Joan Llinares, de la Agencia Valenciana Antifraude: ¡°Regalar un empleo p¨²blico con trampas es una de las corruptelas m¨¢s grandes¡±
Los ayuntamientos acaparan el 60% de las denuncias que llegaron a la AVAF en 2022, que ascendieron a 453, un 26% m¨¢s que en 2021
La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) recibi¨® 453 denuncias de posibles irregularidades en las administraciones p¨²blicas en 2022, 94 m¨¢s que el a?o anterior. La mayor¨ªa fueron denuncias an¨®nimas (un 58%) y fueron dirigidas principalmente a las administraciones locales, en concreto, a procesos de selecci¨®n de personal. ¡°Regalar un sueldo para toda la vida a una persona que no ha hecho los esfuerzos por estudiar y prepararse para un empleo p¨²blico; regalarles un trabajo con trampas, sin cumplir con los criterios de m¨¦rito, capacidad e igualdad que propugna la Constituci¨®n, es uno de los actos de corrupci¨®n m¨¢s grandes y denunciables¡±, ha afirmado el director de la Agencia, Joan Llinares, tras la presentaci¨®n de la memoria de actividades de 2022.
Las trampas que puedan hacerse en los procesos de selecci¨®n de personal p¨²blico ¡ªya sea la filtraci¨®n de un examen o cualquier otra irregularidad¡ª no tiene efectos en el ¨¢mbito penal y solo puede tener responsabilidades disciplinarias. Algunas administraciones las ponen en marcha pero otras no, convirti¨¦ndose en c¨®mplices de estas situaciones. ¡°Los beneficiarios de ese favor siempre se lo deber¨¢n siempre a la persona que los ha colocado, con lo que se vicia su gesti¨®n¡±, subraya Llinares. As¨ª se desprende de la memoria anual de la instituci¨®n que el director de la AVAF ha entregado este martes en las Cortes Valencianas y que recoge, entre otras cosas, que el 79% de los denunciantes protegidos por la agencia lo son por asuntos relacionados con la administraci¨®n local.
Por entidad denunciada, el 60% (275 denuncias) implica a administraciones municipales, seguidas con un 10% (47 denuncias) por la Generalitat Valenciana y otro 10% (47 denuncias) referidas al sector privado, que no se admiten por falta de competencia legal. Esa es precisamente una de las cuestiones que corrige la ley estatal que regula la protecci¨®n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci¨®n, aprobada el pasado febrero.
Las administraciones ¡°incumplidoras¡± han pasado de cinco en 2021 a 14 en 2022. Entre ellas, la propia Generalitat; las Diputaciones de Alicante y Valencia; el IVAM, el Patronato de Turismo Costa Blanca y los ayuntamientos de Valencia, Benidorm, Torrevieja, Tous, Alcoi, Gavarda, San Antonio de Benag¨¦ber y una entidad del Ayuntamiento de Paterna.
Llinares ha comentado que, en muchos casos, estas administraciones tienen una actitud de ¡°no bajarse del burro¡± en la irregularidad se?alada, aunque no vuelven a incurrir en ella. ¡°Hay una actitud de enroque¡±, ha manifestado respecto a lo ya realizado, pero tambi¨¦n ha precisado que reincidir podr¨ªa devenir en prevaricaci¨®n.
La Agencia finaliz¨® el a?o pasado 346 expedientes de investigaci¨®n, frente a los 268 expedientes finalizados en 2021 o los 152 finalizados en 2020, con lo que el aumento es de un 25% y un 150% con respecto a 2021 y 2020. Antifraude inst¨® adem¨¢s a la recuperaci¨®n de m¨¢s de 5,6 millones de euros de fondos p¨²blicos, aunque el proceso final compete al Tribunal de Cuentas.
