La condena a Zaplana recoge irregularidades detectadas por los peritos que dirig¨ªa el jefe de Antifraude ahora cesado

La sentencia que ha condenado al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, del PP, a 10 a?os y 5 meses de c¨¢rcel por ama?ar un concurso p¨²blico y cobrar mordidas de los adjudicatarios se argumenta tanto en pruebas testificales como documentales. Las primeras estuvieron protagonizadas por los testimonios de varios implicados en la trama del caso Erial y se centraron, sobre todo, en las declaraciones de quien fue mano derecha de Zaplana, Juan Francisco Garc¨ªa, el amigo de la infancia del dirigente del PP, Joaqu¨ªn Barcel¨®, y los empresarios Vicente y Jos¨¦ Cotino, del grupo Sedesa y sobrinos del ya fallecido director general de la Polic¨ªa, Juan Cotino. El primero confes¨® haber participado en el ama?o del concurso de las ITV valencianas; el segundo, que hizo de testaferro del exministro; y los terceros, que pagaron por la adjudicaci¨®n de aquel contrato que les report¨® unos beneficios millonarios. Sus declaraciones, seg¨²n dicta el fallo del tribunal de la Audiencia Provincial de Valencia, ¡°son coherentes, coincidentes entre s¨ª y gozan de verosimilitud¡±.

Sin embargo, hay otros indicios que para el tribunal se tornaron en pruebas y que, entre otras cosas, se centran en irregularidades detectadas por la Agencia Valenciana Antifraude, cuyos peritos analizaron la documentaci¨®n de las adjudicaciones a instancias de la jueza instructora. As¨ª, la sentencia determina que, aunque hasta siete de las anomal¨ªas subrayadas por Antifraude no beneficiaban directamente a los hermanos Cotino (concesionarios predeterminados) o no resultaban relevantes para la causa juzgada, la Agencia s¨ª detect¨® otras que permitieron ¡°orientar la resoluci¨®n del concurso hacia el resultado pretendido¡±.

El responsable del equipo de peritos de Antifraude, como director de An¨¢lisis e Investigaci¨®n, era Gustavo Segura. Fue cesado el pasado 2 de septiembre por el nuevo director de la Agencia, Eduardo Beut, elegido en julio por el PP y Vox, tras cambiar la ley con el fin de poder nombrarlo solo con mayor¨ªa simple de las Cortes valencianas, frente a la tres quintas partes del parlamento que se requer¨ªa con anterioridad. Uno de los motivos arg¨¹idos para el cese del que era jefe de los peritos, que compareci¨® como tal en el juicio de Zaplana, fue ¡°un desv¨ªo inusual de la carga de trabajo hacia la colaboraci¨®n con los ¨®rganos judiciales (Fiscal¨ªa) mediante la realizaci¨®n de un elevado n¨²mero de peritaciones, todo ello en detrimento de las funciones de investigaci¨®n propias¡± de la Agencia ¡°y la consiguiente acumulaci¨®n de expedientes¡±. Segura califica de ¡°dislate¡± tal justificaci¨®n en su recurso contra el cese, y recuerda que en su ley de creaci¨®n, de 2016, ¡°la Agencia se configura como un ¡®¨®rgano de apoyo y colaboraci¨®n con la autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerida¡±.

¡°Asombroso¡±

Entre esas irregularidades detectadas Antifraude, la sentencia del caso de Zaplana destaca el hecho, recalcado por los peritos que declararon en el juicio, de que en un mismo d¨ªa se analizaran todas las propuestas presentadas al concurso por parte la Comisi¨®n de Estudio, se valoraran por la Mesa de Contrataci¨®n y se elevara la propuesta de adjudicaci¨®n. El fallo considera ¡°asombroso¡± que en el mismo d¨ªa se realizaran varios tr¨¢mites administrativos complejos.

