El PSOE inicia el expediente para la suspensi¨®n cautelar de militancia de Noelia Posse, exalcaldesa de M¨®stoles, por el ¡®caso ITV¡¯

El PSOE de Madrid ha iniciado el expediente para la suspensi¨®n cautelar de la militancia de cinco concejales socialistas en M¨®stoles ¨Dentre los que se encuentran la exalcaldesa, Noelia Posse¨D, tras abr¨ªrseles juicio oral por la presunta comisi¨®n de los delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos que se investigan en el caso ITV, centrado en esclarecer si la decisi¨®n de condonar una deuda a una empresa dedicada a las revisiones de veh¨ªculos supuso un perjuicio a las arcas municipales. As¨ª se lo avanzan a EL PA?S dos fuentes de la confianza de Juan Lobato, el secretario general de los socialistas madrile?os, que prometi¨® firmeza frente a unos hechos que ocurrieron la pasada legislatura (2019-2023). En ese periodo, el PSOE gobern¨® el segundo municipio m¨¢s poblado de la regi¨®n (m¨¢s de 200.000 habitantes) en coalici¨®n con Podemos. En total, el caso afecta a 11 personas.

¡°Se ha mandado el expediente a la comisi¨®n de garant¨ªas federal¡±, afirma una fuente conocedora de la decisi¨®n de elevar el caso al organismo con capacidad de decisi¨®n, tras conocer este lunes un auto fechado el 31 de julio que abr¨ªa juicio oral en el caso.

El punto dos del art¨ªculo 90 de los estatutos del PSOE establece lo siguiente: ¡°Proceder¨¢ la suspensi¨®n cautelar de afiliaci¨®n de aquellas personas incursas en un proceso penal respecto de las cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la violencia de g¨¦nero o la libertad e indemnidad sexuales (acoso, abuso o violaci¨®n), contra la integridad moral o aquellos ligados con la corrupci¨®n¡±.

Seg¨²n el relato de hechos que recoge el sumario judicial, la empresa de inspecciones t¨¦cnicas de veh¨ªculos que est¨¢ en el coraz¨®n del caso fue adjudicataria el 6 de junio de 2011 de una parcela en el Parque M¨®stoles Tecnol¨®gico. Ten¨ªa que pagar un canon anual de 133.000 euros y se le otorgaba la cesi¨®n del terreno por un periodo de 30 a?os. Esa cuant¨ªa deb¨ªa incrementarse cada a?o seg¨²n el ¨ªndice de precios al consumo (IPC), de forma que en 2020 llegaba ya a los 147.653,59 euros anuales, seg¨²n la querella.

Durante los dos primeros a?os, la ITV pag¨® sin problemas el canon, pero en 2013 solo ingres¨®, siempre seg¨²n el escrito judicial, 713 euros. A fecha del 22 de julio de 2020, adeudaba al Ayuntamiento 1.129.570,78 euros. En noviembre de 2017, el servicio de Recaudaci¨®n inici¨® un procedimiento de cobro al llegar el pasivo a casi 550.000 euros.

La empresa pidi¨® entonces la condonaci¨®n de las cargas y costas, la reducci¨®n de 400.000 euros y el fraccionamiento en 12 meses. Pero el secretario municipal se neg¨® a la petici¨®n en un informe, con el argumento de que se trataba de una empresa privada que hab¨ªa iniciado una actividad ¡°a riesgo y ventura¡± y que no cab¨ªa un reequilibrio econ¨®mico ¡°al no tratarse de un servicio p¨²blico¡±, como la recogida de basuras o la gr¨²a municipal.

En julio de 2020, la concesionaria present¨® una solicitud en la que ped¨ªa la reducci¨®n del canon a 60.000 euros anuales, la condonaci¨®n del 50% de la deuda acumulada y el pago de la otra mitad a raz¨®n de 30.000 euros al a?o hasta el final de la concesi¨®n. Aleg¨® que hab¨ªa solicitado el preconcurso de acreedores con car¨¢cter previo a la solicitud.

Los informes del secretario y del interventor municipal echaron por tierra la petici¨®n, al no haber presentado las cuentas anuales, ni haberlas depositado en el Registro Mercantil, adem¨¢s de no haber aportado un informe de cuentas. La Junta de Gobierno del 1 de septiembre acept¨® el preconcurso, que justo nueve d¨ªas despu¨¦s fue retirado por la concesionaria. En el mismo momento, ped¨ªa la aplicaci¨®n de las nuevas condiciones con car¨¢cter inmediato. Sin embargo, este no se aprob¨® hasta el 20 de octubre, pero con car¨¢cter de urgencia. Al otorgarle ese cariz de inminencia, el Gobierno municipal pudo sortear los informes en contra del secretario y del interventor, seg¨²n el escrito de denuncia. El interventor llev¨® el caso el 5 de noviembre de 2020 ante el Tribunal de Cuentas por posible lesi¨®n a los intereses del Ayuntamiento de M¨®stoles, tras lo cual fue destituido.

En mayo de 2022, el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de la segunda ciudad m¨¢s poblada de la Comunidad de Madrid (207.000 habitantes) consider¨® que no hab¨ªa pruebas de que se hubiera cometido ning¨²n delito, apunt¨® que de hecho la operaci¨®n hab¨ªa beneficiado a la ciudad y sobresey¨® la investigaci¨®n. Sin embargo, en 2023, la Audiencia Provincial de Madrid orden¨® procesar a Posse, y a siete ediles de su equipo de gobierno, formado por PSOE y Podemos. Tras esa decisi¨®n ha llegado ahora la de la apertura de juicio oral.

No es esta la ¨²nica pol¨¦mica que afect¨® a Posse durante su mandato. Sus primeras controversias alcaldesa se remontan a 2019, cuando contrat¨® a su hermana por 52.000 euros anuales para llevar las redes sociales del Ayuntamiento. Luego nombr¨® a Jes¨²s Miguel Espelos¨ªn, hijo de un exconcejal socialista de Madrid, gerente de la Empresa Municipal del Suelo. Adem¨¢s, orden¨® el ascenso de su t¨ªo, funcionario municipal, al que se le otorg¨® un complemento de 1.600 euros al mes. Tambi¨¦n aprob¨® un incremento salarial de 800 euros para su expareja, Gonzalo S¨¢nchez Oliva, colocado como supervisor del Grupo de Intervenci¨®n Especial del Consistorio. Y fich¨® como coordinadora del Gabinete de Alcald¨ªa a una amiga personal, Alicia Dom¨ªnguez Villarino. Todos ellos dimitieron o fueron destituidos tras brotar el esc¨¢ndalo en los medios de comunicaci¨®n.

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