La C¨¢mara de Cuentas alerta del caos en la gesti¨®n de las ayudas sociales de Madrid, se?ala pagos millonarios indebidos y pide m¨¢s control
El ente fiscalizador critica los retrasos en la concesi¨®n de las ayudas en 2019 y 2020, o la falta de seguimiento, y el Gobierno de Ayuso culpa a los consejeros de Ciudadanos en el Ejecutivo de coalici¨®n
La C¨¢mara de Cuentas alerta sobre el retraso en la gesti¨®n de las ayudas contra la exclusi¨®n social de la Comunidad de Madrid, y sobre su falta de control y seguimiento, en un informe fechado de mayo correspondiente a los ejercicios de 2019 y 2020 (un a?o marcado por la pandemia). El documento del ente fiscalizador insta al Ejecutivo a aumentar su plantilla para asegurar que las solicitudes se gestionan en tiempo y forma, que los perceptores no reciben cobros indebidos tras dejar de cumplir los requisitos, y que estos se reclaman en favor de las arcas p¨²blicas. Un inusual tir¨®n de orejas en el que se llega a advertir a la Comunidad de que se arriesga a posibles reclamaciones patrimoniales por parte de los afectados, y en el que se subraya que se puede generar ¡°indefensi¨®n¡± en los solicitantes rechazados al no motivar las causas de la denegaci¨®n de las ayudas. La dureza de la cr¨ªtica ha reverdecido un conflicto pol¨ªtico que marc¨® la gesti¨®n de Madrid en medio de lo peor de la pandemia: el enfrentamiento entre PP y Cs, que entre 2019 y 2021, con Isabel D¨ªaz Ayuso al frente, formaron el primer gobierno de coalici¨®n de la historia de la regi¨®n.
¡°Los datos que refleja el informe corresponden a la etapa de los consejeros designados por Ciudadanos¡±, argumenta un portavoz gubernamental en referencia al periodo en el que se sucedieron al frente del departamento de Pol¨ªticas Sociales Alberto Reyero y Javier Luengo, aunque, en realidad, el PP estuvo al mando hasta agosto de 2019, pues el Gobierno de coalici¨®n no se firm¨® hasta ese momento. ¡°En cuanto a la gesti¨®n realizada por el actual equipo durante la legislatura reci¨¦n terminada (2021-2023), se han desarrollado una serie de medidas para mejorar los procedimientos y revertir la situaci¨®n heredada de la anterior gesti¨®n¡±, a?ade. ¡°As¨ª, en materia de pensiones no contributivas y de Renta M¨ªnima de Inserci¨®n [RMI] se ha puesto en marcha un Plan de Choque 2022-2023, que ha permitido mejorar la eficiencia en la tramitaci¨®n tanto de las prestaciones como de los cobros indebidos¡±, arranca su enumeraci¨®n. ¡°Y en lo que se refiere a la RMI tambi¨¦n se ha trabajado en mejorar la motivaci¨®n jur¨ªdica de las resoluciones, en la resoluci¨®n en tiempo y forma de los recursos presentados y en el an¨¢lisis de los expedientes para determinar si procede el reintegro de cantidades y, en su caso, reforzar el seguimiento y reclamaci¨®n de las cantidades indebidamente percibidas¡±, sigue. ¡°Todo ello ha permitido pasar de 1.520 expedientes resueltos en el periodo 2019-2020 a los 7.296 resueltos entre 2021 y 2022¡å.
Por comparaci¨®n, es el retrato de un sistema ca¨®tico y asfixiado como poco durante el bienio 2019-2020. Estos son los principales defectos se?alados por el ente fiscalizador en cada una de las l¨ªneas de ayuda estudiadas.
Grandes retrasos. En la RMI solo se resolvi¨® favorablemente en el plazo m¨¢ximo de tres meses legalmente establecido el 44% de las solicitudes de 2019 y el 62% de las de 2020. El retraso en notificar las ayudas que s¨ª se concedieron lleg¨® hasta los 51 y 179 d¨ªas, una espera infernal para familias sin recursos que, advierte la C¨¢mara de Cuentas, puede ¡°dar lugar a responsabilidad patrimonial en la medida que la Administraci¨®n debe responder de cualquier perjuicio causado por el funcionamiento de los servicios p¨²blicos¡±. As¨ª, el 9 y el 11% de los solicitantes finalmente aceptados en 2019 y 2020 vieron como la Administraci¨®n exced¨ªa el plazo legal para contestarles en entre tres y seis meses.
Hay, adem¨¢s, un agravante. La ayuda solo se paga ¡°desde el primer d¨ªa del mes siguiente a la fecha de la resoluci¨®n¡±. As¨ª que las semanas volaron sin que familias necesitadas obtuvieran un ingreso al que ten¨ªan derecho, aunque, se?ala el informe de C¨¢mara, muchas veces la culpa fue suya, pues tardaron en aportar toda la documentaci¨®n requerida. La situaci¨®n, en todo caso, ¡°juega claramente en contra de los intereses del solicitante cuando se le reconoce el derecho a la prestaci¨®n, ya que la Comunidad de Madrid no abona las cantidades de Renta M¨ªnima devengadas desde la fecha de vencimiento del plazo m¨¢ximo para resolver¡±, denuncia el informe del ente fiscalizador.
