La juez manda a Zaplana al banquillo por el cobro de comisiones y Anticorrupci¨®n le pide 19 a?os de c¨¢rcel

La titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 8 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y lo manda al banquillo por el presunto cobro de comisiones tras la adjudicaci¨®n ¡°ama?ada¡± del Plan E¨®lico y de los planes de las Inspecciones T¨¦cnicas de Veh¨ªculos (ITV) en el caso Erial. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide 19 a?os de c¨¢rcel para el que tambi¨¦n fuera ministro de Trabajo con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

Adem¨¢s de Zaplana, al que la juez le imputa los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricaci¨®n administrativa, se sentar¨¢ en el banquillo otro expresidente de la Generalitat Valenciana Jos¨¦ Luis Olivas, para el que la Fiscal¨ªa pide seis a?os de c¨¢rcel, tal como ha adelantado Las Provincias.

Junto a los dos expresidentes, ambos del PP, se sentar¨¢n en el banquillo un supuesto testaferro de Zaplana, Miguel Barcel¨®; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau, la secretaria del exministro de Trabajo, Mitsouko Henr¨ªquez, su exjefe de gabinete, Juan Francisco Garc¨ªa, y los hermanos empresarios Vicente y Jos¨¦ Cotino Escriv¨¢, familia del exdirector general de la Polic¨ªa Juan Cotino.

Seg¨²n el escrito de acusaci¨®n de la Fiscal¨ªa, los documentos que originaron la investigaci¨®n fueron unas hojas con el resumen de los ¡°tr¨¢mites efectuados¡± para las concesiones de las ITV y de los parques e¨®licos privatizados por Zaplana. Esos documentos, seg¨²n Anticorrupci¨®n, ¡°indicaban el importe que ten¨ªan que abonar los licitadores para la obtenci¨®n de dichas concesiones o adjudicaciones en virtud del acuerdo alcanzado con el acusado, que ostentaba el m¨¢ximo poder pol¨ªtico y ejecutivo de la Comunidad Valenciana, el cual trasladar¨ªa las indicaciones pertinentes para la debida adjudicaci¨®n concertada a su amigo Juan Francisco Garc¨ªa¡±. As¨ª, seg¨²n el ministerio p¨²blico, los concursos para estas adjudicaciones se dise?aron estableciendo unas ¡°condiciones subjetivas¡± con el fin de que las empresas de los Cotino ganaran las licitaciones ¡°por cuanto contaban con la informaci¨®n informativa necesaria de las condiciones y requisitos favorables a su concesi¨®n, en perjuicio del resto de los posibles competidores, limitando en lo posible la competencia y, en definitiva, creando las condiciones en los ¨®rganos pol¨ªticos del m¨¢s alto nivel para que ello fuera posible¡±.

La hoja de ruta que hab¨ªa trazado la trama fue entregada al juzgado por Marcos Benavent, que se autodenomin¨® Yonqui del dinero. A este individuo le fue entregado por un empresario sirio que vivi¨® alquilado en el mismo piso que lo hab¨ªa hecho Zaplana y que, seg¨²n dijo, la encontr¨® casualmente.

Anticorrupci¨®n apunta que el exdirigente popular, al que califica de ¡°pol¨ªtico profesional¡±, ¡°form¨® un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios il¨ªcitos¡± gracias a su posici¨®n institucional. ¡°La organizaci¨®n dise?ada empleaba sociedades radicadas en el extranjero¡±, seg¨²n relata la Fiscal¨ªa, ¡°creadas con el prop¨®sito tanto de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas como para ocultar el origen il¨ªcito de los bienes¡±. El ministerio p¨²blico se?ala en su escrito de acusaci¨®n que ¡°pese a lo dispuesto por la normativa, en la pr¨¢ctica no existe documento ni justificaci¨®n alguna que sostenga la privatizaci¨®n del servicio p¨²blico de la Inspecci¨®n T¨¦cnica de Veh¨ªculos, ni que se hayan cumplido los principios de publicidad y concurrencia¡±. Y a?ade: ¡°No solo existi¨® una falta completa de explicaci¨®n y justificaci¨®n econ¨®mica y t¨¦cnica para entregar el servicio p¨²blico y establecer el canon adecuado, sino que la mesa de contrataci¨®n se form¨® exclusivamente con personal pol¨ªtico¡±.

Respecto al plan e¨®lico, el fiscal sostiene que se configur¨® un procedimiento administrativo ¡°que pudiese cumplir el concierto establecido entre los acusados y que permitiese la selecci¨®n de las zonas que mejor se acompasaban a los intereses de los acusados¡±. Adem¨¢s, sostiene que esta adjudicaci¨®n report¨® a los Cotino (incluido el exdirector general de la Polic¨ªa) 86 millones de euros, ¡°lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por dichas adjudicaciones¡±. La adjudicaci¨®n de las ITV reportaron a las empresas de los Cotino otros 43 millones de euros.

Panam¨¢, Andorra y Luxemburgo fueron los primeros destinos de ese dinero. Para el regreso a Espa?a de ese capital se desarroll¨® ¡°la creaci¨®n de una estructura societaria en Espa?a¡±, agrega el fiscal. A trav¨¦s de estas sociedades se produjo la adquisici¨®n de bienes en cuyas escrituras no aparec¨ªa nunca Zaplana pese a que era ¨¦l mismo quien los usaba. El exministro no solo se guard¨® de aparecer en documentos, sino que la trama, en las conversaciones telef¨®nicas y a sabiendas de que estas pod¨ªan ser intervenidas, se refer¨ªa a ¨¦l como ¡°el jefe¡±, ¡°nuestro amigo¡± o ¡°el que t¨² ya sabes¡±, tal como relata el fiscal.

La juez proces¨® a Zaplana en junio tras detectar compras que la investigaci¨®n identific¨® como realizadas con el dinero il¨ªcito procedente de las comisiones. Adem¨¢s de varios inmuebles, hab¨ªa dinero en met¨¢lico que llegaba al exministro por distintas v¨ªas. Por ello, Anticorrupci¨®n pide el decomiso de 20,6 millones de euros que son los que los investigadores calcularon como movilizados por la organizaci¨®n a la que le achaca tambi¨¦n el delito de grupo criminal. De hecho, la confesi¨®n de uno de los presuntos testaferros de Eduardo Zaplana permiti¨® que se recuperaran m¨¢s de seis millones de euros que fueron entregados al juzgado.