La revuelta de los funcionarios revela una pugna por el modelo penitenciario en Catalu?a

Un nombre propio recorre la crisis abierta en las prisiones catalanas por la muerte, el pasado 13 de marzo, de una trabajadora a manos de un preso, un hecho in¨¦dito en la historia reciente de Espa?a: Amand Calder¨® Monfort. Los sindicatos exigen la dimisi¨®n del n¨²mero dos del Departamento de Justicia como condici¨®n para sentarse a negociar y poner fin a unas movilizaciones que en la ¨²ltima semana han provocado el confinamiento de miles de presos en sus celdas y que, de seguir adelante, amenazan con quebrar la fr¨¢gil paz de las c¨¢rceles. La Generalitat, en cambio, respalda a Calder¨®, el alto cargo con m¨¢s experiencia en la materia y ¡°el mejor profesional para resolver esta crisis¡±, en palabras de la consejera Gemma Ubasart. En Catalu?a hay 8.021 reclusos en los nueve centros penitenciarios de la comunidad, seg¨²n la estad¨ªstica oficial de enero, ¨²ltima disponible.

La defensa numantina de Calder¨® no tiene que ver tanto con la conveniencia de mantenerlo en el cargo a toda costa (tiene 65 a?os y las elecciones anticipadas en Catalu?a est¨¢n a la vuelta de la esquina) como con la necesidad de respaldar a un profesional que encarna como nadie el modelo penitenciario catal¨¢n, diferenciado del que ha imperado hasta hace unos a?os en el conjunto de Espa?a. Dejarlo caer ahora ser¨ªa casi como aceptar una enmienda a una forma de ver el sistema penitenciario que, desde que la Generalitat asumi¨® las competencias hace justo 40 a?os, pone el acento en la rehabilitaci¨®n y la reinserci¨®n social de los presos. Un modelo, por otra parte, al que se han acercado tanto el Ministerio del Interior, desde que Pedro S¨¢nchez lleg¨® a la presidencia, como el Gobierno vasco, que asumi¨® la competencias en octubre de 2021, con una apuesta decidida por aumentar el n¨²mero de reclusos que cumplen sus condenas en tercer grado o semilibertad.

En el trasfondo de las protestas de estos d¨ªas subyace una pugna, que tambi¨¦n es ideol¨®gica, por la vigencia de ese modelo, sus l¨ªmites y su aplicaci¨®n. Los funcionarios creen que se ha llevado demasiado lejos. Las instrucciones, circulares y protocolos aprobados en los ¨²ltimos a?os por Calder¨® y su equipo, dicen, han mermado su autoridad y les han despojado de medios para afrontar situaciones violentas. ¡°Adem¨¢s de la falta de personal, nuestro gran problema son las pol¨ªticas del buenismo. Ahora todos los presos han de ser felices y estar contentos. Pero una c¨¢rcel no es un colegio, debe haber disciplina. Si una falta de respeto no es corregida, se hace m¨¢s grande, y del insulto se pasa a la agresi¨®n¡±, denuncia Francina, funcionaria de vigilancia de Mas d¡¯Enric, la c¨¢rcel de Tarragona donde Nuria L¨®pez, jefa de cocina, fue apu?alada mortalmente el 13 de marzo por un interno que cumpl¨ªa condena por el asesinato, tambi¨¦n con arma blanca, de una prostituta.

La muerte de Nuria es, para muchos de los funcionarios que estos d¨ªas se est¨¢n movilizando (al margen, incluso, de los sindicatos tradicionales), el corolario de esa escalada. ¡°Hay pol¨ªticas concretas que han sido nefastas y que han conducido a este asesinato¡±, denuncia Sandra, que forma parte del equipo de tratamiento de la c¨¢rcel de Lledoners (Barcelona), donde permanecieron los l¨ªderes independentistas condenados por el proc¨¦s. ¡°No estamos en contra del modelo, que a temporadas ha funcionado, pero s¨ª de una serie de decisiones que han disminuido la seguridad y han pervertido las normas reglamentarias¡±, agrega.

