El 14 de marzo de 2013 Mohamed Aziz hizo historia. Junto a su abogado, Dionisio Moreno, y al juez Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo, logr¨® vencer al sistema usando tan solo argumentos legales. El Tribunal Europeo de Luxemburgo sentenci¨® que las normas hipotecarias espa?olas no respetaban la directiva comunitaria sobre protecci¨®n de los consumidores. La ley deb¨ªa cambiar. La pr¨¢ctica judicial deb¨ªa cambiar. La Uni¨®n Europea dio un tir¨®n de orejas en toda regla a Espa?a por esta cuesti¨®n.
El magistrado Fern¨¢ndez Seijo, que fue quien llev¨® el caso a Luxemburgo, se convirti¨® a partir de ese momento en una especie de h¨¦roe de los desahuciados y su movimiento. Tres meses despu¨¦s de la resoluci¨®n europea, en su despacho del juzgado mercantil n¨²mero 3 de Barcelona, en la planta 12 de la Ciudad de la Justicia, el juez hace balance de los ¨²ltimos a?os y quita hierro a este protagonismo no buscado. ¡°Es verdad que la sentencia lleg¨® en un momento emocionalmente complejo y que tuvo un efecto simb¨®lico importante¡±, reconoce. ¡°Pero vamos, lo menos parecido a un h¨¦roe soy yo. Tengo dos hijos peque?os y sus h¨¦roes son Batman y Superman. Su padre es un se?or bastante aburrido y ellos no entienden bien lo que hago. El sistema, adem¨¢s, deber¨ªa ser capaz de dar soluciones que evitaran este tipo de situaciones sin necesidad de h¨¦roes¡±.
Fern¨¢ndez Seijo En el 95% de los casos, adem¨¢s, el deudor, ante lo r¨¢pido que iba todo y la falta de instrumentos que ten¨ªa para defenderse, se quedaba en rebeld¨ªa y no aparec¨ªa
Fern¨¢ndez Seijo particip¨® en unas jornadas sobre derecho a la vivienda hace ya siete a?os, en el Colegio de Abogados de Barcelona. All¨ª se encontr¨® por primera vez con Ada Colau. Desde entonces, ha seguido muy de cerca el problema aunque su juzgado, mercantil, no se encarga propiamente de las ejecuciones hipotecarias (que llevan los juzgados de primera instancia). ?l ve dos tipos de asuntos relacionados con los desahucios: por un lado las reclamaciones por cl¨¢usulas abusivas en los pr¨¦stamos hipotecarios, que sol¨ªan llegar con el desalojo de la persona ya realizado, y los procedimientos concursales por otro.
¡°Los pleitos por cl¨¢usulas abusivas empezaron t¨ªmidamente en 2008 y 2009. Todos los d¨ªas entran demandas por cl¨¢usulas suelo¡±, explica. La informaci¨®n en los medios y las victorias judiciales est¨¢n multiplicando el n¨²mero de personas que acuden a los juzgados para reclamar sus derechos. ¡°En el juzgado tambi¨¦n llevamos algunas ejecuciones hipotecarias, pero solo si hab¨ªa previamente una situaci¨®n de concurso¡±.
Cuando se le pregunta por el tipo de casos que ha visto, la respuesta refleja la deshumanizaci¨®n del proceso. ¡°El procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria estaba muy automatizado. El juez ten¨ªa muy poco margen de actuaci¨®n. Para empezar, nosotros no ejecut¨¢bamos viviendas sino unidades registrales, de forma que no pod¨ªamos saber cu¨¢l era la problem¨¢tica social o econ¨®mica que subyac¨ªa al caso. Solo nos dec¨ªan que se trataba de la finca 7.317 del registro de la propiedad de Barcelona. Por eso, casi todas las ejecuciones eran supervisadas por secretarios judiciales y por los servicios comunes del juzgado. En el 95% de los casos, adem¨¢s, el deudor, ante lo r¨¢pido que iba todo y la falta de instrumentos que ten¨ªa para defenderse, se quedaba en rebeld¨ªa y no aparec¨ªa. Nosotros ni siquiera sab¨ªamos si era una plaza de garaje, un local comercial, un trastero o una vivienda. La hipoteca era un n¨²mero. Nos enter¨¢bamos del drama que hab¨ªa detr¨¢s cuando tras el lanzamiento nos dec¨ªan que se trataba de una vivienda con una familia dentro¡±.
