Las concesionarias de ITV declaran la guerra a la Generalitat valenciana por la reversi¨®n p¨²blica de su explotaci¨®n

Las siete empresas concesionarias de las ITV en la Comunidad Valenciana est¨¢n en pie de guerra contra la Generalitat por sus planes de revertir el servicio a la gesti¨®n p¨²blica. El Consell, presidido por el socialista Ximo Puig, que gobierna en coalici¨®n con Comprom¨ªs y Unides Podem, notific¨® el pasado mes de septiembre la no renovaci¨®n, una vez finalizada su vigencia, de los contratos de privatizaci¨®n de los servicios de Inspecci¨®n T¨¦cnica de Veh¨ªculos (ITV) que hace 25 a?os firm¨® el expresidente Eduardo Zaplana, del PP.

Paco Llopis y Manuel Trigo, representantes de la Asociaci¨®n de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspecci¨®n T¨¦cnica de Veh¨ªculos (AECOVA-ITV), han anunciado esta ma?ana en Valencia que reclamar¨¢n una compensaci¨®n a la Administraci¨®n de m¨¢s de 130 millones de euros por lo que ellos consideran ¡°tarifas ilegales¡±. La Generalitat impuso hace cuatro a?os una bajada del coste de las inspecciones que est¨¢n obligados a pasar todos los veh¨ªculos a motor con una periodicidad que depende de su antig¨¹edad. Esa obligatoriedad garantiza los ingresos y, por tanto, el negocio. Las competencias en las ITV est¨¢n transferidas a las comunidades aut¨®nomas. En la valenciana hay 25 estaciones fijas y seis m¨®viles de ITV actualmente operativas y una docena previstas pr¨®ximamente.

Con la aprobaci¨®n el pasado viernes de un decreto ley que autoriza la creaci¨®n de la mercantil p¨²blica Societat Valenciana d¡¯ITV, que gestionar¨¢ las inspecciones y absorber¨¢ los 1.200 trabajadores del sector, la Generalitat pone en marcha una reversi¨®n que se materializar¨¢ a partir de 2023, lo que ha provocado el recrudecimiento del enfrentamiento entre las firmas y la Administraci¨®n. Las empresas auguran un largo litigio con amenazas de acciones penales e informes contrarios a los de la Administraci¨®n. Consideran que se trata de una ¡°reversi¨®n ideol¨®gica¡±.

El Tribunal Supremo rechaz¨® el pasado enero el recurso de casaci¨®n de la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) que tumbaba la bajada de tarifas aprobada por el Consell y que fue recurrida por las concesionarias. Esta reducci¨®n es el motivo por el que las concesionarias ahora reclaman m¨¢s de 130 millones de euros a la Administraci¨®n, m¨¢s un aumento del 3,7% anual por los intereses, que repercutir¨ªan en el bolsillo de los contribuyentes.

Desde las empresas apuntan que ¡°la falsedad documental¡± del Consell ha pretendido ¡°influir¡± al juez sobre sus reclamaciones y afirman que alguna de las entidades est¨¢ barajando presentar acciones penales y recuerdan que con cada d¨ªa aumenta el total de la indemnizaci¨®n que piensan reclamar debido a los intereses, los cuales cifran ya en 50 millones de euros. ¡°Tenemos la esperanza de obtener la indemnizaci¨®n que por derecho nos corresponde. Ahora nos ha sido negada por defecto de forma, que no de fondo, y todav¨ªa nos queda otra reclamaci¨®n que presentaremos en las pr¨®ximas semanas, afirma Trigo.

Fuentes de la consejer¨ªa de Econom¨ªa Sostenible, dirigida por Rafael Climent, de Comprom¨ªs, recuerdan que ya existen tres sentencias, de las siete reclamaciones presentadas por cada una de las concesionarias, que desestiman dichas pretensiones de indemnizaci¨®n. A esto hay que a?adir una nueva sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Secci¨®n 5?, la cual ha tumbado la petici¨®n de medidas cautelares que las empresas pidieron al recurrir la comunicaci¨®n del fin de contrato.

En el auto los magistrados afirman que la no pr¨®rroga de la concesi¨®n es algo previsible de acuerdo con los t¨¦rminos pactados en el contrato y no algo ¡°extra?o que ocurra¡±, por lo que los concesionarios ¡°deben estar preparado para tal evento¡±. Adem¨¢s, sentencian que debe prevalecer la inmediata ejecutividad del acto administrativo y su presunci¨®n de validez.

Adem¨¢s, los empresarios han rechazado los an¨¢lisis preliminares de la reci¨¦n nacida Societat Valenciana d¡¯ITV, que apuntan a una reducci¨®n de rentabilidad de las concesiones debido a un aumento constante de los gastos de personal que cifran hasta en un 47% en los ¨²ltimos a?os. Los concesionarios han negado las acusaciones de un aumento del gasto en plantilla y achacan dicho crecimiento estructural a un cambio de la legislaci¨®n y a la necesidad de responder a los efectos de la pandemia.

