Catalu?a corre el riesgo de perder 12.000 plazas geri¨¢tricas, seg¨²n los directores de residencias
La asociaci¨®n ASCAD manda una carta a la Fiscal¨ªa, al S¨ªndic de Greuges y a las administraciones al considerar que el proceso de acreditaci¨®n induce a los responsables de los centros a incurrir en el delito de falsedad documental
La continuidad de 12.000 plazas geri¨¢tricas est¨¢ en peligro en Catalu?a, seg¨²n la asociaci¨®n Ascad, que agrupa a los directores de centros de atenci¨®n a la dependencia. El motivo son los nuevos requisitos para la acreditaci¨®n oficial de centros colaboradores del sistema p¨²blico, aprobado en 2022, muy dif¨ªciles de asumir en centros ubicados en edificios antiguos o peque?os o que no pueden acometer inversiones para afrontar las nuevas condiciones. Ascad ha enviado una carta a distintas instituciones, entre ellas la Fiscal¨ªa, para alertar de que la obligaci¨®n de presentar la solicitud de acreditaci¨®n aboca a los responsables de los centros a incurrir en un delito de falsedad documental.
El profundo impacto que sufrieron las residencias de ancianos durante la pandemia de la covid-19 ¡ªlas estimaciones m¨¢s altas apuntan que en Catalu?a el 31% de los fallecidos por el coronavirus fueron usuarios de residencias¡ª oblig¨® a una tambi¨¦n profunda reflexi¨®n sobre el modelo de estos centros. ?Segu¨ªan siendo ¨²tiles y seguras las macroresidencias? ?C¨®mo deber¨ªa ser la atenci¨®n a los usuarios? ?Y la relaci¨®n con los centros y los profesionales de salud? En 2022, la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, impuls¨® un acuerdo de acreditaci¨®n para los centros colaboradores, que fijaba los requisitos que deben cumplir las residencias para entrar en el sistema p¨²blico, y que pasan por implementar una serie de cambios organizativos, estructurales y f¨ªsicos para que los centros se parezcan cada vez m¨¢s a un hogar y para que tengan una atenci¨®n m¨¢s personalizada.
La carta de los directores la han recibido la Fiscal¨ªa, el S¨ªndic de Greuges, el Imserso, el consejero en funciones de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, y la Mesa del Parlament. En ella, Ascad expone los vaivenes normativos que han tenido un impacto en los centros de dependencia desde la pandemia, empezando por el decreto 69/2020, que sali¨® justo despu¨¦s del confinamiento, y que ya establec¨ªa requisitos que deb¨ªan cumplir los centros, aunque sin fecha l¨ªmite. Dos a?os despu¨¦s lleg¨® el llamado acuerdo Belarra, de 2022, que se hizo bajo el paraguas de la Ley de Dependencia. Catalu?a al principio no se adhiri¨® al acuerdo, pero luego s¨ª que lo firm¨®, y recibi¨® financiaci¨®n por ello.
Los gerentes consideran que la normativa catalana, basada en el decreto de 2020, deb¨ªa adaptarse al acuerdo Belarra, y en reiteradas ocasiones pidieron a la Generalitat que lo hiciera. La carta especifica que en la presentaci¨®n de la documentaci¨®n se incluye una declaraci¨®n responsable conforme que se cumplen las condiciones materiales de la normativa anterior, con lo que firmarla llevar¨ªa a los responsables a incurrir en un delito de falsedad documental. El Departamento de Derechos Sociales todav¨ªa no ha contestado al requerimiento ni a las preguntas de este diario.
Los directores a?aden que el pasado 15 de junio Derechos Sociales convoc¨® una reuni¨®n en la que, sin entrar en c¨®mo se adaptar¨¢ la normativa catalana al acuerdo Belarra, pone ahora s¨ª como fecha l¨ªmite el 5 de agosto para presentar la documentaci¨®n de acreditaci¨®n, con la declaraci¨®n responsable. ¡°Nos encontramos en una disyuntiva¡±, explica I?aki Ant¨®n, vicepresidente de la asociaci¨®n. ¡°Te presionan para que acredites tu centro, con lo que si no cumples con los requisitos, tendr¨¢s la responsabilidad¡±, se?ala sobre unos requisitos que pueden ser de organizaci¨®n, pero tambi¨¦n de estructura f¨ªsica: que los pasillos y las habitaciones tengan una determinada medida, o que se supriman las habitaciones triples. Ant¨®n asegura que m¨¢s de la mitad de los centros no puede cumplir con todos los requisitos. ¡°Y adem¨¢s dicen que a medida que vayan falleciendo las personas que ocupan las plazas, estas dejar¨¢n de ser p¨²blicas si no est¨¢n acreditadas. Esto puede dejar a Catalu?a sin m¨¢s de 12.000 plazas p¨²blicas, justo cuando hay una larga lista de espera¡±, alerta Ant¨®n.
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