Un desahucio inevitable: cuando vivir entre ratas y humedades es lo menos malo

Al caer la noche, la rata campa a sus anchas por el patio de este primer piso. ¡°Come de todo, desde papel de aluminio hasta zapatos¡±, comenta Rachid El Yagoubi, de 50 a?os, junto a su mujer, Fatima Maknassi, de 30. La mujer muestra el v¨ªdeo grabado con el tel¨¦fono la v¨ªspera. Se ve al animal tan tranquilo, casi como otro inquilino m¨¢s, bajo el tendedero y junto a las bicicletas de los ni?os. Esta familia de seis miembros convive desde 2014, adem¨¢s de con los roedores, con las humedades, las goteras y las estrecheces en una casa de 40 metros cuadrados del distrito madrile?o de Puente de Vallecas. C¨¢ritas, citando a Madrid Salud, ya hizo referencia en 2018 a las malas condiciones de habitabilidad y problemas estructurales de la vivienda. Pese a todo, El Yagoubi, su mujer y sus cuatro hijos no encuentran otra alternativa de alquiler. Es m¨¢s, en breve puede hasta que echen de menos vivir en estas condiciones. Este viernes, tras varios fallos judiciales en contra, tienen que irse definitivamente porque desde hace cuatro a?os no renuevan el contrato de alquiler.

El peque?o Amir se amodorra sobre el pecho de su madre ajeno al ajetreo de papeles, maletas, bultos y toda una existencia empantanada a su alrededor. El ni?o cumple un mes de vida el mismo d¨ªa en que dejan este piso del barrio de Entrev¨ªas. El progenitor ya ha alquilado un trastero en el que poder meter todas las pertenencias. Esa es la se?al inequ¨ªvoca de que aceptan a rega?adientes abandonar la vivienda. En 2017 acababa el contrato de alquiler de tres a?os y la propietaria, una sociedad limitada con sede en Pamplona, comunic¨® su decisi¨®n de no renovarlo. EL PA?S se ha puesto en contacto con ella por si quer¨ªan aportar su versi¨®n. Seg¨²n El Yagoubi, quisieron subir la renta mensual de 400 a 750 euros. De nada le ha servido su estrategia de seguir abonando esos 400 euros todo este tiempo sin firmar nuevo alquiler. Fernando Abad, el abogado de oficio que defiende al inquilino, reconoce que ha tratado de dilatar al m¨¢ximo su salida. Tambi¨¦n dice que es legal, una vez expirado el contrato, subir la renta.

¡°No estamos ante un caso de maltrato o negligencia, sino de pobreza por la sobrecarga que supone la vivienda¡±

Carmela del Moral, Save the Children

Una comisi¨®n judicial ya acudi¨® al piso el pasado 21 de abril para tratar de sacar a la familia. Ese mismo d¨ªa, la madre rompi¨® aguas y vino al mundo Amir. Les dieron un mes m¨¢s de plazo. Por eso este viernes 21 de mayo, a las nueve y media de la ma?ana, regresar¨¢ la comisi¨®n con los agentes de polic¨ªa. Todo apunta a que no habr¨¢ nueva pr¨®rroga. ¡°Saquen todos sus muebles y enseres del piso¡±, se lee en la nota. Mientras, la habitaci¨®n m¨¢s peque?a hace de almac¨¦n y la principal acoge a toda la familia. Es un campamento, no hay donde pisar entre los colchones por el suelo, la cama de matrimonio y la cuna.

El Yagoubi est¨¢ contratado de manera temporal por seis meses como vigilante nocturno y acaba de recibir la primera n¨®mina. Esos ingresos, aunque coyunturales, dificultan el poder recibir ayuda p¨²blica. Estos d¨ªas le toca trabajar en la feria del libro de Vallecas, donde tambi¨¦n est¨¢n escolarizados sus otros tres hijos, de 10, 6 y 3 a?os. La principal preocupaci¨®n de los padres es que puedan acabar en las mejores condiciones lo que les queda de curso y el seguimiento m¨¦dico rutinario al peque?o Amir.

El Yagoubi, licenciado en Biolog¨ªa con su t¨ªtulo homologado en Espa?a, se pasa el d¨ªa hablando por tel¨¦fono con unos y otros. Desde la parroquia San Carlos Borromeo a activistas antidesahucios. Trata de buscar una soluci¨®n que no llega. La familia viaj¨® incluso por iniciativa de C¨¢ritas para hacer una entrevista de trabajo en un pueblo manchego para optar a un puesto de alba?il, pero ¨¦l reconoce carece de experiencia. Ante la posibilidad de en una retirada de la custodia de los menores, Carmela del Moral, responsable de pol¨ªticas de infancia de Save the Children, insiste en que ¡°no estamos ante un caso de maltrato o negligencia, sino de pobreza por la sobrecarga que supone la vivienda¡± para la econom¨ªa familiar.

Fuentes del ¨¢rea social del Ayuntamiento de Madrid aseguran que est¨¢n al tanto del caso desde hace al menos dos a?os y que lo han seguido a trav¨¦s del Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (Saer). Este viernes, cuando llegue la hora de dejar el piso, enviar¨¢n un equipo del Samur Social a casa de El Yagoubi. Tratar¨¢n de frenar el lanzamiento y, si eso no es posible, intentar¨¢n ofrecerles un recurso de emergencia.

Fuera de la pr¨®rroga del Gobierno

La familia est¨¢ desde hace dos a?os y medio bajo el paraguas de un programa de atenci¨®n a personas vulnerables de Save The Children. Esta organizaci¨®n humanitaria solicita que no sean obligados a salir de la vivienda, especialmente porque quedar¨ªan menores desamparados y por no contar con vivienda alternativa. En este sentido, reclaman una coordinaci¨®n entre los juzgados y los servicios sociales. ¡°El hogar es el lugar donde la infancia se siente protegida. Un desahucio significa una enorme ruptura en las trayectorias vitales de los ni?os y ni?as que lo sufren y pueden acabar desarrollando trastornos depresivos¡±, se?ala Carmela del Moral.

A la asociaci¨®n Provivienda, que est¨¢ tambi¨¦n en contacto con la familia, le sorprende que no puedan acceder a un alquiler alternativo. Tambi¨¦n le llama la atenci¨®n que no est¨¦n bajo el amparo de la pr¨®rroga decretada hasta agosto por el Gobierno de Pedro S¨¢nchez para evitar desahucios de personas vulnerables durante la pandemia. En un informe del pasado octubre, esta asociaci¨®n detalla que en muchos casos a los extranjeros se les exige para alquilar mayores garant¨ªas y documentaci¨®n o cl¨¢usulas y precios abusivos. El Yagoubi, convencido de que no encuentra casa porque es marroqu¨ª, cuenta que hay ¡°empresas piratas¡± en webs como Mil Anuncios que tratan de enga?ar a los que buscan una vivienda de alquiler.

?l est¨¢ dispuesto a instalarse en el coche si hace falta, pero pide una soluci¨®n, al menos, para su mujer y sus hijos. ¡°En Servicios Sociales hay plazas de acogida para casos de violencia de g¨¦nero. ?Qu¨¦ quieren, que mate a mi mujer o la viole para que les den una vivienda?¡±, pregunta desesperado Rachid El Yagoubi.

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