El Constitucional revisar¨¢ el estado de alarma a petici¨®n de Vox

El Tribunal Constitucional admiti¨® este mi¨¦rcoles a tr¨¢mite el recurso presentado por Vox contra el decreto de estado de alarma y sus sucesivas pr¨®rrogas. No hay un plazo perentorio para resolver, pero los magistrados son conscientes de la importancia del asunto. En todo caso, cuando terminen las pr¨®rrogas del decreto, se dar¨¢ un plazo para alegaciones al Gobierno, por medio de la Abogac¨ªa del Estado. El tribunal calcula que precisar¨¢ de unos seis meses para resolver el recurso.

La validez del estado de alarma como instrumento jur¨ªdico para asegurar las medidas contra la pandemia est¨¢ siendo objeto de debate desde su aprobaci¨®n el 14 de marzo. Pero ser¨¢ el Constitucional el que diga la ¨²ltima palabra sobre su encaje con la Carta Magna. La redacci¨®n de la sentencia sobre el recurso de Vox le ha correspondido al magistrado Fernando Vald¨¦s Dal-R¨¦, del sector progresista. Este bloque est¨¢ en minor¨ªa en el tribunal de garant¨ªas, lo que hace prever un intenso debate.

No solo la derecha pol¨ªtica ha expresado su disconformidad con el empleo del estado de alarma, contemplado en el art¨ªculo 116.2 de la Constituci¨®n, para hacer frente a la crisis del coronavirus. Tambi¨¦n los sectores conservadores de la magistratura han mostrado con claridad su criterio contrario a la utilizaci¨®n de este instrumento, que permite restringir o limitar temporalmente ¡ªno suspender¡ª derechos fundamentales, para hacer frente a la emergencia sanitaria.

El ejemplo m¨¢s palmario qued¨® de manifiesto la semana pasada con las resoluciones que autorizaban manifestaciones en Arag¨®n y Navarra, dictadas por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Hubo otro tribunal auton¨®mico, el de Galicia, que prohibi¨® la movilizaci¨®n, siendo objeto de un recurso de amparo presentado por la Central Unitaria de Traballadores (CUT). Ello dio pie a que el Constitucional, reunido de urgencia, diera a conocer una primera resoluci¨®n sobre este asunto, en la que deneg¨® el permiso para la manifestaci¨®n. Su argumento b¨¢sico fue que la protecci¨®n de la salud debe prevalecer sobre el derecho de reuni¨®n y manifestaci¨®n.

Ahora bien, el tribunal precis¨® con toda claridad que esa ponderaci¨®n de derechos tiene que hacerse ante cada circunstancia concreta. Es decir, en caso de colisi¨®n de derechos siempre habr¨¢ que medir muy bien hasta qu¨¦ punto la convocatoria de una movilizaci¨®n pone en riesgo la salud p¨²blica. En el supuesto de la organizada en Vigo, los convocantes propusieron cambiar la marcha a pie por una manifestaci¨®n de veh¨ªculos con un solo ocupante, para reducir al m¨¢ximo el riesgo de contagio.

La respuesta del Constitucional fue que no hay derechos ilimitados y que tampoco lo son los de reuni¨®n y manifestaci¨®n. Y cerr¨® el paso a la movilizaci¨®n de Vigo considerando que, entre otras cosas, pod¨ªa perjudicar la fluidez del tr¨¢fico y por ello el traslado de enfermos, en una situaci¨®n que segu¨ªa siendo de emergencia. En el debate entre los magistrados surgi¨® otro argumento, aunque no se emple¨® en el auto dictado, y fue que en el decreto de alarma se prev¨¦ el confinamiento obligatorio de los ciudadanos. La tesis empleada para decantar el debate fue que las manifestaciones implican una libre disposici¨®n de un derecho que, a la vista del decreto de estado de alarma, no queda temporalmente en manos de cada ciudadano. Ese derecho es el de libertad de movimientos, del que carecen ¡ªsalvo excepciones tasadas¡ª todos los obligados a observar las medidas de confinamiento.

El recurso del grupo parlamentario de Vox ¡ªfirmado por los letrados Juan Jos¨¦ Aizcorbe y Antonio Ortega¡ª ofrece al tribunal la oportunidad de afinar sus tesis con una doctrina general. Todo ello con la esperanza de que no surjan nuevas emergencias sanitarias en el inmediato futuro, pero obviamente sin garant¨ªas de que no las haya. El tribunal tambi¨¦n admiti¨® este mi¨¦rcoles a tr¨¢mite los recursos del PP y Vox contra la designaci¨®n del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para el ¨®rgano de control del CNI.

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