Operación Púnica

En un país indignado por la corrupción masiva del pasado, la corrupción sigue viva en el presente. La investigación judicial sobre las tramas delictivas vinculadas a instituciones públicas por hechos ocurridos hace unos a?os (caso ERE, caso Gürtel, caso Nóos, caso Palau…) han forzado la caída, incluso antes de la condena, de varias decenas de políticos y empresarios. Esta circunstancia podría haber supuesto una vacuna contra nuevas tentaciones delictivas, pero no ha sido así.

La prueba más evidente de que las prácticas corruptas anidan todavía en las instituciones es la Operación Púnica, ordenada por el juez Eloy Velasco y ejecutada por la Guardia Civil, que desarticuló una extensa red político-empresarial dedicada al tráfico de influencias y al pago/cobro de comisiones ilegales que operaba, casi hasta ayer, en administraciones públicas de varias comunidades autónomas.

La Fiscalía Anticorrupción destapó este escándalo a raíz de una sorprendente, por inesperada, confidencia suiza en la Nochebuena de 2013. Sin que ninguna autoridad judicial lo pidiera, la fiscalía del país helvético remitió a sus colegas espa?oles información sobre una sospecha de “delito agravado de blanqueo de capitales" en relación con los ahorros que Francisco Granados y su amigo constructor David Marjaliza ocultaban en un banco de ese país.

La fiscalía suiza llegó al político del PP por su pasado. Granados estaba se?alado en Espa?a por el escándalo de la supuesta trama de espionaje político financiada en 2008 con fondos públicos de la consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Granados era el consejero de Interior y controlaba el supuesto aparato de espionaje, integrado por tres guardias civiles a los que había fichado personalmente como asesores de seguridad.

En la terminología bancaria suiza, Granados era un PEP (persona especialmente expuesta) a la que había que hacer seguimiento sobre el origen de sus fondos. Es la misma categoría que los bancos suizos asignaron, por ejemplo, al ex tesorero Luis Bárcenas cuando fue nombrado senador del PP y tuvo que dar explicaciones sobre los negocios en los que participaba para justificar los ingresos que hacía en sus cuentas.

lAS AUTORIDADES SUIZAS SOSPECHARON DE UN "delito agravado de blanqueo de capitales" EN LOS AHORROS DE GRANADOS Y SU AMIGO MARJALIZA

Granados, ex secretario general del PP de Madrid, ex senador y ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, llevaba a?os bajo sospecha. Los escándalos que le perseguían nunca lograron acabar con su carrera política. La presidenta Aguirre se encargó de protegerle sin reservas durante varios a?os.

Hasta que llegó el secreto bancario suizo en la Nochebuena de 2013. Entonces Granados se despidió a la fuerza y para siempre de la política activa.

La información suiza sobre el ex consejero Granados llevó a la Fiscalía Anticorrupción a tirar del hilo bancario con ayuda del juez Eloy Velasco, quien abrió una investigación secreta, ordenó intervenciones telefónicas, vigilancias, seguimientos e informes tributarios con los que fue dibujando un mapa de carreteras secundarias que conducían a Granados o a su amigo íntimo, el constructor David Marjaliza, ambos en prisión incondicional.

La red Púnica, según el relato judicial, extendió sus negocios ilegales sobre varios ámbitos de la vida pública mediante distintas tretas:

• Ama?o de contratos millonarios en diversos municipios de la Comunidad de Madrid a una multinacional francesa experta en sistemas de eficiencia energética. El sumario continúa oculto bajo el secreto reforzado y se desconocen las pruebas que acreditan el pago de mordidas por parte de la empresa, Cofely, a los politicos municipales a cambio de contratos millonarios.
• Pago con fondos públicos para publicidad en Internet. Políticos de diversas instituciones pagaron con fondos públicos mediante un complejo sistema de facturación trabajos de “reputación” para contrarrestar con campa?as positivas en páginas de Internet noticias negativas que les perjudicaran.
• Adjudicación de contratos ama?ada a favor de una empresa de organización de conciertos en fiestas populares.

La causa abierta en la Audiencia Nacional afecta a siete ayuntamientos madrile?os (Valdemoro, Parla, Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos y Serranillos del Valle), la Diputación Provincial de León, el municipio de Almendralejo (Badajoz) y las comunidades autónomas de Madrid y Murcia. El juez investiga delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y utilización de información confidencial.

El presidente de la Diputación Provincial de León y seis alcaldes imputados por el juez en la Operación Púnica han dimitido de sus cargos.