La tesis del Supremo para no amnistiar choca con el caso del ¡®exconseller¡¯ Miquel Buch en el Tribunal superior catal¨¢n

Cuando el exconsejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch se convirti¨®, hace una semana, en el primer beneficiario de la ley de amnist¨ªa, parec¨ªa que el camino para aplicar la medida de gracia al delito de malversaci¨®n se abr¨ªa paso. Los jueces catalanes concluyeron que la co...

Cuando el exconsejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch se convirti¨®, hace una semana, en el primer beneficiario de la ley de amnist¨ªa, parec¨ªa que el camino para aplicar la medida de gracia al delito de malversaci¨®n se abr¨ªa paso. Los jueces catalanes concluyeron que la contrataci¨®n de un mosso d¡¯esquadra para proteger a Carles Puigdemont en B¨¦lgica quedaba al abrigo de la norma. En ning¨²n caso hubo un ¡°prop¨®sito de enriquecimiento¡± entendido como ¡°beneficio personal de car¨¢cter patrimonial¡±, que es el supuesto en el que el delito queda expresamente excluido de la ley de amnist¨ªa. El exconsejero se mostr¨® esperanzado en que su caso podr¨ªa fijar el rumbo para quienes estaban a la espera. Se equivocaba.

El Tribunal Supremo ha dado portazo este lunes a la posibilidad de aplicar la ley de amnist¨ªa a los l¨ªderes del refer¨¦ndum del 1-O procesados o condenados por malversaci¨®n. Tanto Pablo Llarena ¡ªinstructor de la causa del proc¨¦s, abierta a¨²n para los huidos Puigdemont, Toni Com¨ªn y Llu¨ªs Puig¡ª como Manuel Marchena y sus compa?eros de la sala de lo penal del alto tribunal ¡ªque juzg¨® a Oriol Junqueras y al resto de consejeros del Govern de 2017¡ª han levantado un edificio argumentativo para concluir que, en su caso, la malversaci¨®n no puede ser perdonada. La clave de b¨®veda de ese esfuerzo ret¨®rico descansa en la idea de que el beneficio no solo debe entenderse en sentido positivo, sino tambi¨¦n en su reverso: delinquieron porque, al organizar la consulta ilegal con dinero de todos y no de sus bolsillos, lograron un importante ¡°ahorro¡± en sus finanzas particulares.

Los dos jueces del Supremo lo expresan de modo distinto, aunque la idea es la misma. La premisa es que, desde su suspensi¨®n por el Tribunal Constitucional, el refer¨¦ndum ya no respond¨ªa al inter¨¦s p¨²blico. Por m¨¢s que contase con el apoyo de una parte importante de la ciudadan¨ªa, deb¨ªa considerarse un proyecto privado: la materializaci¨®n de un sue?o personal. Y en vez de costearlo con sus medios, decidieron utilizar fondos p¨²blicos: ese es el beneficio que aprecian los autos del Supremo, que entran en contradicci¨®n con lo que los magistrados de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que revisaron el caso de Buch (condenado inicialmente a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel) concluyeron al aplicarle la amnist¨ªa.

El 1-O, un proyecto personal

El juez Llarena insiste en la noci¨®n de ahorro. El expresident Puigdemont y los exconsejeros Com¨ªn y Puig, huidos de la justicia espa?ola, ¡°endosaron¡± a la administraci¨®n auton¨®mica los gastos de una iniciativa ¡°radicalmente personal¡±: la celebraci¨®n del refer¨¦ndum. As¨ª lograron ¡°satisfacer su antojadizo inter¨¦s¡± a costa de todos los contribuyentes y ¡°sin disminuci¨®n de su peculio o patrimonio¡±, lo que les permiti¨® ¡°un claro ahorro econ¨®mico¡±.

