Eduardo Zaplana, condenado a 10 a?os de c¨¢rcel por el cobro de mordidas en la concesi¨®n de las ITV valencianas

La Secci¨®n Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana a penas que suman 10 a?os y cinco meses de prisi¨®n. El tribunal lo considera autor de los delitos de prevaricaci¨®n, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales, y le impone, adem¨¢s, multas por un importe superior a los 25 millones de euros. El dirigente del PP fue juzgado por el caso Erial, la trama de adjudicaci¨®n de las estaciones de servicio de las inspecciones t¨¦cnicas de veh¨ªculos (ITV) a cambio de sobornos entre 1997 y 2000, cuando Zaplana era presidente del Gobierno valenciano.

El tribunal ha condenado tambi¨¦n a los empresarios Vicente y Jos¨¦ Cotino, como pagadores de las mordidas, con tres a?os y cinco meses y dos a?os de c¨¢rcel, respectivamente; al exjefe del gabinete de Zaplana, Juan Francisco Garc¨ªa, como facilitador del ama?o, con tres a?os de prisi¨®n; y al amigo del exministro que actu¨® como su testaferro, Joaqu¨ªn Barcel¨®, con 1 a?os y tres meses. Todos ellos reconocieron haber participado en la negociaci¨®n del contrato de las ITV y el cobro de los sobornos. Entre los absueltos, acusado de cobrar por la concesi¨®n de otro contrato, el de parques e¨®licos de la Generalitat, figura el tambi¨¦n expresidente de la Generalitat Jos¨¦ Luis Olivas.

Eduardo Zaplana fue juzgado por las supuestas mordidas recibidas en la adjudicaci¨®n de las ITV y de parte del plan e¨®lico a la empresa del ex director general de la Polic¨ªa Juan Cotino, fallecido en 2020. Los sobrinos de este, actuales responsables de la sociedad, admitieron haber pagado sobornos por el ama?o del contrato de parte de las estaciones de ITV valencianas. Ante el juez admitieron que el concurso estuvo ¡°predeterminado¡± para que una de las empresas del grupo empresarial familiar se llevara uno de los lotes.

La condena a Zaplana extiende una sombra sobre una etapa, la del zaplanismo, de grandes gastos, grandes eventos y privatizaciones, de las que, al menos en dos casos, el dirigente popular sac¨® tajada. Tras conocer el fallo del tribunal, el exministro, que ya ha dicho que recurrir¨¢, ha dicho sentirse ¡°decepcionado¡± por haber sido condenado ¡°por unas pruebas basadas en pactos y acuerdos opacos y sin ninguna evidencia objetiva¡± sobre su participaci¨®n en los hechos.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PA?S, se?ala que el jefe de gabinete de Zaplana realiz¨® ¡°lo necesario para que se produjeran las adjudicaciones concertadas¡± en el proceso de selecci¨®n y contrataci¨®n de las empresas licitadoras ¡°conforme a los pactos suscritos¡± entre Zaplana y el entonces director general de la Polic¨ªa, Juan Cotino, t¨ªo de los acusados Vicente y Jos¨¦ Cotino, que son los actuales responsables de la empresa y que ¡°fueron conocedores con posterioridad de la existencia de este acuerdo¡±, que cumplieron.

El fallo relata c¨®mo el jefe de gabinete del dirigente del PP sigui¨® con la operativa y, en varias reuniones con un trabajador del grupo empresarial de los Cotino, revis¨® el proyecto y las condiciones del pliego para ¡°proporcionarle una posici¨®n de ventaja en el concurso¡±, adem¨¢s de ajustar algunos aspectos para beneficiar al grupo, como los criterios objetivos del tope de la mejora de las ofertas econ¨®micas.

