El Tribunal de Cuentas hace responsable a una exdirectiva del fraude de 4 millones a la EMT
El instructor de la causa reconoce que hubo negligencia grave de la entonces empleada
El Tribunal de Cuentas ha declarado responsable contable directa a la exdirectiva de la EMT Celia Zafra de la estafa en 2019 a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia por cuatro millones de euros y la condena al reintegro del dinero estafado, adem¨¢s de los intereses de demora, ha anunciado este viernes en una comparecencia p¨²blica el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi.
La entonces jefa de administraci¨®n transfiri¨® entre el 3 el 20 de septiembre cuatro millones de euros a una cuenta bancaria en Hong Kong creyendo que participaba en una operaci¨®n confidencial de la compa?¨ªa p¨²blica, cuando en realidad, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, estaba siendo una v¨ªctima de la conocida como estafa del CEO (consejero delegado).
El Tribunal reconoce casi tres a?os despu¨¦s de la estafa que la pr¨¢ctica regular en la empresa era el abono a proveedores por medio de la preparaci¨®n de los pagos en la banca electr¨®nica de CaixaBank, y que dicho protocolo estaba instaurado en la compa?¨ªa. El delegado instructor reconoce que hubo negligencia grave por parte de la exdirectiva.
Seg¨²n la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la demandada no llev¨® a cabo unas m¨ªnimas averiguaciones sobre la veracidad de las identidades de los terceros (estafadores) que buscaban lograr su cooperaci¨®n. Ello es especialmente grave cuando una de ellas correspond¨ªa al propio presidente de la EMT. ¡°No consider¨® lo improbable de que el principal directivo de la sociedad se dirigiera a ella, un cargo directivo medio, para poner en marcha una operaci¨®n de tal envergadura¡±.
La exdirectiva se someti¨® a una supuesta cl¨¢usula de confidencialidad por la que se obligaba a no informar a sus superiores jer¨¢rquicos directos, ni al resto del personal de la EMT, de la operaci¨®n a realizar, sin plantearse la posible irregularidad de aqu¨¦lla, ya fuera por el nivel de responsabilidades que deber¨ªa asumir o por la excepcionalidad que representaba su utilizaci¨®n en la forma habitual de proceder de la EMT. En las pruebas testificales qued¨® acreditado que ese g¨¦nero de cl¨¢usulas nunca se hab¨ªa aplicado, explica el Ayuntamiento.
La responsable proporcion¨® a los estafadores documentos con las firmas de sus superiores jer¨¢rquicos, los ¨²nicos autorizados a los pagos, as¨ª como copias escaneadas de sus documentos nacionales de identidad, sin conocimiento y consentimiento de aqu¨¦llos. ¡°Aparentemente, no le caus¨® extra?eza la solicitud de tales datos, cuando como directora de Administraci¨®n sab¨ªa que el pago a los proveedores se realizaba previa la preparaci¨®n material de los pagos y la subida de los correspondientes ficheros a la banca en l¨ªnea, que era su funci¨®n, anterior a la autorizaci¨®n de los mismos por sus superiores, mediante sus firmas digitales mancomunadas¡±.
Zafra asumi¨® y ejerci¨®, con plena consciencia, funciones que correspond¨ªan a otros cargos directivos de la sociedad, sin tener atribuidas las competencias correspondientes, y su actuaci¨®n no se limit¨® solo a la del 3 de septiembre de 2019, sino que se repiti¨® hasta el 23 de septiembre. En esta fecha, un aviso de la entidad bancaria sobre la excepcionalidad de las sumas abonadas hasta ese momento sin seguir el procedimiento protocolizado llev¨® al gerente a paralizar la ¨²ltima transferencia ordenada, sin que para facilitar o provocar esa decisi¨®n hubiera mediado aviso o voluntad de la demandada.
El proceso penal sobre el fraude sufrido por la empresa p¨²blica sigue tres v¨ªas judiciales. Por el momento, tanto en el ¨¢mbito laboral como en el contable la judicatura ha dado la raz¨®n a la EMT Valencia, que aparece en todo caso como perjudicada. La tercera v¨ªa, la penal, se encuentra a¨²n en fase de instrucci¨®n, pero cabe destacar que la EMT ha solicitado que se impute a CaixaBank por blanqueo de capitales y que el Tribunal de Cuentas apunta a la entidad bancaria como colaboradora del fraude, aunque no es competente al no ser CaixaBank gestora de fondos p¨²blicos.
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