El auto de la sala penal encabezada por Marchena va en la misma l¨ªnea. En octubre de 2019, el tribunal conden¨® a penas de 9 a 13 a?os de c¨¢rcel a los l¨ªderes del proc¨¦s que permanecieron en Espa?a. Aunque el delito de sedici¨®n se derog¨® y el Gobierno les concedi¨® el indulto parcial, las penas de inhabilitaci¨®n vinculadas al delito de malversaci¨®n permanecen activas. Y as¨ª seguir¨¢n, al menos si la decisi¨®n del Supremo no se ve alterada por el previsible recurso que las defensas presenten ante el Tribunal Constitucional.

El exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Ra¨¹l Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados por malversaci¨®n. Tambi¨¦n ellos obtuvieron, a criterio de los magistrados, un ¡°beneficio personal de car¨¢cter patrimonial¡±. ¡°Hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio¡±. El auto insiste: el 1-O fue un proyecto ¡°particular¡±, incluso ¡°sectario¡±, por m¨¢s que fuese compartido por cientos de miles de personas. Ciudadanos que, incluso, aportaron dinero para que el 1-O fuera una realidad. Los pol¨ªticos tuvieron la opci¨®n de ¡°disponer de fondos p¨²blicos o pagar de su bolsillo¡±. ¡°Y optaron por la primera opci¨®n¡±, subraya el auto, lo que les permiti¨® ¡°un ahorro significativo¡± y, en consecuencia, ¡°un beneficio personal¨ªsimo¡±, siempre seg¨²n la tesis del Supremo.

El pasado 25 de junio, dos semanas despu¨¦s de que la ley entrara en vigor, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) dio a conocer las revisiones de ocho sentencias condenatorias vinculadas al proc¨¦s. Y concedi¨® en todos los casos (18 personas en total) la amnist¨ªa. La mayor¨ªa son j¨®venes involucrados en disturbios durante las movilizaciones del proceso independentista. Excepto dos: Buch y el mosso d¡¯esquadra Llu¨ªs Escol¨¤, contratado como supuesto asesor por el Departamento de Interior pero que, en realidad, cobr¨® para proteger en Waterloo (B¨¦lgica) a Puigdemont mientras este permaneci¨® all¨ª huido de la justicia.

A diferencia de Llarena y Marchena, a los magistrados del TSJC no les cabe duda (pese a las diferencias notables entre los procedimientos penales) de que la malversaci¨®n atribuida a Buch y Escol¨¤ debe ser amnistiada. Para esos jueces, el ¡°punto neur¨¢lgico¡± es que el delito tenga relaci¨®n con las conductas descritas en la medida de gracia; o sea, con acciones vinculadas al proc¨¦s. Por ejemplo, financiar, sufragar o facilitar un refer¨¦ndum. O, como en el caso del exconsejero y el polic¨ªa, prestar ¡°asesoramiento, representaci¨®n, protecci¨®n o seguridad a los responsables¡± de esas conductas, como el expresident Puigdemont.

Entienden esos jueces que solo hay ¡°beneficio personal de car¨¢cter patrimonial¡± cuando los hechos se apartan de esas conductas. ¡°Otra interpretaci¨®n¡±, concluyen, ¡°dejar¨ªa sin contenido la amnist¨ªa en los casos de malversaci¨®n¡± y no se puede deducir de la ley una ¡°exclusi¨®n general¡±. A esa tesis se ha sumado con car¨¢cter general la Fiscal¨ªa en el caso del 1-O y, m¨¢s recientemente, tambi¨¦n la Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a en el de los dos miembros de ERC considerados ¡°arquitectos¡± del refer¨¦ndum, Josep Maria Jov¨¦ y Llu¨ªs Salvad¨®, a las puertas de juicio por malversaci¨®n. En el caso de Buch, lo parad¨®jico es que la Fiscal¨ªa no ve claro que se ajuste a los supuestos de la ley, por lo que sopesa recurrir la amnist¨ªa. Lo que llevar¨ªa al exconsejero de Interior a jugarse su futuro procesal en el lugar donde a sus compa?eros de filas les han cerrado las puertas: el Tribunal Supremo.

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