La transferencia de culpas del PP

Hay que o¨ªr, e incluso ver, con qu¨¦ fruici¨®n y con qu¨¦ despectivo ¨¦nfasis se deleitan los dirigentes del PP cuando se refieren como delincuentes a los pol¨ªticos catalanes condenados por la revuelta de octubre de 2017. Delincuentes, una y otra vez. A menudo, el insulto se adorna con la imagen de la huida a Francia en el maletero de un coche, para asimilar la escena a una persecuci¨®n de g¨¢nsteres por la polic¨ªa.

La condena judicial del grueso de la c¨²pula independentista de 2017 es del a?o 2019, pero la querencia del PP por asimilarles a la delincuencia com¨²n viene de antes. Fue en realidad la primera respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy cuando, a partir de 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, de CiU, asumi¨® el programa de los independentistas de ERC y la CUP.

La semana pasada se revelaron nuevos y contundentes detalles ratificando que fue entonces, cinco a?os antes de la revuelta de 2017, cuando Rajoy y su ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, lanzaron una campa?a de guerra sucia contra los dirigentes de Converg¨¨ncia atribuy¨¦ndoles delitos comunes como fuga de capitales y evasi¨®n fiscal, mediante la fabricaci¨®n y difusi¨®n de documentos falsos por un grupo de funcionarios, conocido como polic¨ªa patri¨®tica. Los objetivos fueron en aquel momento Jordi Pujol, Artur Mas y Xavier Trias. Se trataba de desacreditarles, de hundirles en el barro de los delitos econ¨®micos y as¨ª echarlos de la escena pol¨ªtica y descabezar de un tajo el movimiento independentista.

Esta fue la primera andanada del PP con este m¨¦todo. La segunda se produjo con la modificaci¨®n de leyes vigentes para convertir en delito actuaciones anunciadas por los dirigentes independentistas. Por ejemplo, la desobediencia al Tribunal Constitucional. Exasperados ante la ausencia total de expectativas de negociaci¨®n, los soberanistas se hab¨ªan lanzado a desbordar los l¨ªmites legales de las funciones de un parlamento aut¨®nomo.

As¨ª se fue creando la confusi¨®n en que se ha basado el PP para descalificar la protesta pol¨ªtica por el recorte del Estatut como la execrable actuaci¨®n de unos delincuentes. Lo que al mismo tiempo suced¨ªa, sin embargo, era que el recurso a los manejos fraudulentos de la polic¨ªa patri¨®tica convert¨ªa al Ministerio del Interior y al Gobierno en protagonistas de una flagrante vulneraci¨®n y desborde de la legalidad. Lo mismo que atribu¨ªan a sus adversarios.

Para colmo de confusi¨®n, todo ello suced¨ªa en un contexto en el que numerosos cargos p¨²blicos del PP y la propia direcci¨®n del partido conservador eran investigados, juzgados y comenzaban a ser condenados por numerosos delitos de corrupci¨®n econ¨®mica. Exministros, expresidentes de comunidades aut¨®nomas, exalcaldes, exdiputados y altos cargos del partido iban a parar a la c¨¢rcel hasta provocar en 2018 la ca¨ªda de Rajoy y su Gobierno.

La operaci¨®n de tratar a los independentistas como meros delincuentes se convirti¨® as¨ª para el PP en una transferencia de culpa en la que sus dirigentes no cesan de porfiar. Librarse de sus culpas carg¨¢ndoselas a sus adversarios. De ah¨ª viene tambi¨¦n la intensidad con la que rechazan la amnist¨ªa que se tramita en el parlamento. Se trata de negar una vez m¨¢s el car¨¢cter pol¨ªtico del conflicto catal¨¢n. No fuera que alguien fuera a creer que los delincuentes son solo los de los casos G¨¹rtel, Kitchen, Taula, Palma Arena¡­ Y los que quedan por juzgar.

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