Sin embargo, ese no es el ¨²nico problema con el tiempo detectado por la C¨¢mara. As¨ª, los recursos no se resuelven en plazo, lo que ¡°conlleva inseguridad jur¨ªdica para el administrado y perjuicios inherentes a dicha dilaci¨®n¡±. Y no solo eso. Las resoluciones de denegaci¨®n, suspensi¨®n o extinci¨®n no est¨¢n motivadas lo que puede ¡°ocasionar al administrado, indefensi¨®n, al ignorar la causa o raz¨®n de la actuaci¨®n administrativa¡±.
De esta forma, familias sin recursos se vieron sometidas a una agotadora cruzada administrativa. Y no fue algo excepcional. Los retrasos en la tramitaci¨®n, seguimiento y control de la prestaci¨®n, se concluye en el documento, son ¡°estructurales¡±. Y no es un problema menor: seg¨²n el informe, en los ejercicios 2019 y 2020, el n¨²mero de familias y beneficiarios perceptores de la prestaci¨®n se eleva a 28.643 y 24.415, que agrupan a un total de 91.076 y 78.605 personas beneficiarias, respectivamente.
Pagos indebidos. La C¨¢mara hace el retrato de un sistema ca¨®tico, convertido en una madeja dif¨ªcil de desentra?ar en la que la falta de personal, la falta de supervisi¨®n en los centros municipales, y los requisitos a cumplir por los solicitantes act¨²an como cuellos de botella. Como resultado, sostiene el informe, hay 9,7 millones de euros pagados indebidamente que a¨²n no se han conseguido recuperar de los 13,5 detectados desde el ejercicio 2010.
Peor a¨²n. Los fiscalizadores creen que el Gobierno ni siquiera tiene un listado exacto de cu¨¢nto dinero ha pagado indebidamente, y tiene que recuperar, porque ¡°en 80 de los expedientes analizados [por el m¨¦todo de cata] cabr¨ªa reclamar cobros indebidos por un importe de, al menos, 113.208 euros, sin que los mismos est¨¦n incluidos en los listados aportados a esta C¨¢mara¡±.
Los expertos de la C¨¢mara de Cuentas llegan a una conclusi¨®n taxativa. Es esta: ¡°Los datos evidencian que se produce un gran retraso, tanto en la identificaci¨®n de beneficiarios que ya no cumplen los requisitos establecidos para la percepci¨®n de la renta [m¨ªnima de inserci¨®n], como en dictar la consiguiente resoluci¨®n del procedimiento, originando un elevado importe de prestaciones indebidas que, debido a las caracter¨ªsticas del colectivo, resultan de muy dif¨ªcil recuperaci¨®n, por lo que es fundamental la detecci¨®n temprana de estos casos para suspender o extinguir la prestaci¨®n, seg¨²n corresponda, a trav¨¦s de un sistema de inspecci¨®n y control eficiente¡±.
De hecho, en 2019 y 2020 hubo que archivar hasta 52 reclamaciones de cobros indebidos de la renta m¨ªnima de inserci¨®n porque el plazo hab¨ªa caducado.
D¨¦ficit de control. El organismo fiscalizador identifica en el caso de las pensiones no contributivas ¡°un d¨¦ficit de control por parte de la Administraci¨®n, que puede dar lugar a la percepci¨®n indebida de la prestaci¨®n a pensionistas que no cumplen con la obligaci¨®n legal establecida¡± de presentar anualmente un informe de que siguen cumpliendo con los requisitos. Por esa raz¨®n, la de haber fallecido, haber mejorado su situaci¨®n econ¨®mica, o haber logrado trabajo, se hab¨ªan realizado hasta 7.716.292 euros en pagos indebidos durante el periodo 2019-2020, seg¨²n la C¨¢mara.
No es, por lo que se ve, un caso ¨²nico, pues los fiscalizadores aseguran que en las prestaciones para personas con discapacidad ni siquiera se hace la revisi¨®n preceptiva de que los perceptores de la ayuda siguen cumpliendo los requisitos.
Esto recomienda la C¨¢mara: ¡°La Consejer¨ªa deber¨¢ resolver las solicitudes de prestaciones no contributivas en el plazo legal establecido y a la revisi¨®n anual de los expedientes de pensi¨®n no contributiva y pensi¨®n por discapacidad en los t¨¦rminos establecidos en el manual de procedimiento unificado de gesti¨®n de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, para lo cual deber¨¢ dotar de los medios humanos y t¨¦cnicos necesarios a la unidad encargada de su gesti¨®n¡±.
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