Torrent esgrime la inviolabilidad parlamentaria para frenar su juicio por desobediencia

El expresidente del Parlament Roger Torrent y los otros tres miembros de la Mesa juzgados por desobediencia han invocado este mi¨¦rcoles la ¡°inviolabilidad parlamentaria¡± para evitar que siga adelante el juicio contra ellos. Los cuatro acusados creen que est¨¢ en juego el respeto a la separaci¨®n de poderes y han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que suspenda la vista en la primera jornada del juicio en el que afrontan penas de inhabilitaci¨®n.

Los magistrados decidir¨¢n este jueves, pero la primera batalla por la suspensi¨®n ya la hab¨ªan perdido a primera hora de la ma?ana. La Fiscal¨ªa y las defensas hab¨ªan solicitado aplazar la vista oral para dar tiempo a que se resuelva la petici¨®n, formulada por la fiscal, de revocar la recusaci¨®n del magistrado Carlos Ramos. El juez iba a ser unos de los componentes del tribunal, pero fue apartado del caso el pasado agosto por sospechas de parcialidad. El mes anterior hab¨ªa sido recusado, por las mismas razones, el magistrado Jes¨²s Mar¨ªa Barrientos, presidente del TSJC.

El presidente del tribunal, Carlos Mir, ha rechazado la petici¨®n y ha ordenado que el juicio siga adelante: ¡±Tenemos la obligaci¨®n de celebrar el juicio. No se puede poner ning¨²n recurso contra esa decisi¨®n¡±. El magistrado ha razonado que, ¡°con el tiempo que hace que se sabe que el juicio se deb¨ªa celebrar¡±, entre el 5 y el 7 de octubre, la sala tiene ¡°la obligaci¨®n¡± de llevarlo a cabo, porque, ha a?adido ¡°no tiene sentido dilatar y que no se acabe nunca¡±.

La petici¨®n sobre la inviolabilidad ser¨¢ resuelta este jueves. El abogado de Torrent, Andreu Van den Eynde, ha advertido de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ¡°tolerar¨¢¡± que este suceso se trate como un delito si el juicio contin¨²a. Y ha acusado a la Fiscal¨ªa de pretender ¡°la desaparici¨®n¡± de la prerrogativa que protege a los diputados y que, en su opini¨®n, es b¨¢sica para garantizar la separaci¨®n de poderes. La Fiscal¨ªa ha avanzado que rechaza ese argumento. Ha recordado que a los acusados no se les juzga ¡°por emitir su voto ni opinar en materia pol¨ªtica¡±, sino por permitir la tramitaci¨®n y posterior aprobaci¨®n de resoluciones ¡°contrarias a la legalidad constitucional¡±.

El ¡°bulo¡± de la desjudicializaci¨®n

El fiscal Jos¨¦ Joaqu¨ªn P¨¦rez de Gregorio sugiere que las defensas han demostrado ¡°una intenci¨®n clara de que este juicio no arranque¡±. Tambi¨¦n ha se?alado que es un ¡°bulo¡± que este procedimiento judicial forme parte de la mesa de negociaci¨®n entre el Gobierno central y la Generalitat. ¡°Eso que se est¨¢ llamando la desjudicializaci¨®n de la pol¨ªtica catalana y en la que se pretende el archivo de todos los procedimientos penales pendientes contra pol¨ªticos catalanes¡±, ha concretado el fiscal.

Los cuatro acusados -Adriana Delgado, Eusebi Campdepadr¨®s, Josep Costa y Torrent- llegaron media hora antes de arrancar la sesi¨®n, a las 9:30 horas, arropados por un centenar de personas frente al Palacio de Justicia de Barcelona. Entre los dirigentes que han mostrado su solidaridad con los miembros de la mesa del Parlament estaban miembros del Govern como la consejera de Justicia, Lourdes Ciur¨®, o la titular de Presid¨¨ncia, Laura Vilagr¨¤. Representantes de los dos partidos que sustentan el Govern -sumido ahora en una grave crisis que amenaza con su ruptura- tambi¨¦n han asistido, como Laura Borr¨¤s (Junts) o el exvicepresidente Oriol Junqueras (Esquerra). El diputado de la CUP Carles Riera y representantes de ?mnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC).

El Tribunal Constitucional advirti¨® en 2019 a los pol¨ªticos independentistas, entonces miembros de la Mesa, que no pod¨ªan tramitar dos resoluciones parlamentarias, una a favor de la autodeterminaci¨®n y otra de reprobaci¨®n de la monarqu¨ªa, que la c¨¢mara acab¨® aprobando ante la publicaci¨®n de la sentencia del proc¨¦s. El ministerio p¨²blico pide un a?o y ocho meses de inhabilitaci¨®n a Torrent, Eusebi Campdepadr¨®s (JxC) y Josep Costa (ERC), adem¨¢s de una multa de 30.000 euros. Para Adriana Delgado (ERC) solicita una pena menor ya que solo particip¨® en una de las tramitaciones (16 meses de inhabilitaci¨®n y 24.000 euros de multa). Costa, Delgado y Campdepadr¨®s, que ya no son diputados ni aforados como Torrent, han solicitado que su caso lo gestiona un juez ordinario y no el alto tribunal catal¨¢n.

Antes de entrar, Torrent ha declarado que defender¨¢ ante el juez ¡°la protecci¨®n de los derechos fundamentales y del parlamentarismo¡± y que le ampara el derecho a la libertad de expresi¨®n, a?adiendo que esta causa forma parte ¡°de la persecuci¨®n del movimiento independentista¡±. Poco despu¨¦s, el presidente catal¨¢n, Pere Aragon¨¨s, ha manifestado su apoyo desde el pleno del Parlament: ¡°Est¨¢n siendo juzgados por haber permitido un debate parlamentario¡±.

Josep Costa, que amenazaba con alterar el proceso penal si no acud¨ªa al juzgado, como hizo en septiembre de 2021, ha llegado con su toga de abogado para defenderse a s¨ª mismo. Ya hab¨ªa anunciado en redes sociales que se propon¨ªa desmontar este juicio que califica como ¡°un simulacro¡±. A lo largo de su defensa, de m¨¢s de media hora, Costa ha denunciado que el tribunal no tiene jurisdicci¨®n porque, sostiene, ha sido elegido por el primer juez apartado del caso. Por ello, ha presentado un recurso al contencioso-administrativo. Tambi¨¦n ha se?alado que Vox no est¨¢ legitimado para presentarse como acusaci¨®n particular en el proceso judicial.

Hace dos a?os, el TSJC conden¨® a 20 meses de inhabilitaci¨®n a cuatro diputados de la Mesa por permitir la tramitaci¨®n de las resoluciones que derivaron en el refer¨¦ndum ilegal de 2017 y la DUI. La sentencia de ese juicio establec¨ªa que la inviolabilidad parlamentaria ¡°no extiende su protecci¨®n a actos intencionados de rechazo de las decisiones del Tribunal Constitucional¡±.

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