La Constituci¨®n establece que las penas privativas de libertad deben estar orientadas ¡°hacia la reeducaci¨®n y la reinserci¨®n social¡±. La ley penitenciaria espa?ola, de 1979, subraya que ese es su fin primordial, pero agrega que las instituciones penitenciarias tambi¨¦n tienen como fin ¡°la retenci¨®n y custodia¡± de los presos. Sandra, que es jurista y crimin¨®loga, cree que Catalu?a ha dejado de lado una de esas dos ¡°patas¡±, la del r¨¦gimen interior. ¡°Sin r¨¦gimen, sin seguridad, sin disciplina, no puede haber tratamiento porque no se puede garantizar la convivencia. Y sin tratamiento no hay rehabilitaci¨®n¡±.

La pol¨¦mica por la ¡°contenci¨®n cero¡±

Los sindicatos le tienen ganas a Calder¨® desde siempre por la orientaci¨®n de sus pol¨ªticas, que en su opini¨®n favorecen a los presos y van contra los intereses de los funcionarios. Como secretario de medidas penales, reinserci¨®n y atenci¨®n a la v¨ªctima, aplic¨® sanciones contundentes contra los malos tratos, instal¨® c¨¢maras de vigilancia en zonas conflictivas (como las celdas de aislamiento), impuls¨® el cumplimiento de penas en tercer grado (semilibertad) para facilitar la reinserci¨®n y promovi¨® un programa de prevenci¨®n de suicidios entre los internos. Pero hubo una decisi¨®n en particular que irrit¨® a los trabajadores: la aprobaci¨®n en 2021, bajo el mandato de Ester Capella (ERC), de una circular que pr¨¢cticamente imposibilitaba las contenciones mec¨¢nicas a los internos.

La contenci¨®n mec¨¢nica consiste en suprimir la capacidad de movimiento de un preso mediante esposas, vetas adherentes o correas de sujeci¨®n. Su eliminaci¨®n era una exigencia reiterada de las organizaciones que trabajan por los derechos de los presos. Cuando la consejera Lourdes Ciur¨® (Junts) tom¨® el mando y anunci¨® que volver¨ªa a permitir, con l¨ªmites, las contenciones, Calder¨® dimiti¨®. Pero la nueva consejera, Gemma Ubasart, sin carn¨¦ de Esquerra y nombrada por Pere Aragon¨¨s, recuper¨® en el cargo a un profesional que lleva en la sala de mandos de las prisiones en Catalu?a desde 1990.

Ese a?o, presid¨ªa la Generalitat Jordi Pujol. En el apogeo de su poder, nombr¨® m¨¢ximo responsable de Prisiones a Ignasi Garcia Clavel; que, adem¨¢s de situar de n¨²mero dos a Calder¨®, ha sido el gran arquitecto y defensor (a¨²n hoy) del modelo penitenciario. ¡°M¨¢s que un modelo propio, Catalu?a interpret¨® la ley penitenciaria, que se aprob¨® en el fragor de la transici¨®n y era progresista, en beneficio de la poblaci¨®n reclusa, lo cual no significa querer fastidiar a los funcionarios¡±, cuenta en conversaci¨®n con EL PA?S, convencido de que las protestas de estos d¨ªas est¨¢n movidas, en el fondo, por una oposici¨®n a esa visi¨®n de las c¨¢rceles.

