Sorpresa, cari?o: he preparado caf¨¦

La decisi¨®n de tramitar un indulto para los llamados ¡°presos del proc¨¦s¡± es una iniciativa pol¨ªtica que se puede argumentar con rigor y que, pese a que quiz¨¢ sea poco popular en muchas zonas de Espa?a, es plenamente racional. Por el contrario, impedir que el rey Felipe VI viaje a Barcelona para presidir la entrega de nuevos despachos a los jueces que ocupar¨¢n plaza en esa ciudad es tambi¨¦n una decisi¨®n pol¨ªtica, pero no es f¨¢cil argumentarla con un m¨ªnimo de rigor y racionalidad.

La capacidad de indultar es una de las competencias de los Gobiernos democr¨¢ticos de casi todo el mundo y pretende en ocasiones dar soluci¨®n a problemas humanitarios y en ocasiones a problemas de ¨ªndole pol¨ªtica. En el caso de Oriol Junqueras y de sus compa?eros, el indulto es una decisi¨®n racional para ayudar a hacer frente a un problema pol¨ªtico. La ventaja del indulto, adem¨¢s, es que no implica ignorar el reproche penal que mereci¨® la actuaci¨®n de esas personas. Ese reproche sigue vigente porque el problema con los independentistas no fue, como algunos quieren aducir ahora, que no se pueda lograr la independencia estando en minor¨ªa, sino que simplemente, aunque fuera posible, ser¨ªa antidemocr¨¢tico. Aun as¨ª, hay un gran n¨²mero de ciudadanos que considera que su larga condena es injusta, lo que plantea un problema pol¨ªtico que debe ser abordado. La soluci¨®n es una medida que est¨¢ en manos del Gobierno: el indulto. Una decisi¨®n plenamente legal y racional.

Cosa diferente es que se vincule la soluci¨®n de un problema pol¨ªtico a la reforma del C¨®digo Penal y del delito de sedici¨®n. No es una gran idea relacionar un cambio legislativo importante con una cuesti¨®n puntual como, por ejemplo, la negociaci¨®n de unos presupuestos. Una cosa es una decisi¨®n pol¨ªtica, leg¨ªtimamente competencia del Gobierno, y otra la reforma de una de las principales leyes del Estado, modificaci¨®n que requiere una mayor¨ªa cualificada del Congreso. El delito de secesi¨®n debe seguramente reformularse para encuadrarse mejor en el derecho penal, como afirman destacados penalistas espa?oles, pero no deber¨ªa contemplarse como una ¡°salida¡± para un conflicto determinado.

El Gobierno ha alegado tambi¨¦n razones pol¨ªticas (¡°proteger la Monarqu¨ªa¡±, en palabras del ministro de Justicia) para impedir la presencia del Rey en el acto que el Consejo General del Poder Judicial celebraba en Barcelona. La explicaci¨®n del ministro plantea dos problemas. Primero, porque, seg¨²n ¨¦l, la decisi¨®n fue tomada ¡°por quien ten¨ªa que tomarla¡±, una f¨®rmula extra?a. No puede haber dudas sobre a qui¨¦n le corresponde decidir la agenda pol¨ªtica del Rey y su presencia en actos oficiales: al Gobierno. Al expresarlo de una manera tan ambigua, lo que hizo el ministro fue justamente introducir un equ¨ªvoco sobre las capacidades de la Casa del Rey y del propio Felipe VI, algo que ayuda muy poco a la instituci¨®n.

El segundo problema es la idea de que, ante la posibilidad de que se produzca en Barcelona un incidente de orden p¨²blico, el Gobierno crea que la mejor manera de proteger al jefe del Estado es suspender el viaje en lugar de disponer los medios para evitar ese percance.

Una vez m¨¢s, hay confusi¨®n entre raz¨®n pol¨ªtica y raz¨®n institucional. Pol¨ªticamente es posible que al Gobierno no le convenga esa situaci¨®n, pero eso no tiene nada que ver con la defensa de la instituci¨®n que, a prop¨®sito, es la jefatura del Estado m¨¢s que ¡°la Monarqu¨ªa¡±. De hecho, la misma cuesti¨®n se hubiera planteado en el caso de que un presidente de la Rep¨²blica fuera a viajar a una ciudad donde un grupo de mon¨¢rquicos anunciara una manifestaci¨®n. El jefe del Estado, se supone, viaja por el territorio del Estado. Mezclar raz¨®n pol¨ªtica alegando razones institucionales va a hacer que acabemos recordando la vi?eta del inolvidable Forges: un hombre en una cocina pr¨¢cticamente destruida que le dice a su reci¨¦n llegada compa?era: ¡°Sorpresa, cari?o: ?he preparado caf¨¦!¡±.