El Gobierno central est¨¢ dispuesto a llevar hasta el Tribunal Constitucional las reformas de la ley contra la LGTBIfobia y la ley trans de la Comunidad de Madrid, aprobadas en diciembre gracias a la mayor¨ªa absoluta del PP de Isabel D¨ªaz Ayuso y pese a la oposici¨®n de asociaciones, activistas y partidos de izquierdas. El Ejecutivo que preside Pedro S¨¢nchez ha planteado, a instancias del Ministerio de Igualdad, una cuesti¨®n de inconstitucionalidad que afecta a cuatro puntos de la primera norma y a uno de la segunda, por lo que las dos partes se citar¨¢n ahora en una comisi¨®n bilateral para negociar durante un m¨¢ximo de seis meses con las cartas marcadas: o llegan a un acuerdo, o el conflicto acabar¨¢ en el Tribunal Constitucional, tal y como adelant¨® el diario digital P¨²blico y ha podido confirmar EL PA?S.

Las discrepancias que enfrentan a ambas partes se concentran en puntos concretos de las dos normas y son los siguientes, seg¨²n ha detallado un portavoz del Gobierno central. El Ejecutivo auton¨®mico no hab¨ªa respondido a las preguntas de este diario en el momento de publicaci¨®n de este art¨ªculo.

• Ley de Protecci¨®n Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminaci¨®n por Raz¨®n de Orientaci¨®n e identidad Sexual. El art¨ªculo 14 ¡°patologiza la transexualidad¡±, cree el Ministerio de Igualdad, al establecer que los menores trans solo podr¨¢n iniciar su tratamiento hormonal previo examen de un pediatra, tras ser atendidos ¡°por un profesional de la salud mental¡± (psic¨®logo o psiquiatra), o que necesitar¨¢n un informe m¨¦dico favorable ¡°imprescindible¡± si tienen dos o m¨¢s enfermedades o trastornos mentales al mismo tiempo. Adem¨¢s, el Gobierno central impugna los apartados 15 y 17, en los que se especifican los derechos de utilizaci¨®n de espacios por parte de las personas trans ¡°sin menoscabo de los derechos y la intimidad del resto de usuarios, especialmente mujeres, chicas o ni?as¡±. A juicio de Igualdad, esa referencia al uso de espacios comunes en funci¨®n del sexo (en centros de menores, pisos tutelados, residencias de tercera edad¡­) vulnera el art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n al menoscabar el principio de igualdad y supone un uso discriminatorio del lenguaje. El Gobierno central tambi¨¦n se?ala que la ley estatal establece una prohibici¨®n expresa de terapias aversivas o de conversi¨®n incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal, mientras que la norma madrile?a a?ade la coletilla ¡°sin que el asesoramiento psicol¨®gico pueda considerarse discriminatorio ni contrario a la libertad de la persona evaluada¡±.
• Ley de Identidad y Expresi¨®n de G¨¦nero e Igualdad Social y No Discriminaci¨®n. El ministerio impugna que niegue a asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI la legitimaci¨®n para presentarse como acusaci¨®n o representar a v¨ªctimas en procesos penales o administrativos sancionadores. Y recrimina: ¡°Este art¨ªculo vulnera el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia procesal y no diferencia ning¨²n procedimiento¡±.

La convocatoria de la comisi¨®n bilateral entre el Estado y el Gobierno regional supone el ¨²ltimo paso en la estrategia desarrollada por el PSOE contra unas reformas legales a las que se opuso desde el principio. As¨ª, primero los socialistas madrile?os de Juan Lobato anunciaron su voto contrario. Luego, eurodiputados socialistas pidieron en Bruselas medidas para frenar las reformas. Y ahora insta este conflicto jur¨ªdico a trav¨¦s del Gobierno de Espa?a.

¡°El Gobierno ha activado un tr¨¢mite previo al recurso de inconstitucionalidad de las leyes, de la reforma de las leyes LGTBI trans de la Comunidad de Madrid¡±, ha resumido Santiago Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea. ¡°Estas leyes vuelven a patologizar a las personas trans, esperamos que Ayuso rectifique¡±.

La ley de Cifuentes

La Ley regional de Identidad y Expresi¨®n de G¨¦nero e Igualdad Social y no Discriminaci¨®n (conocida como ley trans) fue aprobada en 2016, cuando el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) depend¨ªa de CS. La norma parti¨® de la oposici¨®n y los conservadores no la apoyaron: se abstuvieron. Desde que Ayuso lleg¨® al poder, en agosto de 2019, tuvo esta ley en la diana. Tanto ella como sus principales asesores, empezando por el hoy presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, la consideraron excesivamente ideol¨®gica, ineficaz en su redacci¨®n y cuestionable en alguno de sus preceptos.

De esta manera, el PP esprint¨® para emplear en estas reformas la mayor¨ªa absoluta que hab¨ªa obtenido en mayo de 2023: para diciembre de ese mismo a?o, solo seis meses despu¨¦s, ya se hab¨ªa derogado el derecho al reconocimiento de la identidad de g¨¦nero libremente manifestada (recogida en el art¨ªculo 3 de la norma), al igual que al libre desarrollo de su personalidad y a ser tratado de conformidad a su identidad de g¨¦nero. No fue el ¨²nico cambio. Tambi¨¦n se quit¨® de la norma que el contenido educativo contemple la no discriminaci¨®n por la identidad y expresi¨®n de g¨¦nero, y las acciones de los centros educativos para proteger contra el acoso.

Algo parecido pas¨® con la ley de Protecci¨®n integral contra la LGTBIfobia y la Discriminaci¨®n por Raz¨®n de Orientaci¨®n e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, que la pasada legislatura Ayuso ya pact¨® rebajar con Vox a cambio de recabar su imprescindible apoyo para aprobar la ley ¨®mnibus.

As¨ª, se elimin¨® la prohibici¨®n de que ¡°ninguna persona podr¨¢ ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento m¨¦dico o examen psicol¨®gico que coarte su libertad de autodeterminaci¨®n de g¨¦nero¡±. En este caso, tambi¨¦n desapareci¨® con la reforma la inversi¨®n de la carga de la prueba, con el argumento, sostuvo el PP en su texto, de que fue introducido en la ley ¡°de buena fe o movidos por el af¨¢n de imponer ciertas doctrinas conocidas como ¡°de g¨¦nero¡±.

La norma, adem¨¢s, pas¨® a denominarse ¡°Ley de protecci¨®n, igualdad efectiva y no discriminaci¨®n de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid¡±. Se derog¨® la creaci¨®n del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid, o el Centro de documentaci¨®n y memoria hist¨®rica LGTBI, y se elimin¨® la contribuci¨®n de las instituciones y los poderes p¨²blicos madrile?os a la visibilidad de las personas LGTBI en Madrid. Tambi¨¦n se suprimieron todos los apartados correspondientes a los planes educativos y el fomento de la no discriminaci¨®n, al igual que a la revisi¨®n de curr¨ªculos educativos para incluir ¡°la realidad l¨¦sbica, gay, bisexual, transexual, transg¨¦nero e intersexual en los contenidos transversales de formaci¨®n de todo el alumnado de Madrid¡±.

Como consecuencia de los cambios, las organizaciones LGTBI con experiencia en la materia ya no impartir¨¢n a los profesionales de los centros educativos la formaci¨®n necesaria para garantizar el derecho a la educaci¨®n de los menores de edad LGTBI. Y se ha borrado la obligaci¨®n legal de dar visibilidad a la diversidad a trav¨¦s de la publicidad institucional.

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