¡°Hemos tenido que paliar la cantidad de trabajo acumulado por el tiempo de cierre debido a la pandemia. Entendemos que primero est¨¢ el atender bien a los valencianos, que no se provoquen colas. Ese buen servicio es lo que ha motivado el aumento de plantilla¡±, ha afirmado Llopis. Desde AECOVA-ITV tildan los informes presentados por la consejer¨ªa de Industria de ¡°delirios y falsedades¡±

Las concesionarias, explica Trigo, no han tenido pr¨¢cticamente beneficio durante los ¨²ltimos cinco a?os debido a ¡°que nos han obligado a aplicar unas tarifas ilegales¡±. A pesar de ello, ponen en valor los datos que recogen en un informe propio y que contraponen a los de Industria. Durante los 25 a?os de funcionamiento privado, las concesionarias habr¨ªan aportado 750 millones de euros a la Administraci¨®n. Dinero que, seg¨²n manifiestan, se corresponden con gastos que la Administraci¨®n no tiene. Los empresarios han declinado cifrar sus ganancias totales durante los a?os de concesi¨®n del negocio.

Una de las principales acusaciones lanzadas por AECOVA-ITV a los informes aportados por Industria consiste en la inviabilidad del modelo presentado por la Generalitat, el cual califican de ineficaz. Con la reversi¨®n p¨²blica de la explotaci¨®n de las ITV, la Comunidad Valenciana pasar¨ªa a ser la cuarta comunidad aut¨®noma de Espa?a, tras Asturias, Andaluc¨ªa y Baleares, en manos de los Consells insulares, en gestionar la inspecci¨®n de veh¨ªculos.

¡°No puedes construir un proyecto futuro en base a unos datos que son delirios. Queda precioso, pero es un informe pol¨ªtico que consideramos inconsistente y vamos a pedirle al consejero que se explique. El informe ignora las condiciones laborales que tendr¨¢n que asumir. El d¨ªa dos de enero todos los trabajadores tendr¨¢n el mismo patr¨®n y, por tanto, el derecho a cobrar lo mismo. 1200 personas van a reclamar el salario m¨¢s alto y eso equivale a sobrecostes para el ciudadano¡±, asegura Trigo.

No obstante, fuentes de la consejer¨ªa de Econom¨ªa Sostenible aducen que el objetivo de la creaci¨®n de una nueva entidad es mejorar la calidad de los servicios y reducir la tarifa que soportan los usuarios, y no tanto aumentar los beneficios a?o a a?o. La reversi¨®n, explican, tambi¨¦n servir¨¢ para unificar los servicios y adaptar las plantillas a las necesidades de cada zona.

En un informe de Industria, dado a conocer el pasado a?o, la Generalitat obtendr¨ªa desde el primer a?o de reversi¨®n un resultado de explotaci¨®n cercano a los 40 millones de euros frente a los siete millones que ingresar¨ªa en concepto de c¨¢nones si se prorrogasen las concesiones actuales. Los beneficios equivalen al 30% de los ingresos totales.

Ya en 2017 la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, el ¨®rgano al que corresponde el control externo econ¨®mico y presupuestario de la actividad financiera del sector p¨²blico valenciano, conclu¨ªa en una auditor¨ªa acerca de la explotaci¨®n de las ITV por parte de las empresas que los beneficios de estas eran ¡°significativos¡±. En el caso de cuatro de los lotes analizados por la Sindicatura, los concesionarios tuvieron unos resultados positivos que oscilaron entre el 13% y el 43,9% de los ingresos totales del ejercicio. S¨®lo una de las cinco concesionarias a cuya informaci¨®n tuvo acceso la Sindicatura present¨® un balance negativo.

La auditor¨ªa destaca tambi¨¦n la falta de estudios o informes pertinentes que avalasen la decisi¨®n del Gobierno de Zaplana de privatizar la gesti¨®n de las ITV. De igual forma se?ala la falta de criterios e indicadores objetivos de resultados en el contrato de concesi¨®n, lo cual dificulta el an¨¢lisis y seguimiento permanente de la ejecuci¨®n del servicio que prestan.

La huella de la corrupci¨®n

El retorno a lo p¨²blico de ciertos servicios considerados de gran repercusi¨®n para la poblaci¨®n, como la concesiones sanitarias y hospitalarias ya las gesti¨®n privada, es uno de acuerdos del llamado Gobierno del Bot¨¤nic, entre el PSPV-PSOE, Comprom¨ªs y Unides Podem. Adem¨¢s, las concesiones de las ITV aparecen vinculadas a varios casos de corrupci¨®n. En la actualidad, en el marco del ¡°caso Erial¡±, Eduardo Zaplana est¨¢ siendo investigado por los supuestos cobros de comisiones por la concesi¨®n de cinco licencias de privatizaci¨®n de las ITV en 1997.

Una de las empresas que consigui¨® la adjudicaci¨®n de un lote fue Asedes, propiedad de la familia Cotino, la cual lo revendi¨® por 43 millones de euros. En la investigaci¨®n tambi¨¦n aparecen como adjudicatarios de las concesiones empresarios relacionados con la trama G¨¹rtel y los papeles de B¨¢rcenas. En Catalu?a, Oriol Pujol, hijo del expresidente catal¨¢n Jordi Pujol, fue condenado a dos a?os y medio de prisi¨®n por el ¡°caso ITV¡± por tr¨¢ficos de influencias, cohecho y falsedad. Pujol admiti¨® haber recibido comisiones ilegales para favorecer a empresarios y amigos suyos del sector de la inspecci¨®n t¨¦cnica de veh¨ªculos (ITV).