La Audiencia absuelve al exl¨ªder provincial del PP Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll y a otros 12 encausados en la ¨²ltima pieza de Brugal
Los magistrados no ven demostrado el ama?o de la adjudicaci¨®n del plan zonal de residuos de la Vega Baja, en la que estaban envueltos una exalcaldesa de Orihuela y dos poderosos empresarios
La supuesta gran trama de corrupci¨®n del PP de Alicante conocida como Brugal ha quedado definitivamente diluida. La Audiencia de Alicante ha absuelto a todos los imputados de la tercera de las principales ramas de la investigaci¨®n policial, la de la adjudicaci¨®n del plan zonal de residuos de la Vega Baja, en la que estaban encausados el expresidente provincial del PP, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela M¨®nica Lorente, el exportavoz socialista en la Diputaci¨®n, Antonio Amor¨®s, y los empresarios Enrique Ortiz y ?ngel Fenoll, entre una lista de 13 encausados en total. Para los magistrados, no ha quedado acreditada ¡°la existencia de un acuerdo entre los acusados para alterar o manipular los acuerdos del consejo¡± referentes a la tramitaci¨®n del complejo de residuos ni ¡°que ninguno de los acusados ofreciere o aceptase regalos tendentes a conseguir una resoluci¨®n del consorcio que les favoreciere¡±.
Tras la adjudicaci¨®n de las basuras de Orihuela y la tramitaci¨®n del plan urban¨ªstico de Alicante, en cuyos juicios todos los comparecientes quedaron absueltos, la tramitaci¨®n del plan zonal de residuos de la Vega Baja era la ¨²ltima de las piezas de Brugal que quedaba pendiente de sentencia. En ella, se dirim¨ªa si, seg¨²n sosten¨ªa la fiscal¨ªa, Ripoll aprob¨® entre 2008 y 2009 la ubicaci¨®n de un gigantesco vertedero para dar servicio a los 27 municipios de la comarca de la Vega Baja, situada al sur de la provincia de Alicante. El destino iba a ser la finca Las Pistolas, de la pedan¨ªa oriolana de Torremendo, que Ortiz hab¨ªa comprado a Fenoll. A cambio, sosten¨ªa la acusaci¨®n p¨²blica, el dirigente popular habr¨ªa recibido, entre otras prebendas y regalos, dos viviendas en el centro de Alicante.
El fallo judicial realiza un seguimiento exhaustivo de la adjudicaci¨®n de este plan zonal desde su aprobaci¨®n por parte de la Consejer¨ªa de Territorio y Vivienda de la Generalitat, en abril de 2005, hasta su adjudicaci¨®n a una uni¨®n temporal de empresas (UTE) encabezada por Enrique Ortiz, un empresario alicantino de la construcci¨®n vinculado a todas las piezas separadas de Brugal, en enero de 2008. Tambi¨¦n analiza la paralizaci¨®n de los tr¨¢mites y sus continuas modificaciones que, finalmente, acabaron por dilatar el proceso para, finalmente, anularlo. Todas las decisiones tomadas en los plenos del consorcio fueron ¡°colegiadas¡± y sus integrantes ¡°votaron libremente¡±, a juicio de los magistrados.
Tambi¨¦n relata el documento judicial las ¡°incidencias¡± que se produjeron durante el desarrollo de todo el expediente. Los jueces consideran probado que Fenoll, empresario de gesti¨®n de residuos que deton¨® la trama Brugal al presentar grabaciones con supuestas irregularidades, estaba interesado en la adjudicaci¨®n del plan zonal hasta que un chivatazo le revel¨® que ¡°la oferta favorita¡± era la de la UTE de Ortiz. El fallo se?ala que, en ese momento, cambi¨® de ¡°estrategia, pretendiendo conseguir un beneficio econ¨®mico, mediante la venta de sus fincas¡± al magnate alicantino. ¡°Las gestiones fructificaron con la firma el 20 de diciembre de 2007, de un contrato de promesa de compra¡± entre ambos, ¡°con unas condiciones concretas de 16 euros el metro cuadrado y condicionado, conforme a su estipulaci¨®n segunda a que haya una adjudicaci¨®n del proyecto¡±. El negocio no sali¨® adelante al no cumplir Ortiz ¡°sus compromisos de pagos, ante la incertidumbre de que la adjudicaci¨®n de la concesi¨®n llegara a ser ejecutada¡±, debido a ¡°la fuerte oposici¨®n ciudadana a su implantaci¨®n, que deriv¨® en actuaciones ante los tribunales¡±.
Los magistrados detallan igualmente la intervenci¨®n de M¨®nica Lorente en el proceso, ante la adjudicaci¨®n definitiva, que ¡°recay¨® en terrenos de la pedan¨ªa de Torremendo, perteneciente al municipio de Orihuela¡±, a la que la entonces alcaldesa no se opuso. ¡°Su voto¡± favorable a la UTE de Ortiz, explica la sentencia, ¡°exig¨ªa contraprestaciones para su municipio, tanto econ¨®micas como de salud ambiental, por lo que no contraven¨ªa¡± la normativa del consistorio oriolano.
Finalmente, el fallo judicial se centra en el presunto tr¨¢fico de regalos y prebendas entre los implicados. Primero, aborda la revitalizaci¨®n de las cuentas de una televisi¨®n local de Alicante, por parte de Fenoll y mediante testaferros. ¡°Acordada la compra de la televisi¨®n con pago aplazado, ¨¦ste nunca se abon¨®, vendi¨¦ndose a un tercero¡±, sin beneficio para el supuesto intermediario. En cuanto a los viajes realizados por Ripoll, su mujer y otros encausados en la trama a bordo del yate propiedad de Ortiz, ¡°no ha quedado acreditado que estos viajes se realizaran con la intenci¨®n de influir en la conducta¡± del expresidente del PP alicantino ¡°en la tramitaci¨®n del expediente del Plan Zonal, sino que las invitaciones se realizaban en base a la relaci¨®n de amistad entre las familias¡± de los investigados.
La investigaci¨®n del caso conllev¨® la detenci¨®n de Ripoll y la intervenci¨®n de la Diputaci¨®n de Alicante en 2014. Luisa Pastor, que sustituy¨® al exl¨ªder popular en el cargo, paraliz¨® la adjudicaci¨®n del plan zonal, que sigue sin encontrar una ubicaci¨®n de consenso en la Vega Baja, comarca que comprende municipios tan poblados como Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada o Guardamar del Segura y cuyo censo suma, en total, m¨¢s de 350.000 habitantes. En el juicio, celebrado entre noviembre de 2021 y junio de 2022, la Fiscal¨ªa solicitaba para Ripoll 16 a?os de c¨¢rcel y 44 de inhabilitaci¨®n por los delitos de cohecho continuado, revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada, tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios p¨²blicos. Por su parte, Ortiz y Fenoll se enfrentaban a penas de 17 a?os de prisi¨®n, mientras que Lorente y Asensio se enfrentaban a cuatro a?os de reclusi¨®n. La sentencia no es firme y admite recurso de casaci¨®n.
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