Los dilemas que plantea la cooficialidad ling¨¹¨ªstica en todo el Estado

ERC asegur¨® el jueves que ha llegado a un acuerdo con el PSOE para confeccionar en la pr¨®xima legislatura una ley org¨¢nica para que el catal¨¢n sea lengua plenamente oficial en todas las instituciones del Estado, incluida la justicia. Expertos en Derecho Constitucional consultados por EL PA?S ven un amplio margen para avanzar en la cooficialidad ling¨¹¨ªstica en el ¨¢mbito parlamentario, pero ven m¨¢s complejo extender esa cooficialidad a los organismos p¨²blicos en todo el Estado.

En todo caso, los constitucionalistas consultados destacan que las propias C¨¢maras tienen en su mano armonizar dichos derechos mediante la modificaci¨®n de sus respectivos reglamentos. En otros ¨¢mbitos, en cambio, la tarea puede ser m¨¢s compleja, mediante leyes org¨¢nicas, que requieren mayor¨ªa absoluta, de acuerdo con el art¨ªculo 81 de la Constituci¨®n, por afectar a derechos fundamentales. Tal es el caso de la justicia, donde se debate si el conocimiento de una lengua cooficial puede llegar a ser un requisito imprescindible, y no solo un m¨¦rito, para jueces y fiscales que act¨²en en territorios en los que dicho idioma cuente con tal reconocimiento.

Javier Garc¨ªa Roca, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, subraya que ¡°el tema es complejo y dif¨ªcil¡± y que, ¡°en principio, en lo que afecta a las C¨¢maras deber¨ªa estar en el reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado, pues se adentra en la reserva constitucional¡± del mencionado art¨ªculo 81 de la Ley Fundamental. ¡°En lo que ata?e al poder judicial, entra en la reserva de la ley org¨¢nica del Poder Judicial¡±, se?ala Garc¨ªa Roca, quien dice que, ¡°quiz¨¢s, pueda hacerse una ley org¨¢nica que no cubra toda la regulaci¨®n¡±, sino que se ajuste a las caracter¨ªsticas de diversos ¨¢mbitos institucionales, con especial protagonismo de las medidas que se adopten en los reglamentos de las Cortes Generales.

Marc Carrillo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, estima que ¡°una ley org¨¢nica es insuficiente para determinar que el catal¨¢n y, obviamente, el gallego y el euskera, fueran oficiales en todas las instituciones del Estado¡±. Para esta finalidad, a?ade, ¡°ser¨ªa necesario reformar el art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n¡±, cuyos n¨²meros 1 y 2 establecen, respectivamente, que ¡°el castellano es la lengua espa?ola oficial del Estado, que todos los espa?oles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla¡±, y que ¡°las dem¨¢s lenguas espa?olas ser¨¢n tambi¨¦n oficiales en las respectivas Comunidades Aut¨®nomas de acuerdo con sus Estatutos¡±.

Carrillo sostiene que ¡°teniendo en cuenta que el catal¨¢n y las otras lenguas auton¨®micas son tambi¨¦n oficiales en el territorio de sus comunidades aut¨®nomas, la ley org¨¢nica s¨ª que podr¨ªa prescribir su oficialidad en la Administraci¨®n de Justicia¡±. Pero a?ade que habr¨ªa que prever ¡°las medidas materiales (traducci¨®n simult¨¢nea, etc¨¦tera) para asegurar el debido acceso al derecho a la tutela judicial de los ciudadanos¡±.

En cuanto a las Cortes, Carrillo estima que ser¨ªa precisa ¡°una previsi¨®n espec¨ªfica¡± de sus respectivos reglamentos. Y, de nuevo, advierte de que no basta una declaraci¨®n, sino ¡°las medidas pertinentes (traducci¨®n, presupuesto, etc¨¦tera) que garanticen el derecho a la participaci¨®n pol¨ªtica de los parlamentarios¡±. En relaci¨®n con las instituciones comunitarias, Carrillo subraya que ¡°es a la UE a la que corresponde articular decisiones sobre todas las lenguas regionales de las nacionalidades sin Estado¡±.

Eloy Garc¨ªa, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Complutense de Madrid, destaca que no ha de haber dificultades para el uso de las lenguas cooficiales en las C¨¢maras, pero que en otros ¨¢mbitos es ¡°sumamente delicado¡±. Explica que la Constituci¨®n establece que ¡°el espa?ol es la lengua espa?ola oficial del Estado¡± y que las dem¨¢s lenguas ser¨¢n tambi¨¦n oficiales en las respectivas comunidades aut¨®nomas de acuerdo con sus respectivos Estatutos. Su conclusi¨®n es que es la propia Constituci¨®n la que regula ¡°la oficialidad de las lenguas¡±. Por tanto, explica, esto quiere decir que la Constituci¨®n ¡°por disposici¨®n propia se reserva a s¨ª misma la regulaci¨®n de la materia y, si se pretende modificarla, hay que reformar la Constituci¨®n, no recurrir a una ley org¨¢nica¡±. ¡°Estamos ante un supuesto de reserva de Constituci¨®n, un concepto doctrinal de la m¨¢xima importancia¡±, subraya.

A su vez, Xavier Arb¨®s, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, subraya que ¡°el catal¨¢n no puede operar como lengua cooficial en Andaluc¨ªa, ni el gallego en las Baleares¡±, pero explica que ¡°s¨ª puede regularse el uso de las lenguas cooficiales distintas del castellano en instituciones que son ¨²nicas (Tribunal Constitucional, Consejo de Estado...). Eso comportar¨ªa que esa regulaci¨®n se hiciera por ley org¨¢nica¡±.

Arb¨®s a?ade que ¡°los estatutos y las leyes auton¨®micas pueden regular el uso de lenguas cooficiales, adem¨¢s de en las instituciones que dependen de su competencia, ante los ¨®rganos jurisdiccionales de un Poder Judicial que es ¨²nico¡±. Explica al respecto que, mediante una reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, cabr¨ªa establecer como requisito (y no como m¨¦rito) el conocimiento de la lengua cooficial por los jueces y magistrados que vaya a ejercer en un territorio en que exista una, y que algo parecido, siempre hipot¨¦ticamente, podr¨ªa decirse del Ministerio Fiscal mediante reforma de su estatuto org¨¢nico.

Para Xavier Arb¨®s, ¡°todo ello adquirir¨ªa mayor visibilidad si se dictara una ley de lenguas oficiales, como se ha reclamado desde algunos sectores¡±. Y advierte que ¡°algunos de sus apartados, por lo expuesto anteriormente, deber¨ªan tener car¨¢cter de ley org¨¢nica¡±.