El PP y la desvirtuaci¨®n de la Constituci¨®n

?Por qu¨¦ ha ido tan lejos el PP en su batalla para evitar la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? ?Por qu¨¦ sus dirigentes han preferido provocar una crisis institucional antes que aceptar el ritmo legalmente reglado de la renovaci¨®n de ambos organismos?

Hay una primera respuesta, inevitable cuando se tiene en cuenta que el propio PP est¨¢ pendiente de que los tribunales resuelvan sobre numerosos de casos de corrupci¨®n protagonizados por afiliados y dirigentes del partido conservador. Hay ah¨ª una causa probable para que un partido en estas circunstancias est¨¦ interesado en tener la m¨¢xima influencia posible en el aparato judicial.

Pero, por plausible que sea, cuesta aceptar que esa explicaci¨®n sea suficiente. Porque el estropicio es muy grande; el da?o, de muy dif¨ªcil reparaci¨®n y no ata?e solo al partido sino al modelo constitucional. Los expertos estiman que esa batalla partidista ha provocado una p¨¦rdida de autoridad, respetabilidad y prestigio en un Tribunal Constitucional que los ten¨ªa ya muy erosionados desde 2010. Acusan al PP de querer convertirlo en una tercera c¨¢mara pol¨ªtica para poder conseguir en ella lo perdido en las otras dos, el Congreso y el Senado. Y de aspirar a mantener indefinidamente un sesgo conservador en la Justicia espa?ola, en particular en sus m¨¢s altas instancias.

Para hallar una explicaci¨®n suficiente a ese empe?o hay que remontarse precisamente al empate entre conservadores y progresistas que caracteriz¨® el debate constitucional. Una de las consecuencias de ese empate fue el car¨¢cter abierto de la Constituci¨®n resultante. El pacto constitucional resolv¨ªa muchos problemas y algunos de los que no resolv¨ªa del todo, los remit¨ªa al futuro. Singularmente, dej¨® para el futuro todo lo relativo a la articulaci¨®n del modelo de estado auton¨®mico. Los conservadores de la ¨¦poca estaban tan en contra del estado de las autonom¨ªas que no votaron a favor del T¨ªtulo de la Constituci¨®n que lo crea.

El modelo de los conservadores era el estado centralizado y centralista, que era el que ven¨ªan gobernando desde 1939. En 1978 se vieron forzados a aceptar una nueva estructuraci¨®n del Estado, promovida por los autonomistas y los progresistas, pero desde el primer momento emprendieron la pugna para mantener la primac¨ªa y la fuerza del poder central. El futuro al que en 1978 se remiti¨® la configuraci¨®n y el control del modelo auton¨®mico result¨® que no solo lo decid¨ªan los sucesivos gobiernos de Espa?a y de las comunidades aut¨®nomas, las Cortes Generales y los parlamentos aut¨®nomos, sino el Tribunal Constitucional. Pero lo que inicialmente fue concebido como un Tribunal de alto prestigio profesional como garant¨ªa de imparcialidad ha terminado siendo una c¨¢mara pol¨ªtica con dos bandos, uno progresista y otro conservador. Y ha sido este, el conservador, y no los autonomistas, el que ha determinado que todo el poder est¨¢ en la Administraci¨®n central y ha reducido la autonom¨ªa al ejercicio de solo lo que aquella le permita. Es decir, un poder residual. La desvirtuaci¨®n del proyecto inicial.

Los problemas y la insatisfacci¨®n pol¨ªtica provocados por esa deriva llevaron a Catalu?a a reformar su Estatuto de Autonom¨ªa en 2006, pero a instancias del PP el Tribunal Constitucional invalid¨® el intento en 2010, en aspectos tan sensibles y esenciales como, por ejemplo, la consideraci¨®n y uso de la lengua catalana. Desde entonces, el Tribunal Constitucional es considerado por los catalanistas como una mera extensi¨®n del centralismo del PP. De hecho, para el PP es la salvaguarda de su modelo, no solo en lo relativo al Estado Auton¨®mico, sino en todo. Desde la regulaci¨®n del derecho al aborto hasta el modelo educativo y la ¨²ltima reforma laboral. Por eso se ha resistido durante nada menos que cuatro a?os a perder la mayor¨ªa que hab¨ªa logrado tener en ¨¦l, aunque fuera al precio de deslegitimarlo y destruir todo viso de imparcialidad.

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