Euskadi pide colaboraci¨®n ciudadana para combatir el fraude en las ayudas sociales

El Gobierno vasco ha decidido pedir ayuda a los ciudadanos para combatir el fraude en el cobro de ayudas sociales. El Servicio de Empleo-Lanbide ha puesto en marcha desde este martes un buz¨®n de comunicaciones que permite a cualquier persona informar, de forma an¨®nima y confidencial, de cualquier sospecha de actuaciones irregulares en la percepci¨®n de las prestaciones de la Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI) y del Ingreso M¨ªnimo Vital (IMV). ¡°Cumplir es la garant¨ªa¡± es el lema de una campa?a impulsada por el Departamento de Econom¨ªa que busca luchar contra el abuso y promocionar el cumplimiento de las obligaciones para el acceso a estos subsidios p¨²blicos.

En la actualidad hay cerca de 57.000 beneficiarios de la RGI, una ayuda que se concede a quienes no tienen recursos econ¨®micos o necesitan complementar rentas, n¨®minas o pensiones bajas. La cuant¨ªa base de referencia de este bono social es de 560,45 euros mensuales. El Ejecutivo aut¨®nomo tiene presupuestado destinar este a?o 382 millones de euros a esta l¨ªnea de ayudas. Es una ventanilla por la que intentan colarse muchas personas que no cumplen con los requisitos establecidos para percibir dicha ayuda. De hecho, Lanbide aflor¨® el a?o pasado 55,8 millones de euros abonados de forma indebida a perceptores. Esa cifra fue de 28,4 millones en 2002.

Este notable incremento se explica por la aplicaci¨®n de nuevos sistemas de control y seguimiento desde la aprobaci¨®n, en abril del a?o pasado, de la reforma legal que regula la concesi¨®n de esta ayuda. Se aument¨® el n¨²mero de inspectores y los importes concedidos comenzaron a revisarse y actualizarse trimestralmente para poner cerco a los defraudadores. Adem¨¢s, se ha multiplicado la transmisi¨®n de datos por interoperatibilidad con la pr¨¢ctica totalidad de administraciones p¨²blicas locales y estatales,

Lanbide quiere estrechar a¨²n m¨¢s la vigilancia al cobro indebido dela RGI y pide colaboraci¨®n ciudadana. La directora de Prestaciones e Inclusi¨®n de Lanbide, Sara Buesa, sostiene que la creaci¨®n de este canal ciudadano responde al compromiso de este organismo con ¡°la ¨¦tica y la protecci¨®n de los recursos p¨²blicos¡±, y de lograr que estos fondos sociales lleguen ¡°a quienes realmente los necesitan¡±. Se ha creado un buz¨®n para recoger denuncias en un apartado de la web del servicio de empleo (www.lanbide.euskadi.eus), donde tan solo ser¨¢ necesario rellenar un formulario y aportar informaci¨®n b¨¢sica del posible caso de incumplimiento. Hasta ahora los ciudadanos pod¨ªan comunicar a Lanbide este tipo de casos, pero no exist¨ªa un procedimiento reglado. Durante este a?o se han recibido 72 denuncias ciudadanas, de las cuales siete han dado pie al inicio de un procedimiento de control, seg¨²n informa este organismo del Gobierno vasco.

En septiembre pasado dos hombres fueron detenidos por la Ertzaintza en Bizkaia por estafar unos 300.000 euros en la RGI, ayudas al alquiler y el IMV. Uno de los arrestados hab¨ªa duplicado su identidad para evitar ser descubierto. Para evitar que Lanbide detectara irregularidades en sus solicitudes, se empadronaban intercambi¨¢ndose los domicilios familiares. Dos meses antes, en julio, la Polic¨ªa Nacional detuvo a tres personas por supuestamente empadronar falsamente a terceros para recibir ayudas. Casos de este tipo se dan a menudo para sortear los controles establecidos para el cobro de las prestaciones sociales en Euskadi. Desde 2016 hasta la actualidad se han llevado a cabo un total de 217 procedimientos penales por casos de esta naturaleza, de los cuales 54 terminaron con una sentencia condenatoria. La mayor¨ªa de las estafas se produce, seg¨²n Lanbide, mediante la falsificaci¨®n de padrones y de documentos de identidad.

El denominado ¡°buz¨®n de comunicaciones antifraude¡± es una herramienta que se complementa con el trabajo que desarrolla la Unidad de Control de Lanbide, integrada por 19 inspectores. El aumento de casos de fraude llev¨® a finales del a?o pasado al Ejecutivo a aumentar los efectivos (se pas¨® de cinco a los 19 profesionales) para identificar irregularidades en los cobros de la RGI. Adem¨¢s, esta unidad de control mantiene una comunicaci¨®n diaria con los diferentes cuerpos policiales, a los que este a?o ha derivado 18 casos para su investigaci¨®n, y colabora tambi¨¦n con otras instituciones como la Inspecci¨®n de Trabajo o el ministerio fiscal. Los datos que maneja los cruzan con otras administraciones, como los padrones municipales, las haciendas p¨²blicas o la Seguridad Social, para conocer la vida laboral o las bases de cotizaci¨®n de las personas perceptoras.

EH Bildu ha pedido al Gobierno que retire esta iniciativa del buz¨®n de denuncias ciudadanas porque, seg¨²n la formaci¨®n independentista fomenta el se?alamiento de las personas m¨¢s vulnerables y asume ¡°marcos narrativos propios de la extrema derecha¡±. La parlamentaria Nerea Kortajarena ha considerado ¡°inadmisible¡± este canal y exigido una rectificaci¨®n ¡°inmediata¡±: ¡°Reman en la direcci¨®n contraria a la inclusi¨®n y la protecci¨®n de las personas perceptoras de la RGI. ?D¨®nde est¨¢n los buzones para denunciar la evasi¨®n fiscal? ?Y para la corrupci¨®n?¡±, se ha preguntado.