Un importante empresario de Alicante admite que corrompi¨® a dos alcaldes del PP para ama?ar el plan urban¨ªstico

Dinero en met¨¢lico, vacaciones pagadas y un coche marca Mini Cooper. Estos son algunos de los regalos que el empresario alicantino Enrique Ortiz pudo haber hecho a dos exalcaldes de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del Partido Popular, con el fin de garantizar que el futuro Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de la ciudad favoreciera sus intereses. Ortiz acaba de admitir ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n este presunto ama?o en un acuerdo por el que acepta dos a?os de prisi¨®n y una multa que roza los 900.000 euros.

El constructor, el mayor propietario de suelo de la capital alicantina, evita entrar en la c¨¢rcel gracias a este pacto, que rebaja la petici¨®n de condena en seis a?os, ya que el fiscal iba a solicitar una pena de ocho. A cambio, dificulta las perspectivas de Alperi y Castedo a poco m¨¢s de dos meses de que comience el juicio de una de las ramas del caso Brugal, un complejo entramado de corrupci¨®n pol¨ªtica del PP que se extiende por toda la provincia de Alicante. Con el acuerdo, Ortiz se declara autor de un delito continuado de corrupci¨®n de autoridades o funcionarios p¨²blicos y otro de tr¨¢fico de influencias, as¨ª como cooperador en otro delito continuado de prevaricaci¨®n.

El acuerdo alcanzado con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tambi¨¦n obliga a Ortiz a abonar cerca de 1,6 millones en concepto de multas e indemnizaciones. La corrupci¨®n de autoridades p¨²blicas le cuesta un a?o y seis meses de prisi¨®n y 356.528 euros de multa. El tr¨¢fico de influencias, seis meses m¨¢s y 526.261 euros. Y, finalmente, los costes derivados de un plan urban¨ªstico que se desarroll¨® entre 2007 y 2010, y que fue finalmente desestimado en 2015, a?aden una indemnizaci¨®n al Ayuntamiento de Alicante de 713.057 euros m¨¢s. El precio de esquivar el encierro en una celda suma, en total, 1.595.846 euros.

Con este pacto, firmado tambi¨¦n por la acusaci¨®n particular que representa al consistorio alicantino (que ped¨ªa cinco a?os de prisi¨®n para Ortiz) y por la acusaci¨®n popular ejercida por Esquerra Unida (que solicitaba una condena de 13 a?os), el promotor urban¨ªstico reconoce haber promovido cambios en el PGOU que favorecieran sus intereses. Seg¨²n el escrito de la acusaci¨®n, a cambio de esas modificaciones y recalificaciones, Alperi y Castedo recibieron pagos en met¨¢lico, viajes a Creta, Ibiza o Andorra y un Mini Cooper. En total, unos 700.000 euros repartidos entre ambos alcaldes, seg¨²n el fiscal, para garantizarse un buen negocio con el nuevo desarrollo urban¨ªstico de la ciudad. Por este motivo, los dos exalcaldes se enfrentan a diez a?os de c¨¢rcel.

No es la primera vez que Ortiz elude ingresar en prisi¨®n gracias a un acuerdo con la Fiscal¨ªa. En una de las piezas del caso G¨¹rtel, sobre la financiaci¨®n irregular del PP, consigui¨® desviarse del camino a prisi¨®n gracias a otro pacto por el que fue condenado a un a?o y tres meses de prisi¨®n que eludi¨® pagando una multa.

Salvo modificaciones causadas por el estado de alarma decretado ante la pandemia de coronavirus, el juicio de esta rama del caso Brugal tendr¨¢ lugar en la Audiencia de Alicante en septiembre, con dos sesiones iniciales previstas, inicialmente, para el 30 de junio y el 7 de julio. En el banquillo se sentar¨¢n Alperi y Castedo y los abogados Jos¨¦ Luis Castedo (hermano de la exedil popular) y Javier Guti¨¦rrez, acusados de tramitar los supuestos cambios en el PGOU.

Tambi¨¦n lo har¨¢n Ortiz, su hermano Virgilio y uno de sus empleados, Santiago Bern¨¢ldez, a quienes igualmente ha alcanzado el pacto con la Fiscal¨ªa y han aceptado penas de tres meses de prisi¨®n y una multa de 81.000 euros por asumir un delito continuado de corrupci¨®n de autoridades. Por ¨²ltimo, estar¨¢ encausado tambi¨¦n el constructor de Elche Ram¨®n Salvador, quien ya acept¨® con la Fiscal¨ªa tres meses de c¨¢rcel el pasado mes de febrero.