El caso de Mohamed Aziz lleg¨® a su juzgado el mismo d¨ªa en el que lo iban a echar de su casa. El marroqu¨ª hab¨ªa pedido una hipoteca en 2008 y tuvo dificultades para pagar casi desde el principio. Cuando dej¨® de hacerlo, ese mismo a?o, el banco present¨® un procedimiento de ejecuci¨®n hipotecaria en Martorell (Barcelona). El d¨ªa del desalojo, su abogado, Dionisio Moreno, acudi¨® al juzgado de Fern¨¢ndez Seijo pidiendo unas medidas cautelares para tratar de paralizarlo. ¡°Pero no hab¨ªa mecanismo legal para hacerlo¡±, recuerda el magistrado. ¡°A m¨ª el caso me entr¨® como un procedimiento por cl¨¢usulas abusivas en el pr¨¦stamo hipotecario. Fue entonces cuando se present¨® la cuesti¨®n prejudicial [la consulta ante el Tribunal de la UE para ver si las leyes espa?olas respetaban o no la normativa europea]¡±.
La sentencia de Luxemburgo, que lleg¨® dos a?os m¨¢s tarde, ese 14 de marzo de 2013, supuso un varapalo a las normas sobre procedimiento hipotecario en Espa?a, contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria. Por un lado, el tribunal estableci¨® que algunos aspectos de la normativa no eran compatibles con la directiva europea de protecci¨®n de los consumidores de 1993 y, por otra, fij¨® una serie de principios sobre c¨®mo deb¨ªan interpretar los jueces la existencia de cl¨¢usulas abusivas.
La resoluci¨®n permit¨ªa a los jueces frenar cautelarmente desahucios ante la posible existencia de cl¨¢usulas abusivas y, adem¨¢s, pod¨ªan examinar de oficio ¨Ces decir, sin que se lo pidieran las partes- si el contrato conten¨ªa este tipo de condiciones. La sentencia del tribunal de la UE abr¨ªa nuevas ventanas de actuaci¨®n a los afectados y obligaba al Gobierno a cambiar la ley ¡°con la m¨¢xima celeridad posible¡±, como se?al¨® ese mismo d¨ªa el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Aziz hab¨ªa conseguido un logro judicial sin precedentes en el ¨¢mbito de los desahucios. ¡°La decisi¨®n, de todas formas, era previsible¡±, opina el juez. ¡°Desde junio de 2000 el Tribunal de Luxemburgo ten¨ªa un criterio muy firme de tutela de los consumidores y las leyes espa?olas no los proteg¨ªan suficientemente¡±.
A partir de la sentencia, ?qu¨¦ ha cambiado? ¡°Hasta hace seis o siete meses los jueces que tomaban medidas para tratar de frenar una ejecuci¨®n hipotecaria lo hac¨ªan sin tener un instrumento legal claro¡±, se?ala el magistrado. ¡°Lo hac¨ªan con bastante inseguridad y con interpretaciones muy forzadas de la ley. Con la resoluci¨®n de Luxemburgo el marco legal es mucho m¨¢s claro y nos est¨¢ permitiendo actuar con m¨¢s seguridad. Ya no pensamos que lo que hacemos es una locura, sino que lo que hacemos es lo correcto¡±.
"No se puede lanzar el mensaje de que usted est¨¢ mejor si no cumple sus obligaciones que si las cumple, porque no ser¨ªa justo para la grand¨ªsima mayor¨ªa de los deudores espa?oles", explica el subsecretario de Estado de Econom¨ªa, Miguel Temboury.
Despu¨¦s de la sentencia lleg¨® un nuevo aval judicial contra los excesos de los bancos: la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cl¨¢usulas suelo, hecha p¨²blica el 8 de mayo de 2013. La resoluci¨®n, aunque considera l¨ªcitas estas cl¨¢usulas, impone unas exigencias de informaci¨®n y transparencia tan altas a los bancos que, en la pr¨¢ctica se puede entender que casi todas incumplieron las condiciones m¨ªnimas.
