Catalu?a afronta el invierno de la crisis energ¨¦tica con solo 42 contadores sociales de luz

Tras un inicio de oto?o m¨¢s c¨¢lido de lo normal, el fr¨ªo ya ha llegado a Catalu?a. Y con ¨¦l llega el temor sobre qu¨¦ impacto puede tener este invierno la crisis energ¨¦tica por el contexto de subida de precios en las facturas de la luz y del gas. Catalu?a cuenta con varios instrumentos para hacer frente a la pobreza energ¨¦tica ¡ªque, seg¨²n la encuesta de las condiciones de vida del Idescat, afecta a un 15,9% de los catalanes que en 2021 no se pudo permitir mantener su casa a una temperatura adecuada, un porcentaje que las entidades pronostican que ha escalado este a?o¡ª, pero mientras algunos se van desbloqueando, otros a¨²n tienen una efectividad muy d¨¦bil. Este mi¨¦rcoles, el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha explicado en el Parlament que las administraciones y Endesa asumir¨¢n conjuntamente en los pr¨®ximos d¨ªas la deuda generada en 2021 en las facturas por parte de 41.000 familias con dificultades, un monto que asciende a los 17,9 millones de euros. Esta condonaci¨®n se hace en virtud del convenio que firmaron las administraciones con Endesa en marzo de 2021, un acuerdo que inclu¨ªa otro punto, seg¨²n el cual las familias vulnerables que viven en viviendas ocupadas pueden solicitar un contador social, para evitar que pinchen la luz. Pese a que existe este mecanismo, solo hay instalados 42 de estos contadores.

Catalu?a cuenta con una legislaci¨®n m¨¢s avanzada que otras comunidades en materia de protecci¨®n de las familias frente a la pobreza energ¨¦tica, pero su despliegue ha sido lento y costoso. La ley 24/2015, impulsada hace siete a?os por las entidades sociales, act¨²a en varias direcciones con respecto a la energ¨ªa, siendo una de las m¨¢s importantes el hecho de que proh¨ªbe a las empresas cortar la luz, el gas o el agua a las familias que tengan un certificado de vulnerabilidad de los servicios sociales. ¡°Afrontamos el invierno con una normativa bastante consolidada en este sentido¡±, explica Josep Babot, uno de los portavoces de la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE). En su opini¨®n, el problema ha sido hasta ahora la deuda que generaban las familias al no poder pagar las facturas. En base a la ley, en marzo de 2021 se firm¨® el acuerdo con Endesa (que tiene el 65% del mercado energ¨¦tico catal¨¢n y el grueso de las familias vulnerables) en el que la energ¨¦tica asum¨ªa toda la deuda generada por familias con dificultades entre 2015 y 2019, y el 50% de la deuda generada a partir de entonces, quedando el otro 50% a cargo de las administraciones.

Los 17,9 millones de euros de deuda contra¨ªda por familias vulnerables en 2021 representan el doble de la que contrajeron en 2019 y 2020, y pese a que Campuzano ha explicado que se asumir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas, est¨¢ por ver c¨®mo se repartir¨¢ la mitad que tienen que condonar las administraciones (es decir, c¨®mo queda el acuerdo entre la Generalitat y los Ayuntamientos). El compromiso para condonar la deuda de 2021 ya viene de la anterior consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, mientras que a lo largo del primer trimestre del pr¨®ximo a?o se conocer¨¢ la cifra de deuda contra¨ªda por las familias en 2022. ¡°El n¨²mero de familias y tambi¨¦n las cantidades debidas seguramente subir¨¢n, porque los precios de la energ¨ªa han subido¡±, dice Babot.

