionistas presentaran una queja ante el Comit¨¦, que ha terminado por dar por buenos muchos de sus argumentos. La decisi¨®n es trascendente porque le da a los l¨ªderes del proc¨¦s un argumento de peso y certificado por un organismo de prestigio internacional de cara al estudio de los recursos que han presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La decisi¨®n de la justicia europea s¨ª puede implicar consecuencias legales contra Espa?a. Los pol¨ªticos catalanes hab¨ªan alegado que la suspensi¨®n de sus funciones, previa a la existencia de una condena, viola el art¨ªculo 25 de dicho Pacto, que blinda el derecho a ¡°participar en la direcci¨®n de los asuntos p¨²blicos, eligiendo o siendo elegido ¡°sin restricciones indebidas¡± y guarda estrecha relaci¨®n con el derecho a la libre expresi¨®n de reuni¨®n. La situaci¨®n de los exconsejeros ya hab¨ªa sido objeto de denuncia, en 2019, por parte otro organismo de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre la Detenci¨®n Arbitraria, que en su d¨ªa llev¨® al ministro Josep Borrell a criticar la acci¨®n del organismo.

Durante la nueva investigaci¨®n del Comit¨¦ de Naciones Unidas, el Estado espa?ol argument¨® que la suspensi¨®n de los cargos pol¨ªticos es objetiva y est¨¢ justificada en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por un delito de rebeli¨®n que implica detenci¨®n preventiva para cargos p¨²blicos y que por tanto no se le puede calificar de arbitraria. Adem¨¢s pone el ¨¦nfasis en que la separaci¨®n de las decisiones entre la fase de instrucci¨®n y de enjuiciamiento muestra que el sistema es garantista. Los exconsejeros hab¨ªan sido inicialmente acusados por rebeli¨®n pero se les sentenci¨®, entre otros, por sedici¨®n al no quedar demostrado el uso de la violencia. El Comit¨¦, aunque no valora la manera como el juez instructor Pablo Llarena llev¨® la fase de instrucci¨®n del caso, s¨ª deja entrever cierta cr¨ªtica a que se hiciera un relato sobre supuestos actos violentos tanto en el d¨ªa 20 de septiembre [el registro al Departamento de Econom¨ªa] como en el d¨ªa 1 de octubre y que estos se encajaran en ese tipo penal.

Adicionalmente, el dictamen recuerda que la Justicia debe ser especialmente cuidadosa cuando impone medidas restrictivas a los derechos electorales antes de que exista una condena, manteniendo siempre el principio de ¡°previsibilidad¡±, que no ve cumplido. ¡°En las circunstancias del presente caso, una aplicaci¨®n del derecho interno que resulte autom¨¢ticamente en la suspensi¨®n de funciones de oficiales electos, por presuntos delitos sobre la base de hechos p¨²blicos y pac¨ªficos, con anterioridad a la existencia de una condena, precluye un an¨¢lisis individualizado de la proporcionalidad de la medida y no puede por ende considerarse que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos¡±, sintetiza el dictamen.

La decisi¨®n del ¨®rgano, conformado por 17 miembros, no ha sido un¨¢nime. Dos de los representantes han emitido un voto particular y otro, el espa?ol, se ha abstenido de participar. El voto particular cree que no se han violado los derechos pol¨ªticos de los l¨ªderes independentistas y que la medida de suspenderles fue ¡°razonable, necesaria, proporcional e incluso predecible, dadas las complicadas circunstancias a las que se enfrentaban los tribunales dom¨¦sticos¡±. Los demandantes, aseguran ¡°actuaron ilegal e irrespetuosamente ante las decisiones del Tribunal Constitucional. Sus derechos entonces hab¨ªan sido restringidos porque ya hab¨ªan recurrido a v¨ªas ilegales en lugar de las constitucionales para cambiar la Constituci¨®n¡±.

J¨²bilo en el independentismo

El independentismo ha acogido el dictamen como una nueva victoria internacional. El president Pere Aragon¨¨s, que est¨¢ este mi¨¦rcoles en Ginebra, ha afirmado que el informe ha dejado al descubierto la ¡°arbitrariedad¡± de la justicia espa?ola y ¡°a ojos del mundo las verg¨¹enzas del Estado¡±. Los cuatro exl¨ªderes del proc¨¦s han celebrado la decisi¨®n. El expresident Carles Puigdemont ha aludido a que el dictamen es ¡°otra bofetada¡± al Estado mientras Junqueras y Ra¨¹l Romeva han afirmado que debe impulsar al Gobierno a promover la amnist¨ªa que reclama el soberanismo.

El independentismo est¨¢ pendiente de decisiones judiciales de calado a nivel internacional. En Junts esperan que el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) se pronuncie en septiembre sobre la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tambi¨¦n tiene que posicionarse sobre los recursos presentados por los exconsejeros condenados e indultados posteriormente por el Gobierno.

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