Amnist¨ªa sin consenso
Alianza Popular se abstuvo en la votaci¨®n de la medida de gracia de 1977 pero, aun as¨ª, aquella ley fue aprobada por ampl¨ªsima mayor¨ªa, justo lo que la Comisi¨®n de Venecia echa en falta en el proyecto actual
La derecha espa?ola siempre ha sido reticente a las amnist¨ªas. En plena Transici¨®n, en 1977, Alianza Popular, precursora del PP, se abstuvo en la votaci¨®n de la ley. Para Antonio Carro, exministro de Franco y diputado electo de la formaci¨®n liderada por Manuel Fraga, sacar a los presos de las c¨¢rceles supon¨ªa una suerte de ¡°toma de La Bastilla¡±. ¡°Daban por hecho que el Estado franquista era de derecho y la amnist¨ªa lo pon¨ªa en cuesti¨®n¡±, explica Carme Molinero, historiadora y autora de una amplia bibliograf¨ªa del periodo de la dictadura. ¡°Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores¡±, sentenciaba Carro desde la tribuna de oradores. La ley pas¨® con 296 votos a favor, dos en contra y 18 abstenciones, un amplio consenso que es justamente lo que la Comisi¨®n de Venecia echa en falta en el actual proyecto pactado entre el Gobierno de Pedro S¨¢nchez y los partidos independentistas catalanes. Si los pron¨®sticos no fallan, esta amnist¨ªa ser¨¢ aprobada por 178 votos a favor y 172 en contra.
¡°Aquella amnist¨ªa de 1977 no ten¨ªa marco constitucional al que obedecer y fue una iniciativa parlamentaria, no de gobierno como la actual¡±, afirma Ricard Vinyes, historiador, excomisionado de Programas de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona, expresidente de la comisi¨®n redactora del Instituto de Memoria del Pa¨ªs Vasco y miembro de la comisi¨®n sobre el Valle de los Ca¨ªdos. ¡°Durante la Transici¨®n exist¨ªa una dimensi¨®n cultural muy importante entre una parte de la derecha y toda la izquierda que apuntaba a la necesidad de cambio¡±, a?ade Vinyes. ¡°Era, como dec¨ªa Manuel V¨¢zquez Montalb¨¢n, una suma de debilidades para construir una democracia completa¡±, sostiene Molinero. Esa cultura pol¨ªtica parece ahora completamente enterrada.
La ley de amnist¨ªa de 1977 ven¨ªa precedida de dos decretos ¡ªde 1975 y 1976¡ª que indultaron a los presos pol¨ªticos sin delitos de sangre. ¡°Por parad¨®jico que resulte, la amnist¨ªa de 1977 no tiene pr¨®logo, frente a los indultos de 1976, que s¨ª tienen una excelente introducci¨®n¡±, afirma Vinyes. Europa es tierra de larga tradici¨®n en amnist¨ªas, subraya el historiador, que cita el Edicto de Nantes (1598) como ejemplo, ya que prohib¨ªa hacer memoria de lo ocurrido durante las guerras de religi¨®n. Lo firm¨® Enrique IV, que cambi¨® de hugonote a cat¨®lico durante los conflictos. ¡°Las amnist¨ªas tienen algo de olvido y algo de ley de punto final¡±, asegura el experto en asuntos de memoria hist¨®rica. De hecho, la de 1977, aunque se considere una victoria de la izquierda, en la pr¨¢ctica tambi¨¦n blind¨® ¡°los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden p¨²blico con motivo u ocasi¨®n de la investigaci¨®n y persecuci¨®n de los actos incluidos en esta ley¡±, tal y como se afirma en el art¨ªculo segundo. Por lo tanto, favoreci¨® tambi¨¦n a la derecha.
Esa tabla rasa ha pesado siempre sobre la pol¨ªtica espa?ola. En 1986 el PSOE quiso vertebrar un pacto de olvido con motivo del 50? aniversario del inicio de la Guerra Civil, recuerda Molinero. Pero la ca¨ªda de las dictaduras militares de Chile y Argentina reabri¨® el debate sobre la memoria hist¨®rica en un pa¨ªs en el que la derecha ha evitado condenar expl¨ªcitamente el franquismo, agrega la historiadora.
De hecho, la amnist¨ªa de 1977, aprobada durante el periodo constituyente, pill¨® en la c¨¢rcel apenas a un centenar de presos relacionados la mayor¨ªa con delitos de sangre y b¨¢sicamente integrantes del FRAP o anarquistas. El Gobierno de Adolfo Su¨¢rez hab¨ªa negociado con ETA el extra?amiento ¡ªenv¨ªo a terceros pa¨ªses, principalmente B¨¦lgica¡ª de la gran mayor¨ªa de encarcelados de la organizaci¨®n. Con esa medida se trataba de evitar la alta abstenci¨®n que se preve¨ªa para los comicios del 15 de junio de 1977 en el Pa¨ªs Vasco.
Eran a?os convulsos, lejos de la imagen de una transici¨®n mod¨¦lica y ordenada. Si las ¨²ltimas ejecuciones del franquismo de cinco miembros de ETA y el FRAP fueron el 27 de septiembre de 1975 ¡ªcuando el dictador agonizaba¡ª, despu¨¦s de dos grandes indultos, el 24 de enero de 1977 se produjeron los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha. Tampoco hay que olvidar la violenta represi¨®n de las manifestaciones pro amnist¨ªa en toda Espa?a y singularmente en Euskadi, donde en 1977 la polic¨ªa mat¨® a siete personas en una semana.
La aplicaci¨®n de amnist¨ªas e indultos no siempre es f¨¢cil. Tiene sus complejidades. Carles Vallejo, presidente de la Asociaci¨®n Catalana de Personas ex Presas Pol¨ªticas del Franquismo, recuerda la peripecia que vivi¨® mediados los a?os ochenta en comisar¨ªa: ¡°Acud¨ª a denunciar el intento de robo de mi coche, al que le hab¨ªan roto una ventanilla; y al llegar a las dependencias policiales fui detenido durante seis horas hasta que se aclar¨® la situaci¨®n¡±. ¡°El motivo era una orden de b¨²squeda y captura que todav¨ªa figuraba en mi expediente¡±, recuerda.
Vallejo hab¨ªa sido detenido por primera vez en diciembre de 1970, durante la campa?a contra el Consejo de Guerra de Burgos, en el que se juzgaba a miembros de ETA que hab¨ªan acabado con la vida del comisario Melit¨®n Manzanas, conocido por sus brutales interrogatorios. En la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Barcelona fue torturado durante 20 d¨ªas. En 1971 fue nuevamente detenido por participar en la organizaci¨®n clandestina de CC OO que dirig¨ªa la lucha sindical en la f¨¢brica de Seat en la Zona Franca de Barcelona. Tras la nueva detenci¨®n, escap¨® a Francia mientras esperaba juicio. Fue declarado pr¨®fugo y en Italia obtuvo el estatuto de refugiado. Regres¨® a Espa?a en 1976, pues fue indultado como Marcelino Camacho cuando el Rey relev¨® a Franco en la jefatura del Estado, a finales de 1975.
¡°La diferencia entre la amnist¨ªa de 1977 y la de ahora es que aquella era para pasar de la dictadura a la democracia y la actual permite restablecer el clima de convivencia en Catalu?a¡±, afirma Vallejo, muy preocupado por las visiones conservadoras de la justicia que asocian la protesta de los movimientos sociales al terrorismo.
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