Una jueza de Alicante procesa a dos exediles del PP por trocear en contratos menores obras en una pedan¨ªa de 360 habitantes
La magistrada aprecia indicios de que los concejales Manuel Jim¨¦nez y Jos¨¦ Ram¨®n Gonz¨¢lez acordaron la comisi¨®n de un presunto delito de prevaricaci¨®n administrativa
La jueza de Alicante que abri¨® diligencias previas para investigar la presunta adjudicaci¨®n a dedo de unas obras en la pedan¨ªa alicantina de La Alcoraya, orquestada por el exconcejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jim¨¦nez, y con cargo a la concejal¨ªa de Infraestructuras que dirig¨ªa el exedil Jos¨¦ Ram¨®n Gonz¨¢lez, ha procesado a ambos por un presunto delito de prevaricaci¨®n administrativa. En su auto de incoaci¨®n de procedimiento abreviado, dictado hoy, la magistrada Mar¨ªa Luisa Carrascosa incluye tambi¨¦n entre los procesados a los dos t¨¦cnicos que ejerc¨ªan de jefes de servicio en ambas concejal¨ªas. En opini¨®n de Carrascosa, en la actuaci¨®n de ambos ediles, que abandonaron sus cargos al finalizar la ¨²ltima legislatura, se aprecia el troceo de un contrato en varios m¨¢s peque?os para eludir ¡°la libre concurrencia p¨²blica legalmente exigida¡±. Es decir, para evitar que la adjudicaci¨®n saliera a concurso.
La magistrada investiga, a ra¨ªz de una denuncia presentada por el PSOE de Alicante, si Jim¨¦nez fraccion¨® los contratos de instalaci¨®n de aparatos biosaludables, la redacci¨®n y posterior construcci¨®n de una p¨¦rgola y la reforma de un escenario en la plaza Manuel Gim¨¦nez Pastor de la pedan¨ªa alicantina, situada a unos 15 kil¨®metros del casco urbano y con un censo de 360 habitantes. Tras desgranar en el documento las adjudicaciones realizadas y los pagos efectuados, que agrupados en un solo contrato podr¨ªan haber rondado los 84.000 euros, seg¨²n los demandantes, la jueza subraya que ¡°dichas contrataciones debieron realizarse legalmente a trav¨¦s de un concurso p¨²blico en un lugar de contrato menor¡± y que ¡°se concertaron directamente por el acuerdo de los concejales de Infraestructuras y Participaci¨®n Ciudadana¡±, Gonz¨¢lez y Jim¨¦nez, respectivamente, y ¡°el acuerdo y firma de sus respectivos jefes de servicio¡±.
En el mismo auto, al que ha tenido acceso EL PA?S, la magistrada, que tambi¨¦n sent¨® en el banquillo por un proceso similar al exalcalde socialista de Alicante Gabriel Ech¨¢varri, sostiene que ¡°no cabe duda de la condici¨®n de autoridad de ambos concejales¡± y sus t¨¦cnicos. Tambi¨¦n estima que ¡°los procedimientos administrativos tramitados en tres actuaciones en el mismo ¨¢mbito¡± y ¡°coet¨¢neos en el tiempo¡± ten¨ªan que haber formado parte de ¡°un mismo proyecto de ejecuci¨®n m¨¢s amplio, pues formaban parte de una unidad funcional¡±. De esta forma, los ediles deb¨ªan ¡°acudir al concurso p¨²blico¡± para su adjudicaci¨®n.
Igualmente, la jueza observa indicios de que ¡°hubo una omisi¨®n del procedimiento correspondiente en atenci¨®n a la cuant¨ªa en la suscripci¨®n de los contratos¡±, cuyos importes se fraccionaron en varias actuaciones ¡°ajustadas al l¨ªmite cuantitativo de contrato menor¡±. La polvareda levantada por este asunto, ya que hasta la jueza acredita en el auto que los adjudicatarios hab¨ªan realizado obras en casa del exedil, oblig¨® a Jim¨¦nez a dimitir de su cargo cuando estaba a punto de concluir la legislatura. Gonz¨¢lez, por su parte, renunci¨® a continuar en las listas del PP que comanda el alcalde Luis Barcala por encontrarse pr¨®xima su jubilaci¨®n. Tras el dictamen judicial, el Ministerio Fiscal tiene 20 d¨ªas para solicitar el sobreseimiento o la apertura de un juicio oral del que han quedado exonerados los representantes de la empresa beneficiada a por la presuntamente il¨ªcita adjudicaci¨®n.
La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barcel¨®, ha reclamado explicaciones a Barcala por el procesamiento de sus dos ex ediles. A su juicio, el Ayuntamiento de Alicante ¡°debe ser mucho m¨¢s transparente¡± en los procesos de contrataci¨®n, algo que con este pronunciamiento ¡°es todav¨ªa m¨¢s exigible¡±. ¡°Es necesario desterrar este tipo de pr¨¢cticas¡±, contin¨²a, ¡°porque desprestigian a la Administraci¨®n, a la pol¨ªtica, y no contribuyen a que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones¡±.
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