Aunque, para el juez, el problema de ra¨ªz sigue sin afrontarse: que la gente no paga porque no puede, no porque no quiera. ¡°Todos los remedios son parches para tratar de solucionar un problema que es estructural. Hemos tenido un sistema de acceso a la propiedad que ha sido excesivamente alegre tanto por parte de las entidades financieras como por parte de los consumidores¡±.
De un despacho en Barcelona a otro en Madrid. El subsecretario de Estado de Econom¨ªa y Competitividad, Miguel Temboury, llega con unos minutos de retraso a la cita. No resulta dif¨ªcil imaginarse la apretada agenda del pol¨ªtico en unos d¨ªas en los que se suceden los problemas, los macroecon¨®micos y los de la econom¨ªa m¨¢s dom¨¦stica del pa¨ªs. Cuando llega se disculpa y hace una menci¨®n a esa catarata de temas a los que tiene que hacer frente, entre ellos atender a los medios.
El representante del Ejecutivo no quita importancia a los desahucios. Indica varias veces a lo largo de la conversaci¨®n que ¡°cualquier caso siempre es una tragedia; una situaci¨®n l¨ªmite y extraordinariamente dolorosa para cualquier familia¡±. Pero, a la vez, al igual que hacen las entidades bancarias, insiste en que se trata de un fen¨®meno minoritario, excepcional, y que como tal debe tratarse. ¡°M¨¢s del 96% de los deudores pagan puntualmente¡±, se?ala. ¡°El ¨ªndice de morosidad es extraordinariamente bajo. Y no todos los casos de mora acaban en desahucio, sino que parece que estos no exceden de la d¨¦cima parte¡±.
En todo caso, el Gobierno tuvo que hacer frente al tir¨®n de orejas que supuso la sentencia europea. Ten¨ªa que cambiar la ley y hacerlo con urgencia. La presi¨®n social, adem¨¢s, oblig¨® finalmente al Congreso a tramitar la iniciativa legislativa popular¡ lo que no signific¨® que sus postulados b¨¢sicos fueran aceptados. Una norma muy descafeinada, a juicio de las plataformas que hab¨ªan impulsado la ILP, sali¨® del Congreso el 18 de abril de 2013. La aprob¨® la Comisi¨®n de Econom¨ªa con los votos del PP y la oposici¨®n del resto de los grupos.
La norma incorpora la posibilidad de que los jueces puedan paralizar desahucios mientras se comprueba si hay cl¨¢usulas abusivas; impide a los bancos considerar vencido el contrato hasta que no se hayan impagado tres mensualidades; permite la daci¨®n en pago solo en supuestos muy tasados; y retoca el c¨®digo de buenas pr¨¢cticas para los bancos, entre otras medidas
Temboury defiende la justicia de las nuevas medidas. ¡°La legislaci¨®n hipotecaria favorece al banco, se dice. Pero es que su finalidad es dar al acreedor una garant¨ªa de que va a recobrar el cr¨¦dito que ha concedido. En un cr¨¦dito, una parte, la entidad financiera, entrega el dinero y ya ha cumplido con la prestaci¨®n. Otra persona tiene que devolver el dinero y todav¨ªa no lo ha hecho. El acreedor tiene una expectativa leg¨ªtima que hay que preservar porque, de lo contrario, no se conceder¨¢n pr¨¦stamos. Dicho esto, s¨ª hab¨ªa situaciones de desequilibrio, pero creo que este Gobierno ha actuado con extraordinaria rapidez¡±.
Hay aspectos, sin embargo, que es dif¨ªcil explicar al ciudadano: por qu¨¦ tiene que cargar ¨¦l solo con la p¨¦rdida de valor de los pisos cuando los que tasaban eran los bancos; por qu¨¦ los bancos se adjudican los pisos por la mitad del valor de tasaci¨®n cuando el ciudadano ya no puede pagar su deuda; por qu¨¦ se ayuda a los bancos y no a los deudores individuales¡ ¡°Hay que explicar muy bien el mecanismo del pr¨¦stamo hipotecario¡±, se?ala Temboury. ¡°La econom¨ªa solo puede funcionar si el pr¨¦stamo concedido lo recupera el banco junto a los intereses. Y el mercado ha cambiado. Ya no hay nadie capaz de pagar lo que se pag¨® en origen. En un contexto de crisis, cualquiera que haya adquirido una vivienda, con hipoteca o sin ella, pierde dinero. Es el peligro de una inversi¨®n inmobiliaria. Lo que hay que tener en cuenta es que las cosas se compran en un momento dado y pueden depreciarse. Y no por el hecho de que te hayan prestado el dinero quedas inmune a la depreciaci¨®n¡±.
