Mujeres menos protegidas y represaliados en las cunetas: la Castilla y Le¨®n que Vox quiere a cambio de sus votos

El candidato de Vox a las elecciones de Castilla y Le¨®n, Juan Garc¨ªa-Gallardo, fij¨® el lunes sus condiciones para apoyar la reelecci¨®n del popular Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco como presidente de la Junta. Y entre esas imposiciones, la derogaci¨®n de la ley auton¨®mica de violencia de g¨¦nero y el decreto de memoria hist¨®rica, dos normas que el partido de Santiago Abascal engloba en el caj¨®n de sastre de ¡°las pol¨ªticas de izquierdas¡±, aunque hayan sido puestas en marcha en una comunidad donde la derecha gobierna ininterrumpidamente desde hace 35 a?os.

Las dos desarrollan las medidas reguladas en las respectivas leyes estatales y ordenan los recursos y las ayudas para llevarlas a cabo. Si el plan de Vox saliera adelante, las mujeres v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero de Castilla y Le¨®n dejar¨ªan de tener reconocido el derecho a una atenci¨®n especializada en el ¨¢mbito social, psicol¨®gico y jur¨ªdico, no tendr¨ªan la posibilidad de encontrar un refugio seguro para ellas y sus hijos donde ponerse a salvo del maltratador y la Junta ya no estar¨ªa obligada a ofrecer otros servicios a los que le compromete la ley, como la escolarizaci¨®n inmediata de los ni?os que tengan que cambiar de centro por violencia machista. En noviembre de 2021, cuando se hizo p¨²blico el ¨²ltimo balance, la Red de Atenci¨®n a las V¨ªctimas de Violencia de G¨¦nero de la comunidad daba protecci¨®n a 3.181 mujeres.

Ma?ueco asegur¨® este martes que no va a plantear ¡°l¨ªneas rojas¡± en las conversaciones para recabar apoyos a su investidura, pero lanz¨® a Vox una advertencia: su Gobierno tiene ¡°grandes principios¡± que considera ¡°no negociables¡± y uno de ellos es la igualdad entre hombres y mujeres. El programa con el que Vox se present¨® a las elecciones no recog¨ªa la eliminaci¨®n de la ley de violencia de g¨¦nero, aprobada en 2010, pero el negacionismo de esta violencia est¨¢ en el ADN de la formaci¨®n y la norma auton¨®mica es opuesta a las ideas de Vox. Desde la propia definici¨®n de violencia de g¨¦nero que recoge la ley (¡°la manifestaci¨®n m¨¢s grave de la desigualdad, del dominio y abuso de poder de los hombres sobre las mujeres¡±), al reconocimiento de que se trata ¡°de un problema social estructural de primera ¨ªndole¡±.

La derogaci¨®n no dejar¨ªa a las v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero de Castilla y Le¨®n completamente desamparadas, ya que la ley estatal contempla medidas de protecci¨®n jur¨ªdica y social para todas sea cual sea su comunidad. Asimismo, muchos ayuntamientos castellanoleoneses han desarrollado tambi¨¦n su propia red de prevenci¨®n y ayuda contra la violencia machista. Pero la ley que quiere derogar Vox regula la implantaci¨®n efectiva tanto de acciones que impone la norma estatal (y que por tanto son de obligado cumplimiento para la Junta y tendr¨ªa que buscarle otro paraguas legal) como de otras que responden al compromiso adquirido en la reforma del Estatuto de Autonom¨ªa de Castilla y Le¨®n, de 2007. La norma b¨¢sica de la comunidad establece que es competencia exclusiva auton¨®mica ¡°la promoci¨®n de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con particular atenci¨®n a las mujeres v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero¡±.

Las ¡°imposiciones progres¡±

En riesgo de abandono institucional quedar¨ªan tambi¨¦n las v¨ªctimas de la Guerra Civil y el franquismo y sus familias si se deroga el decreto de memoria hist¨®rica, que ordena actuaciones clave, como la localizaci¨®n de fosas y las exhumaciones. Fue aprobado en 2018 y, apenas un a?o despu¨¦s, Vox ya intent¨® derogarlo en las Cortes mediante una proposici¨®n no de ley que no recab¨® ning¨²n apoyo. Pero el partido ultra no renuncia a eliminarlo y lo ha incluido en su programa electoral de Castilla y Le¨®n bajo un ep¨ªgrafe titulado ¡°En defensa de la libertad frente a las imposiciones progres¡±.

Como ocurre con la ley de violencia machista, la derogaci¨®n del decreto de memoria hist¨®rica no dejar¨ªa a las familias de las v¨ªctimas al margen de las pol¨ªticas p¨²blicas porque la ley estatal regula derechos y establece medidas para toda Espa?a. Pero muchas de estas acciones, como la localizaci¨®n e identificaci¨®n de v¨ªctimas, se canalizan a trav¨¦s de las comunidades y ese es el objetivo del decreto que Vox quiere borrar. En cualquier caso, las medidas que emanan de la norma estatal son de obligado cumplimiento, por lo que la Junta no puede dejar de ofrecerlas sin m¨¢s.