El portavoz de la APE explica que, gracias a estos mecanismos, las familias vulnerables que viven de forma regulada (con contrato de alquiler) no acostumbran a acudir a pr¨¢cticas como pinchar la luz. Algo que s¨ª puede ocurrir en los casos de familias que ocupen viviendas. En el convenio, Endesa se comprometi¨® a instalar contadores sociales de luz en estos pisos (con los que se evita que pinchen la luz y se calcula el consumo aunque sea para generar deuda), siempre que se acredite la vulnerabilidad de la familia, se aporte el padr¨®n, y que se certifique que la red el¨¦ctrica est¨¢ en condiciones. Seg¨²n los datos de Endesa, hay instalados 42 contadores temporales. Ocho de ellos est¨¢n en Sallent, siete en Santa Eul¨¤lia de Ron?ana, siete en Lloret de Mar, tres en Blanes, tres m¨¢s en Sant Feliu de Gu¨ªxols, mientras que otras 14 poblaciones solo tienen uno. Barcelona no tiene ninguno y en la lista solo hay un municipio metropolitano, Sant Feliu de Llobregat, que tiene un contador. ¡°Es una cifra rid¨ªcula, porque sabemos cu¨¢l es la magnitud de esta problem¨¢tica, y es que las familias, sin un contador social, tienen que escoger entre vivir a oscuras o pinchar la luz. La medida est¨¢ dirigida a asegurar la dignidad de la familia pero tambi¨¦n la seguridad, para que no haya incendios como los del a?o pasado¡±, se?ala Babot. Entre las causas de su baja implementaci¨®n est¨¢ la negativa de los Ayuntamientos a entregar un documento que, seg¨²n la APE, pide Endesa, y que servir¨ªa para indicar que la solicitud del contador social viene del Ayuntamiento. ¡°El convenio dice que la solicitud tiene que venir de la familia siempre que cumpla los requisitos¡±, explica Babot. Por su parte, Endesa explica que est¨¢ trabajando en una campa?a para promover el bono social, que tienen ya 107.700 familias con la energ¨¦tica (9.800 m¨¢s que a finales de 2021).

Desde el colectivo de los bomberos de la Generalitat, Antonio del R¨ªo (UGT), alerta de que con la llegada del invierno aumentar¨¢n los incendios en domicilios, como ha ocurrido en los ¨²ltimos a?os. En Barcelona, apunta, hay protocolos para detectar situaciones de peligro, pero los bomberos de la Generalitat llevan desde 2015 alertando de que la pobreza mata y piden que, como observadores privilegiados, adem¨¢s de dejar constancia en sus informes de que la pobreza energ¨¦tica est¨¢ vinculada a los fuegos, las alertas lleguen a servicios sociales u otros departamentos. El Departamento de Interior de la Generalitat argumenta que ¡°los informes de los bomberos son t¨¦cnicos y determinan factores de origen posible, propagaci¨®n y evoluci¨®n¡± y que otra informaci¨®n ¡°de car¨¢cter cualitativo, como las circunstancias de los residentes, debe valorarse desde otras ¨¢reas¡±. Del R¨ªo concreta que la pobreza energ¨¦tica genera ¡°riesgos el¨¦ctricos como consecuencia de instalaciones defectuosas, tomas sin protecciones, sobrecargas de instalaciones, adem¨¢s de los riesgos que conlleva la utilizaci¨®n de braseros y estufas improvisadas de le?a y gas¡±. ¡°En mi vida hab¨ªa olido tanto a le?a¡±, dice y admite que parte de las chimeneas pueden ser de personas con rentas medias que este a?o las encienden para ahorrar, pero tambi¨¦n de familias sin recursos que se calientan con lo que encuentran¡±. Con la inflaci¨®n, a?ade, ¡°todo se agrava¡±, ¡°cada vez hay m¨¢s asentamientos, m¨¢s bolsas de pobreza en las ciudades y gente mayor muriendo en soledad, calent¨¢ndose como pueden o sin calentarse porque quedan fuera de los circuitos de asistencia¡±. Carles Sagu¨¦s, de la plataforma Sant Roc Som Badalona, se?ala que, adem¨¢s de los incendios, en barrios con altos ¨ªndices de vulnerabilidad se producen muchos cortes de luz. Como ha ocurrido en los ¨²ltimos a?os en Sant Roc, donde la suma de luz pinchada e instalaciones obsoletas provoca constantes sobrecargas. A veces hay incendios, pero en otras ocasiones, para evitarlo, los vecinos ¡°lo apagan todo¡± y se quedan sin poderse calentar.

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