El dif¨ªcil reto del Govern de Illa: reducir la pobreza en Catalu?a

Hace diez a?os, a¨²n con las heridas abiertas de los recortes por la crisis financiera, entr¨® en el Parlament un texto surgido desde lo m¨¢s abajo de la sociedad civil: la proposici¨®n de ley de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC). Esta propuesta, vehiculada como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ten¨ªa un objetivo muy ambicioso y a la vez muy concreto: acabar con la pobreza en Catalu?a. La ley, tras muchos vaivenes, se aprob¨® en 2017. Desde entonces, ...

Hace diez a?os, a¨²n con las heridas abiertas de los recortes por la crisis financiera, entr¨® en el Parlament un texto surgido desde lo m¨¢s abajo de la sociedad civil: la proposici¨®n de ley de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC). Esta propuesta, vehiculada como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ten¨ªa un objetivo muy ambicioso y a la vez muy concreto: acabar con la pobreza en Catalu?a. La ley, tras muchos vaivenes, se aprob¨® en 2017. Desde entonces, un proceso independentista, una pandemia, tres presidentes de la Generalitat y cuatro consejeros a cargo de las tareas sociales del Ejecutivo han pasado, y la pobreza, sin embargo, no ha desaparecido: pese a los esfuerzos, nadie ha logrado dar con la f¨®rmula que consiga reducirla de forma significativa, lo que ha convertido esta lacra en algo estructural.

En Catalu?a el 24,4% de la poblaci¨®n est¨¢ en riesgo de pobreza o exclusi¨®n social, y 442.300 ni?os y adolescentes estaban en esta situaci¨®n en 2023, seg¨²n la ¨²ltima Encuesta de Condiciones de Vida del Idescat. Ahora, el nuevo Govern de Salvador Illa tiene por delante el desaf¨ªo de encontrar la manera de romper con el c¨ªrculo vicioso de la pobreza. Para ello tiene algunas herramientas iniciadas por el anterior gobierno catal¨¢n, pero deber¨¢ dar respuesta a retos como la integraci¨®n de las prestaciones sociales, el refuerzo del sistema de atenci¨®n a las personas dependientes, atajar las problem¨¢ticas de la pobreza infantil y el sinhogarismo y facilitar el acceso a la vivienda.

En los ¨²ltimos diez a?os, el indicador que mide el riesgo de pobreza o exclusi¨®n social (la tasa Arope), ha oscilado entre el 23% y el 24,4% que se registr¨® el a?o pasado. La mejora de los ¨²ltimos a?os (en 2020 lleg¨® a ser del 26,7%) no ha logrado romper con el car¨¢cter estructural de la pobreza, que adem¨¢s se ha enquistado en su vertiente m¨¢s dura: uno de los tres componentes de la tasa Arope es el porcentaje de poblaci¨®n con privaci¨®n material y social severa, y esta tasa se sit¨²a en el 8,9%, dos puntos y medio por encima de lo registrado hace 10 a?os.

La pobreza tiene muchas vertientes y se puede abordar desde distintas pol¨ªticas, pero seg¨²n Francina Alsina, presidenta de la Taula d¡¯Entitats del Tercer Sector, lo m¨¢s importante es que sean pol¨ªticas que duren en el tiempo. ¡°Necesitamos acuerdos para los pr¨®ximos cuatro a?os y que sean de verdad. Con legislaturas muy cortas no se puede avanzar¡±, se?alaba Alsina por tel¨¦fono al principio del verano, a¨²n con la inc¨®gnita de si se formar¨ªa o no el nuevo Govern. Con el nuevo Ejecutivo ya en activo, la responsable de estas pol¨ªticas ser¨¢ la consejera M¨°nica Mart¨ªnez Bravo, al frente del departamento de Derechos Sociales e Inclusi¨®n. Uno de sus primeros retos es definir por fin el traspaso del Ingreso M¨ªnimo Vital (IMV) y empezar a gestionar de forma integrada esta prestaci¨®n estatal juntamente con la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa. Este traspaso, acordado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro S¨¢nchez, es un elemento clave, seg¨²n las entidades, para mitigar las trabas burocr¨¢ticas que en parte han sido responsables de que ni una ayuda ni la otra se hayan desplegado completamente. Seg¨²n los datos del Ministerio de Inclusi¨®n Social y del departamento catal¨¢n, el IMV solo llega a alrededor del 12% de la poblaci¨®n catalana bajo el umbral de la pobreza, y la RGC solo tiene una cobertura del 25% sobre los m¨¢s pobres, y del 8% sobre los que est¨¢n en riesgo de pobreza.

