La rama socialista del caso Azud inquieta al Gobierno valenciano en la recta final de la legislatura
La jueza sigue la investigaci¨®n sin incluir el presunto delito electoral o financiaci¨®n irregular
![Ximo Puig y Aitana Mas durante un pleno de las Cortes valencianas.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/IXJH4T5C2NGNHEJDAE5ZKVOVAE.jpeg?auth=af1ce39763a9bd683f8f142497d84e23b81b71aa30699cae0e4c72bff5fc13e1&width=414)
![M. Fabra](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ff32ea01f-8a17-4642-b59c-6f7d5689ddd4.png?auth=08bb75c1c2441b902e44c0965c98cd4542b2cc362c9bffd1b3a3ee4a64390915&width=100&height=100&smart=true)
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el que habla de la presunta financiaci¨®n irregular del PSPV durante las campa?as de 2007 y 2008, y en el que deducen que fueron varias empresas las que se hicieron cargo de gastos electorales de esos a?os, ha provocado inquietud en el Gobierno valenciano a apenas a seis meses de que se celebren los pr¨®ximos comicios auton¨®micos. Un auto dictado por la jueza que instruye el caso despu¨¦s de recibir este informe se?ala que la investigaci¨®n sigue abierta por los presuntos delitos de cohecho, tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n, fraude en la contrataci¨®n y falsedad documental, pero no cita ni la financiaci¨®n irregular ni el posible delito electoral que se hubiera derivado de ella.
Aun as¨ª, la preocupaci¨®n por el da?o y el desgaste pol¨ªtico es evidente. Sobre todo, entre filas socialistas, aunque este mismo viernes, la vicepresidenta del Consell y dirigente de Comprom¨ªs, Aitana Mas, no ha dudado en manifestar igualmente su preocupaci¨®n. Mas ha se?alado que ¡°a cualquier instituci¨®n le ha de preocupar la corrupci¨®n¡± y ha hablado de aquellos a?os como de un ¡°¨¦poca muy negra¡± de la que, seg¨²n ha dicho, ¡°hemos aprendido mucho¡±. ¡°Me preocupar¨ªa mucho m¨¢s que ocurriera en un tiempo en el que ya hay mecanismos¡±, ha indicado, refiri¨¦ndose a los instrumentos de transparencia y a lo que ha denominado como ¡°cortafuegos¡± para las corruptelas que se han puesto en marcha desde la llegada del Bot¨¢nico a la Generalitat. ¡°En 2008 no hab¨ªa ning¨²n mecanismo. En ese momento, la opacidad era lo que reinaba¡±, ha a?adido. Hace apenas dos d¨ªas, el diputado de Podem, Ferran Mart¨ªnez, llam¨® a los socialistas a ¡°hacer autocr¨ªtica¡±.
El informe de la UCO ha sido aprovechado por el PP para tratar de desviar el principal foco de la trama, que se sit¨²a en sus propias filas, con el exvicealcalde del PP de Valencia, Alfonso Grau ¡ªn¨²mero dos de Rita Barber¨¢ durante 20 a?os¡ª, como uno de los principales implicados por el presunto cobro de dos millones de euros en mordidas, adem¨¢s de varios inmuebles, junto al cu?ado de la propia Barber¨¢, el abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Corb¨ªn, al que la fiscal¨ªa le atribuye ser ¡°comisionista¡± de las adjudicaciones que se realizado durante 10 a?os en el Ayuntamiento de Valencia, entre 2005 y 2015.
Sin embargo, entre los investigados tambi¨¦n se encuentran dos socialistas destacados: el exconcejal del Ayuntamiento de capital y posteriormente subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, y el exjefe de Finanzas de los socialistas valencianos, Pepe Catalu?a. Sobre el primero recae la sospecha de haber cobrado 300.000 euros por su silencio, ya que en la ¨¦poca investigada era edil de la oposici¨®n. Sobre el segundo, la UCO le atribuye un ¡°papel nuclear¡± en la obtenci¨®n de fondos para el partido.
Seg¨²n el informe, varias empresas adjudicatarias se hicieron cargo, a trav¨¦s de empresas interpuestas, de gastos electorales de los socialistas valencianos. La UCO se centra en una operaci¨®n urban¨ªstica, proyectada en Jijona, que nunca lleg¨® a acometerse.
Fuentes socialistas apelan a que el caso no tienen recorrido jur¨ªdico porque los delitos supuestamente cometidos, financiaci¨®n irregular, no estaban tipificados en los a?os investigados, por lo que no se puede acusar de un delito que no exist¨ªa. Este hecho responder¨ªa al porqu¨¦ la jueza no imputa ese delito. Fuentes jur¨ªdicas explican adem¨¢s que, por ello, los agentes de la Guardia Civil buscan operaciones urban¨ªsticas a las que vincular los supuestos pagos porque, de lograrlo, podr¨ªan se?alar un delito de cohecho. ¡°Aun as¨ª, a no ser que alguno de los empresarios lo reconozca, es un delito muy dif¨ªcil de probar¡±, argumentan.
En cualquier caso, los socialistas valencianos no ocultan la existencia de un da?o pol¨ªtico, en un momento en el que las encuestas les otorgan una intenci¨®n de voto al l¨ªmite para la consecuci¨®n de un nuevo Gobierno del Bot¨¢nico, junto a Comprom¨ªs y a Podem. Estos, sus socios en el Consell, tampoco eluden el hecho de que, en el caso de que el caso tenga repercusi¨®n electoral en el PSPV, se complicar¨ªa la reedici¨®n de un tercer gobierno de coalici¨®n. Aun as¨ª, Aitana Mas ha hecho hincapi¨¦ en que aunque en este momento ¡°estamos respetando los tiempos judiciales, continuamos pensando que en cualquier caso de corrupci¨®n, quien la haga que la pague¡±.
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