Seg¨²n Llinares, la ley espa?ola reci¨¦n aprobada acaba tambi¨¦n con la pol¨¦mica de las agencias antifraude ¡ªen vigor en cinco comunidades aut¨®nomas espa?olas¡ª de si deben aceptar o no denuncias an¨®nimas. ¡°Sabemos que tienen riesgos, que necesitan un an¨¢lisis m¨¢s riguroso si cabe, pero lo asumimos porque gracias a esos denunciantes an¨®nimos se han descubierto grandes esc¨¢ndalos. Adem¨¢s son an¨®nimos porque tienen miedo y piensan que una denuncia nominal solo puede que complicarles la vida¡±, ha a?adido el director de la primera Agencia Antifraude creada en Espa?a. Por ¨²ltimo, otro de los motivos para no denunciar, ¡°el peor de todos, es que piensan que todo el sistema es corrupto¡±.
El responsable de Antifraude ha propuesto para mejorar los procesos de selecci¨®n de personal funcionario en las polic¨ªas locales, que los ayuntamientos deleguen en instituciones como el IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad P¨²blica y Emergencias) la elecci¨®n del personal. ¡°Ser¨ªa bueno sacar esos procesos de selecci¨®n del ¨¢mbito local¡±, ha defendido Llinares.
Pese a todo lo anterior, la Comunidad Valenciana ha mejorado en la percepci¨®n de corrupci¨®n en la comunidad aut¨®noma. Si el informe de la Universidad de Gotemburgo, que analiza este aspecto en 208 regiones europeas, situaba en 2017 a la autonom¨ªa valenciana en el puesto 14 (de 17), el informe del a?o pasado de esta misma instituci¨®n la coloca en el sexto lugar, con una notable mejora respecto a cinco a?os atr¨¢s. A la cabeza est¨¢n La Rioja, Pa¨ªs Vasco, Navarra o Extremadura.
Por ¨²ltimo, el director de la Agencia ha recordado que la nueva ley 2/2023 obliga a todos los ayuntamientos valencianos a habilitar antes del 13 de junio un canal interno de denuncias de irregularidades, con conexi¨®n al buz¨®n de la AVAF, y ha recordado, en referencia a la adaptaci¨®n de la agencia valenciana a la ley estatal, que una vez se constituyan las nuevas Cortes Valencianas, tras las elecciones del 28-M, cabe la posibilidad de que la entidad valenciana ampl¨ªe sus competencias al ¨¢mbito privado.
Reproches a Benidorm por una querella contra la agencia
El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha señalado al Ayuntamiento de Benidorm como "incumplidor" de sus recomendaciones y lo ha acusado de "haber puesto en marcha todos su mecanismos legales para perseguir a los funcionarios de la Agencia" con el objetivo de "amedrentarlos". Llinares ha afirmado que el ayuntamiento benidormí actuó en "represalia" contra cinco funcionarios de la Agencia interponiendo una querella contra ellos por haberse personado en el consistorio para reclamar una documentación.
"Después de cinco requerimientos se presentaron en el Ayuntamiento para pedir una documentación que, durante seis meses, se le había estado pidiendo y así dejar constancia de si se entregaba o no para, en caso de no hacerlo levantar acta del incumplimiento y abrir expediente sancionador para lo que tenemos competencias", ha relatado Llinares. Sin embargo, a pesar de que dicha visita se desarrolló "con absoluta cortesía como siempre hacen nuestros funcionarios cuando se personan en administraciones públicas", unos meses después el Ayuntamiento presentó una querella contra estos trabajadores de Antifraude por "falsedad en el acta y usurpación de funciones".
Llinares reprocha al Ayuntamiento que haya "ignorado absolutamente nuestra ley que considera autoridad pública a los funcionarios de la Agencia en su actuación y su legitimidad para reclamar documentación" y ha opinado que la querella fue presentada "para amedrentar, asustar y generar una situación de incertidumbre en los funcionarios" puesto que el procedimiento penal los expone a penas de entre 3 y 6 años de prisión y una inhabilitación "prácticamente de por vida", una situación que puede hacer que "otros funcionarios salgan corriendo de las instituciones si se van a encontrar con situaciones de este tipo".
Finalmente, ha recordado que el juez instructor archivó la querella un año y medio después de que fuera interpuesta y de que la Audiencia provincial ratificara posteriormente dicho archivo.
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