?Qui¨¦n vela por el patrimonio en Espa?a? Solo estas aguerridas asociaciones (y ninguna corporaci¨®n p¨²blica)

Algo que caracteriza a los activistas en defensa del patrimonio cultural en Espa?a, y pr¨¢cticamente solo a ellos, es por qu¨¦ no est¨¢n agrupados en una gran red estatal. Las respuestas apuntan a menudo al ¨¢mbito de las explicaciones sociol¨®gicas. Espa?a, a diferencia del Reino Unido o Italia, no ser¨ªa un pa¨ªs proclive a unirse para defender el legado de generaciones pasadas. Y eso que un an¨¢lisis de partida puede apuntar a lo contrario: con 49 lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, es, tras China e Italia, el tercero con mayor n¨²mero de reconocimientos. Asociadas, ser¨ªan centenares de belicosas entidades locales centradas en denunciar desatenciones y desmanes urban¨ªsticos, que compensar¨ªn la ausencia de una entidad paraguas unificadora de esfuerzos e incluso administradora de parte de los bienes.

La referencia del mundillo suele ser el National Trust brit¨¢nico, tanto por la preservaci¨®n que promueve como por ser un modelo de explotaci¨®n sostenible. Fundado por tres fil¨¢ntropos victorianos en 1895, naci¨® con el objetivo de garantizar a la clase trabajadora lugares naturales de esparcimiento. ¡°Es el verdadero paradigma. En ¨¦l se inspiran la mayor parte de organismos nacionales, p¨²blicos o privados, que han aparecido en las ¨²ltimas d¨¦cadas¡±, apunta Miquel Rafa, director de Territorio y Medio Ambiente de la Fundaci¨®n Catalunya-La Pedrera. Con seis millones de miembros, 700 millones de euros de presupuesto y la titularidad de 300 monumentos, una superficie superior a la de la provincia de Bizkaia y 1.200 kil¨®metros de costa, el National Trust ejerci¨® tambi¨¦n de inspiraci¨®n para la asociaci¨®n catalana Territori i Paisatge.

Creada en 1998 en el seno de la desaparecida Caixa Catalunya, cont¨® por ello con ¡°recursos excepcionales¡±, precisa Rafa. ¡°No siempre se dispone de importes millonarios para comprar fincas¡±, ironiza este bi¨®logo con m¨¢s de dos d¨¦cadas de experiencia como conservacionista. En apenas cinco a?os, la entidad, el ejemplo m¨¢s ambicioso de crear en Espa?a una gran red de gesti¨®n patrimonial, se hizo con 7.000 hect¨¢reas de desfiladeros, monta?as y bosques. Hoy est¨¢ diluida en la fundaci¨®n privada propietaria y gestora del emblem¨¢tico edificio gaudiano de Gr¨¤cia, de donde proceden parte de los recursos para su mantenimiento. En las dos ¨²ltimas d¨¦cadas, sin embargo, su superficie en propiedad apenas ha variado, lo que se?ala las dificultades de este tipo de proyectos para crecer sin aportes externos.

Por esa raz¨®n, ensayan desde hace a?os lo que denominan ¡°acuerdos de custodia¡±. Se trata de contratos con entidades p¨²blicas o con particulares para gestionar entornos naturales. Estas colaboraciones les autorizan a realizar visitas guiadas u otras actividades con la que costean parte del mantenimiento de los espacios; a cambio, en ocasiones deben abonar peajes a los propietarios en forma de trabajos de conservaci¨®n. Se apoyan para ello en 1.500 voluntarios ambientales de los 22.000 que existen en Catalu?a, seg¨²n estimaciones de la Xarxa de Conservaci¨® de la Natura. Por ahora cuentan con 39 terrenos y casi 300 hect¨¢reas en custodia, y creen que su modelo es aplicable a otros bienes culturales. ¡°Hay monumentos en el Estado que fundaciones u ONG, con acuerdos similares, gestionar¨ªan con gran eficiencia¡±, apunta Rafa.

Junto con estos contratos, otro elemento que algunos de los activistas consultados consideran positivo son las ventajas fiscales, habitual caballo de batalla en los debates acerca de si Espa?a deber¨ªa contar con una ley de mecenazgo. La referencia aqu¨ª es la Fondation du patrimoine francesa, una entidad p¨²blico-privada que concede placas a propietarios que reforman viviendas o jardines de valor hist¨®rico y determinadas caracter¨ªsticas, como ser visibles desde la v¨ªa p¨²blica. La distinci¨®n les permite desgravar gran parte de los trabajos y no exige de los bienes que est¨¦n reconocidos como monumentos, lo que permite una recuperaci¨®n en cascada de patrimonio. En Espa?a, es sobre todo en el cap¨ªtulo de donaciones donde existen beneficios tributarios, pero el Ministerio de Cultura tiende a considerar el mecenazgo, tal y como aclara en su web, como ¡°una actividad altruista¡±.