¡°Los sindicatos deber¨ªan estar con la gente m¨¢s d¨¦bil, que es la que est¨¢ en prisi¨®n. Estoy lejos del buenismo: si un tipo ha hecho algo, debe pagar la pena. Pero la pena es la privaci¨®n de libertad, ninguna otra. Que la Constituci¨®n ponga la rehabilitaci¨®n como base no gusta a muchos¡±, lamenta Garcia Clavel, ya jubilado. Catalu?a, la ¨²nica comunidad con competencias en prisiones hasta 2021, cuando las asumi¨® tambi¨¦n el Pa¨ªs Vasco, ¡°ha intentado humanizar el sistema¡±. ¡°Apostamos por el r¨¦gimen abierto y creamos programas de rehabilitaci¨®n espec¨ªficos para ayudar al cambio de conducta de los internos, algo nada f¨¢cil, tal vez ut¨®pico en algunos casos, pero que vale la pena intentar¡±, reflexiona.

Asesinato en clima preelectoral

Garcia Clavel admite la gravedad de un suceso ¨²nico y cree que debe investigarse, como se est¨¢ haciendo, por qu¨¦ Iulian Odriste, un preso condenado por asesinato, acab¨® trabajando en la cocina, con acceso a cuchillos. Niega, sin embargo, que m¨¢s coerci¨®n traiga mejoras. ¡°Los trabajadores reclaman sprays. Se equivocan. La autoridad se gana de otra manera. Eso no significa que haya que ser ingenuos, hay que vigilar siempre¡±, dice el ex alto cargo, consciente tambi¨¦n de que el ¡°perfil¡± de recluso es ahora m¨¢s proclive a la violencia y que los problemas mentales campan en prisi¨®n. Justicia admite, como denuncian los sindicatos, que las agresiones han aumentado en prisi¨®n, pero subraya que ha hecho esfuerzos para incorporar a nuevos profesionales y que la seguridad tambi¨¦n es una prioridad.

Los bloqueos que se sucedieron en las c¨¢rceles catalanas durante tres jornadas pusieron en aprietos a un Govern en retirada, con las maletas hechas, m¨¢s pendiente ya de la contienda electoral del 12 de mayo. El confinamiento de hasta 5.000 presos en sus celdas supuso tambi¨¦n un riesgo de quebrar la convivencia en las prisiones. Los funcionarios han puesto fin, por ahora, a esos bloqueos, pero los sindicatos se niegan a sentarse a negociar con Justicia hasta que haya dimisiones. El Ejecutivo de Aragon¨¨s, que afront¨® con tibieza al principio pero se vio obligado a reaccionar con m¨¢s ¨ªmpetu ante la magnitud de la crisis, se niega a concederlas y defiende a ultranza un modelo penitenciario que ni un hecho excepcional, como el asesinato de Nuria, debe poner en cuesti¨®n.

¡°Los resultados del modelo son razonablemente buenos: ocho de cada diez personas que pasan por prisi¨®n no vuelven a entrar¡±, asegura Ubasart, convencida de que la ¡°evidencia cient¨ªfica¡± est¨¢ de su lado porque, cuanta m¨¢s rehabilitaci¨®n, menos probable es que se cometan delitos en el futuro y que haya nuevas v¨ªctimas. En su comparecencia ante el Parlament, el jueves, la consejera afirm¨® que, en 40 a?os, el modelo no ha sido ¡°objeto de excesivas disputas partidistas¡±, algo que tambi¨¦n parece haber cambiado ahora. Partidos como PP, Ciudadanos y Vox le reprocharon que, por mucho que sirva a los internos, un modelo que no contiene la violencia en las prisiones no funciona.

Si los trabajadores, agrupados en la plataforma Camisetas Negras, retoman los bloqueos, la situaci¨®n para el Ejecutivo de Aragon¨¨s, a escasas semanas de los comicios, puede volverse insostenible. Garc¨ªa Clavel recuerda que ¨¦l mismo fue destituido por el president en 1999, cuando miembros del Gobierno empezaron a acusarle, como a Calder¨® ahora, de trabajar ¡°demasiado a favor del preso¡±. ¡°Pujol ya lo dec¨ªa: las prisiones no dan votos, pero pueden quitarlos¡±.

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