La nueva consejera estuvo a cargo precisamente de la evaluaci¨®n de ciertos aspectos del IMV entre 2021 y 2023, y fue la secretaria general de Inclusi¨®n del Gobierno de Pedro S¨¢nchez desde enero de este a?o hasta su nombramiento como consejera por parte de Illa, periodo en el que se han llevado a cabo las negociaciones para el traspaso del IMV que ahora tendr¨¢ que asumir desde el lado de la Generalitat. El pasado mes de julio, el Gobierno y el hasta ahora consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, firmaron finalmente el traspaso de la prestaci¨®n, pero todav¨ªa queda concretar c¨®mo se har¨¢. En paralelo, la proposici¨®n de ley para modificar y corregir los fallos de la RGC se qued¨® a las puertas de ser aprobada en el Parlament en la pasada legislatura, y est¨¢ por ver si tendr¨¢ continuidad en la actual.

Tensi¨®n en las residencias

En cuanto a los dependientes, la Generalitat est¨¢ en pleno proceso de acreditaci¨®n de sus residencias de ancianos y dependientes tras la renovaci¨®n buscada despu¨¦s de la pandemia. Este proceso cuenta con cierta oposici¨®n por parte de algunos centros, que no pueden hacer frente a los costes, y el sistema sufre una presi¨®n end¨¦mica, con una alta rotaci¨®n de trabajadores por los bajos salarios, con las listas de espera para acceder a ayudas m¨¢s altas de Espa?a y con la todav¨ªa pendiente integraci¨®n de los servicios sanitarios en los centros.

Seg¨²n Francina Alsina, estas son algunas de las prioridades que deben tener los grupos pol¨ªticos y el Govern en la legislatura que comienza. En su opini¨®n, se trata de dar continuidad a pol¨ªticas iniciadas que han quedado en pausa. ¡°El Govern de Aragon¨¨s hab¨ªa empezado a hacer cosas, y ten¨ªamos un consejero que ven¨ªa del sector¡±, recuerda. Otra de las prioridades es la revisi¨®n de la cartera de servicios sociales, que est¨¢ muy desactualizada ¡ªla ¨²ltima data de 2010, y por lo tanto no contempla muchas de las ayudas y programas aprobados desde entonces, dificultando su despliegue¡ª y para lo que Campuzano ya abri¨® un di¨¢logo con el sector hace unos meses. Alsina tambi¨¦n reclama que se apruebe el proyecto de ley de la Agencia de Atenci¨®n Integrada Sociosanitaria, desplegar la estrategia de la lucha contra la pobreza infantil ¡ªpresentada por el exconsejero en abril¡ª, aprobar el Plan Territorial Sectorial de Vivienda y desplegar los pactos nacionales para la salud mental y la discapacidad, aumentar el parque p¨²blico de vivienda y aprobar la ley del Tercer Sector, entre otras medidas como condonar la deuda de pobreza energ¨¦tica del pasado ejercicio.

Otra legislaci¨®n que qued¨® pendiente de aprobar es la proposici¨®n de ley de medidas urgentes para erradicar el sinhogarismo. Bea Fern¨¢ndez, directora de la fundaci¨®n Arrels, cree que esta tiene que ser una prioridad, y que tiene que incluir medidas para contabilizar cu¨¢nta gente duerme en la calle y para darles recursos residenciales en una estrategia conocida en ingl¨¦s como housing first. ¡°No podemos pretender resolver el problema sin hablar de estabilidad financiera y residencial de las personas¡±, se?ala sobre un modelo que ha funcionado en otros pa¨ªses. Esperando esta ley, Fern¨¢ndez recuerda que todav¨ªa hay un marco de acci¨®n financiado hasta 2025, y pide que la financiaci¨®n contin¨²e m¨¢s all¨¢ del a?o que viene. Tanto Fern¨¢ndez como Alsina coinciden en que tener el objetivo de erradicar la pobreza no es una ilusi¨®n: ¡°La pobreza es una decisi¨®n pol¨ªtica, si lo tienen claro, con pol¨ªticas adecuadas, se puede erradicar¡±, se?ala la presidenta de la Taula.

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