El tribunal expone c¨®mo se produjeron los cobros, y menciona dos v¨ªas. La principal fue la de Luxemburgo, donde radicaba una empresa en la que los Cotino ingresaron hasta 6,4 millones de euros y que posteriormente pas¨® a ser del testaferro del exministro, su amigo Joaqu¨ªn Barcel¨®; ¡°aunque su titular real era Zaplana¡±, tal como indica la sentencia, que habla de otra empresa a trav¨¦s de la que se pagaron 2,3 millones de euros y una tercera desde la que se cobraron 1,2 millones. Contra el dirigente del PP declar¨® tambi¨¦n uno de sus amigos de la infancia, Joaqu¨ªn Barcel¨®, que admiti¨® haber sido su testaferro: ¡°Me pidi¨® favores, me pareci¨® normal y se los hice. Si eso es ser testaferro, s¨ª, he sido testaferro de Eduardo Zaplana¡±, dijo.

Los pagos y cobros se realizaron a trav¨¦s de una estructura societaria ¡°utilizada por Eduardo Zaplana para no estar visible en ninguna operaci¨®n mercantil o de gesti¨®n que pudiera vincularle con el pago de la comisi¨®n pactada¡±, indica la sentencia. Adem¨¢s, el dirigente del PP ¡°constituy¨® un entramado societario en Panam¨¢ con cuentas bancarias en Andorra, para recibir dinero tambi¨¦n de procedencia il¨ªcita¡±.

El fallo hace un recuento del dinero que gan¨® Sedesa, el grupo empresarial de los Cotino, con la venta de las sociedades a las que se adjudicaron tanto estaciones de inspecci¨®n t¨¦cnica de veh¨ªculos como parte del plan e¨®lico de la Comunidad Valencia, que asciende a 86,5 millones de euros.

Adem¨¢s de las peticiones de pena y las multas, el tribunal reclama el decomiso de varios bienes de Zaplana, entre los que se encuentran 6,734 millones de euros que fueron transferidos a la Oficina de Gesti¨®n y de Recuperaci¨®n de Activos tras la confesi¨®n de Barcel¨®, que se hizo cargo del patrimonio de Eduardo Zaplana en el extranjero durante unos a?os y a trav¨¦s del que se pudieron repatriar esos m¨¢s de seis millones de euros. Tambi¨¦n reclama la mitad de una cuenta bancaria en la que hay 126.000 euros. Otra cuenta con 32.242,11 euros; un dep¨®sito con m¨¢s de 205.000, un Audi, 50.000 euros en efectivo ocupados en el registro efectuado en el despacho de Telef¨®nica, donde el exministro trabaj¨® hasta que fue detenido en 2008; y otros 18.000 euros en efectivo ocupados en el registro de su domicilio en Madrid.

Tres de los cuatro presidentes del PP que ha tenido la Generalitat Valenciana han sido juzgados por corrupci¨®n: Zaplana, Francisco Camps y Jos¨¦ Luis Olivas.

Olivas fue condenado a un a?o y medio de prisi¨®n y a una multa de 151.800 euros por emitir una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios que prest¨® a la empresa de los Cotino. Olivas se sent¨® tambi¨¦n en el banquillo que juzg¨® este caso Erial, pero el tribunal ha entendido que ¡°no ha quedado acreditado¡± que los 580.000 euros que abon¨® Sedesa ¡°tuviera su causa en la intervenci¨®n en el proceso de adjudicaci¨®n de los Parques E¨®licos para favorecer la adjudicaci¨®n¡± al grupo empresarial de los Cotino.

Por su parte, Francisco Camps fue absuelto en 2012 de cohecho impropio por un jurado popular que no vio delito en la aceptaci¨®n de trajes para favorecer a la trama G¨¹rtel, pese a que dos de los acusados admitieron los hechos. Camps tambi¨¦n fue exculpado de favorecer a la misma trama corrupta, pese a su relaci¨®n con los miembros de la red, que confesaron los hechos. El tribunal consider¨® que no hab¨ªa pruebas de que favoreciera la contrataci¨®n de una de sus empresas.