Sin embargo, las cuestiones fiscales no son el principal factor que condiciona el estado del patrimonio espa?ol, razona Sergio Cebri¨¢n, activista en diversas asociaciones. ¡°Las pocas facilidades contributivas conviven con la ausencia de un ente proveedor de fondos estatales y con una filantrop¨ªa, en empresas y en el ciudadano medio, muy limitada¡±, sostiene. Hay, con todo, un dato positivo: el auge de los micromecenazgos, especialmente en el medio rural, que parece consolidarse. ¡°Los donantes perciben que su contribuci¨®n tiene un efecto directo, y eso es muy sugerente¡±, justifica. Restauraciones como la del artesonado mud¨¦jar de la iglesia de Valcabado del P¨¢ramo (Le¨®n) o la del retablo de la de Quintanilla de Riofresno (Burgos), proyectos en un comienzo desconocidos m¨¢s all¨¢ de sus comarcas, se han puesto en marcha gracias a centenares de peque?os donantes y abren un horizonte a otras iniciativas, aunque tambi¨¦n las ha habido que no han prosperado.

El fen¨®meno trasciende las habituales campa?as de denuncia, el mayor reto del asociacionismo junto con crear redes que se extiendan m¨¢s all¨¢ de comunidades locales. Este segundo objetivo est¨¢ todav¨ªa sin desarrollar, ¡°pese a que los mimbres son los adecuados¡±, asegura Alberto Fern¨¢ndez D¡¯Arlas, presidente de ?ncora, asociaci¨®n privada sin ¨¢nimo de lucro dedicada a proteger el patrimonio arquitect¨®nico de San Sebasti¨¢n. ¡°Existen preocupaciones comunes, como la falta de recursos o la opacidad en el acceso a expedientes urban¨ªsticos¡±, explica. En Espa?a hay secciones estatales de asociaciones internacionales como Europa Nostra o ICOMOS, asociada a la UNESCO, pero no una red que una a voluntarios locales.

No se trata de una situaci¨®n que se explique por la falta de recursos. La financiaci¨®n es, de hecho, un cap¨ªtulo que despierta opiniones contrapuestas. Algunas asociaciones no aspiran a recibir subvenciones para no ver cuestionada su autonom¨ªa. S¨ª hay consenso, en cambio, en que las Comunidades Aut¨®nomas no deber¨ªan torpedear que estas entidades sean declaradas de utilidad p¨²blica, un tr¨¢mite que les reconoce el derecho a asistencia jur¨ªdica gratuita. ¡°En un escenario de tanto litigio como el espa?ol, es un ataque a nuestra l¨ªnea de flotaci¨®n¡±, afirma Alberto Teller¨ªa, de Madrid, Ciudadan¨ªa y Patrimonio, agrupaci¨®n de asociaciones que carece de la distinci¨®n.

Precisamente a esta entidad se refiere Pilar Biel, coordinadora del m¨¢ster en Gesti¨®n del Patrimonio Cultural de la Universidad de Zaragoza, para condensar la tarea de estos peque?os grupos de voluntarios. ¡°No solo difunden el legado del pasado para el disfrute de todos; en muchos casos desenmascaran manipulaciones sutiles, por ejemplo en planes de ordenaci¨®n urbana, que buscan el privilegio de unos pocos¡±, sostiene. La principal ventaja del atomismo de las organizaciones es la detecci¨®n de intervenciones problem¨¢ticas sobre el patrimonio, por definici¨®n locales. Sin embargo, la gran casu¨ªstica que las ampara dificulta la reacci¨®n de las entidades, que por su misma estructura cuentan con escasos recursos. De ah¨ª que el grueso del movimiento asociativo salude iniciativas como la que en 2020 llev¨® al Parlament de Catalu?a a aprobar una ley de ordenaci¨®n del litoral que inclu¨ªa la creaci¨®n de un Conservatori del Litoral encargado de realizar compras p¨²blicas de suelo para salvarlo de la especulaci¨®n. La norma, cuya suspensi¨®n fue levantada en septiembre por el Tribunal Constitucional, se inspiraba para idear este organismo en el ejemplo franc¨¦s del mismo nombre, que gestiona unos 50 millones de euros al a?o.