Seg¨²n el subsecretario, medidas ¡°para evitar que la gente se quede en la calle y evitar que la deuda crezca desmesuradamente cuando el deudor ya ha sido desalojado de su vivienda. Pero la l¨®gica es, que en ¨¦poca de crisis, desgraciadamente todo pierde parte de su valor¡±.
La daci¨®n en pago, principal reivindicaci¨®n de las plataformas, no se admite en la nueva normativa salvo en casos muy tasados. El juez Fern¨¢ndez Seijo recuerda que el trato que reciben los particulares es muy distinto al que se otorga a las inmobiliarias. ¡°El problema es que s¨ª se aceptan, y con car¨¢cter autom¨¢tico o semiautom¨¢tico, daciones en pago para inmobiliarias y promotoras¡±, se?ala.
En algunos casos, el perd¨®n alcanza el 40% del valor. Hay que pensar que la morosidad de las promotoras es del 29% y la de los particulares solo del 4,1%. Es decir, de cada 100 millones que les han prestado los bancos, 29 no los van a recuperar. Sin embargo, de cada 100 millones prestados a los particulares, las entidades financieras solo van a perder 4,1. A pesar de que son mucho m¨¢s morosas que los particulares, reciben un trato mucho m¨¢s favorable. Alguien deber¨ªa explicar por qu¨¦. Creo que no se ha hecho un estudio serio del impacto que tendr¨ªa la daci¨®n en pago en el sistema. Ser¨ªa una buena soluci¨®n para hipotecas j¨®venes y con deudores que acrediten que no pueden hacer frente a la deuda. Y nunca ser¨ªa algo masivo. No todo el mundo entregar¨ªa su casa as¨ª como as¨ª despu¨¦s de haber pagado puntualmente durante a?os.
El magistrado opina que ¡°la ley tiene aspectos positivos, pero en t¨¦rminos generales es una chapuza¡±. ¡°Se hizo con mucha rapidez, sin o¨ªr ni integrar las peticiones de las plataformas; tiene lagunas t¨¦cnicas muy importantes y falta de previsi¨®n. No hubiera estado mal hace unos a?os, pero en el momento en el que estamos es una ley muy insuficiente. Para el juez, el problema de ra¨ªz sigue sin afrontarse: que la gente no paga porque no puede, no porque no quiera.
Por su juzgado pasa gente que tardar¨ªa en pagar todo lo que debe 80 y 90 a?os, y esto en caso de que apenas comiera. Otros le dicen que llevan a?os sin abrir una cuenta corriente. Por eso, el problema de los desahucios, opina, deber¨ªa tener un tratamiento dentro del conjunto de deudas que tiene un consumidor. ¡°Deber¨ªa haber soluciones globales a trav¨¦s de una ley de segunda oportunidad que existe en todos los pa¨ªses de la UE excepto en Bulgaria. La ley concursal espa?ola no permite que a los particulares se les cancelen o perdonen las deudas. Esto ha provocado que en Espa?a el procedimiento concursal se aplique de forma muy residual a los particulares. En Alemania se aplica a m¨¢s de 120.000 personas al a?o, en Francia a m¨¢s de 50.000, en EE UU, a m¨¢s de dos millones de particulares¡ y en Espa?a apenas llega a 1.300, de los cuales el 80% son empresarios. Es una ley absolutamente inadecuada para tratar los problemas de los consumidores. Una segunda oportunidad es b¨¢sica para descargar la mochila del deudor y para que, en alg¨²n momento, pueda volver a incorporarse al mundo. La exclusi¨®n de durante m¨¢s de siete u ocho a?os no la aguanta nadie¡±.