Como parte de las pruebas para sostener la condena, el tribunal tambi¨¦n ha tenido en cuenta otra de las advertencias de Antifraude sobre los criterios objetivos de prioridad en la elecci¨®n del lote y el tope de la mejora econ¨®mica que, seg¨²n dijeron los peritos, ¡°quedaron sin relevancia¡±. Estos se refieren a que en el concurso, la elecci¨®n de un lote como primera opci¨®n otorgaba 25 puntos al licitador sobre 100 y muchos menos por los siguientes, con lo que ¡°elegir una zona en primer lugar, se convert¨ªa casi en insalvable el alcanzar esos puntos de m¨¢s con otros criterios¡±. Adem¨¢s, la mejora econ¨®mica ten¨ªan un tope por lo que todas las empresas pod¨ªan conseguir el m¨¢ximo sin necesidad de presentar una mejor oferta que sus oponentes. Adem¨¢s, se incluy¨® tambi¨¦n ¡°el tema de implantaci¨®n y conocimiento de la realidad de la Comunidad Valenciana, tendente todo ello a lograr que la adjudicaci¨®n del lote 1 se efectuara en favor del Grupo SEDESA, como as¨ª fue finalmente¡±, tal como indica la sentencia.

En su recurso, Segura, que fue el candidato alternativo de Beut a dirigir Antifraude, se?alaba ¡°lo que parece ser la preocupaci¨®n fundamental¡± del nuevo director de Antifraude: ¡°la emisi¨®n de informes periciales, que es b¨¢sicamente lo que ha permitido mejorar de manera notable la lucha contra la corrupci¨®n en la Comunidad de Valencia y que estaba dando unos resultados reconocidos y valorados por las fiscal¨ªas y por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado¡±.

El exdirector de An¨¢lisis e Investigaci¨®n explicaba que solo mantuvo una reuni¨®n con Beut y coincidi¨® dos d¨ªas laborables con ¨¦l ¡°En el desarrollo de la reuni¨®n el se?or Director se interes¨® fundamentalmente, por la situaci¨®n de los informes periciales que desde la DAI¡± se hab¨ªan emitido, y expresamente pregunt¨® sobre aquellos que pod¨ªan tener una ¡°mayor repercusi¨®n¡±, (sic) y se interes¨® y pregunt¨® por los informes emitidos en el caso Azud, solicitando el detalle de las Administraciones afectadas, el contenido del objeto del informe, las personas funcionarias de la DAI que hab¨ªan elaborado dichos informes, as¨ª como el fiscal que llevaba el caso concreto¡±. El caso Azud, que investiga una presunta trama de corrupci¨®n de contratistas y pol¨ªticos, afecta directamente al entorno de la exalcadesa de Valencia, Rita Barber¨¢, del PP, y salpica a algunos exdirigentes socialistas.

Beut, inspector de Hacienda, fue jefe de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana durante las presidencias de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, en el Gobierno, y de Eduardo Zaplana, en la Generalitat. En 2002 fue nombrado por el PP consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales, formada por las cajas de ahorro Bancaja y CAM y la Generalitat, y posteriormente ejerci¨® como gerente y presidente de Fecoval (Federaci¨®n de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administraci¨®n) hasta 2012.

El aterrizaje del nuevo director en Antifraude ha sido muy pol¨¦mico por la argumentaci¨®n de los ceses de dos cargos de confianza del anterior responsable, Joan Llinares, el director de An¨¢lisis e Investigaci¨®n, Gustavo Segura, y la directora adjunta y de Asuntos Jur¨ªdicos, Teresa Clemente, y por la derogaci¨®n del c¨®digo ¨¦tico de la entidad para adherirse al de la Cortes valencianas, que no existe ni est¨¢ en proceso de elaboraci¨®n. Esta medida tomada en septiembre implic¨® la eliminaci¨®n del Comit¨¦ de ?tica que estaba analizando varias denuncias internas de la Agencia que afectaban al nuevo director.

La que era presidenta del Comit¨¦ de ?tica, la catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universitat Jaume I de Castell¨® Mar¨ªa Luisa Cuerda, remiti¨® una carta a la Cortes en la que alertaba de que la derogaci¨®n del c¨®digo ¨¦tico se produc¨ªa ¡°en circunstancias ciertamente an¨®malas¡± y advert¨ªa de que las denuncias, ¡°de ser ciertas, supondr¨ªan una grave infracci¨®n del C¨®digo ¨¦tico¡±. El comit¨¦ estaba formado tambi¨¦n por Manuel Villoria Mendieta (catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica y de la Administraci¨®n de la Universidad Rey Juan Carlos), Antonio Penad¨¦s Chust (abogado, historiador y periodista) y una funcionaria de la Agencia. Las Cortes se inhibieron al responder que la Agencia tiene un funcionamiento independiente.