Ni el Gobierno ni los Reyes tienen papel alguno en el juramento de la Constituci¨®n de Leonor

¡°Alteza, con el juramento que vais a prestar est¨¢is simbolizando vuestro sometimiento al derecho¡°. El entonces presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, resumi¨® muy bien, el 30 de enero de 1986, en tan pocas palabras, el significado del acto de juramento de la Constituci¨®n que est¨¢n obligados a formular en Espa?a los herederos de la Corona. Las palabras estaban dirigidas al entonces pr¨ªncipe Felipe, pero son ahora perfectamente v¨¢lidas para su hija, la princesa Leonor, que prestar¨¢ su propio juramento (o promesa) ante las Cortes Generales el pr¨®ximo martes 31 de octubre. Es un acto al que acuden los Reyes, el Gobierno y multitud de invitados con cargos institucionales, pero que tiene solo dos protagonistas: la Princesa y las Cortes Generales. El resto, incluidos los Reyes, son puros espectadores. De hecho, podr¨ªa no estar presente ninguno de ellos y el acto tendr¨ªa el mismo valor de legitimaci¨®n de la Princesa como futura jefa de Estado.

Para el acto de jura del pr¨ªncipe Felipe no exist¨ªa un precedente y hubo dudas sobre si deb¨ªa intervenir el presidente del Gobierno (en aquel momento, el socialista Felipe Gonz¨¢lez), algo que les parec¨ªa interesante tanto al rey Juan Carlos como al propio Gonz¨¢lez, quiz¨¢ para hacer hincapi¨¦ en la neutralidad pol¨ªtica de la instituci¨®n mon¨¢rquica. Fue la oposici¨®n de Peces-Barba a que el acto tuviera la menor significaci¨®n partidista la que fij¨® el modelo absolutamente neutral que se seguir¨¢ el pr¨®ximo martes. ¡°En este acto no pintan nada ni el Rey ni el Gobierno¡±, lleg¨® a decir el entonces presidente del Congreso de los Diputados. Lo que importaba era la forma exacta del juramento que deb¨ªa prestar el pr¨ªncipe, de forma que ¡°guardar y hacer guardar la Constituci¨®n y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades aut¨®nomas¡± fueran por delante de la propia fidelidad al rey. La Monarqu¨ªa espa?ola, pensaba Peces-Barba, no es propiedad de un rey, sino una instituci¨®n creada por los propios ciudadanos.

Don Juan Carlos no jur¨® nunca la Constituci¨®n, pero no cabe duda de que la promovi¨® con todas sus fuerzas, porque comprendi¨® perfectamente que la ¨²nica manera de legitimar la Monarqu¨ªa, puesta en pie por el r¨¦gimen franquista, y apoyada por los sectores m¨¢s rancios y cat¨®licos de la sociedad espa?ola, era encontrar un soporte genuinamente democr¨¢tico. ¡°Me acaban de legalizar¡±, dijo p¨²blicamente el d¨ªa en que la Comisi¨®n Constitucional aprob¨® el art¨ªculo 1.3, seg¨²n el cual la forma pol¨ªtica del Estado es la Monarqu¨ªa parlamentaria.

Las serias acusaciones formuladas contra don Juan Carlos por su reiterada defraudaci¨®n fiscal y por mantener parte de su fortuna en para¨ªsos fiscales han perjudicado la imagen de la instituci¨®n, que exige un trabajo de recomposici¨®n a cargo de Felipe VI y, a partir de ahora, tambi¨¦n de la princesa Leonor. Felipe VI ha introducido algunas mejoras respecto a la transparencia de la Casa del Rey, pero existe todav¨ªa un margen de mejora respecto a la claridad que debe rodear todas las actividades de la Familia Real y una responsabilidad en ello mucho mayor que la asumida hasta ahora por el Gobierno de turno.

Si el rey em¨¦rito ha causado, sin duda, grave da?o a la Monarqu¨ªa, ser¨ªa tambi¨¦n justo reconocer que con su trabajo institucional como jefe de Estado puso en pie un modelo de dif¨ªcil reproche. Don Juan Carlos bas¨® su ¨¦xito y el de la instituci¨®n en su capacidad para mantener alejada la Corona de cualquier tipo de contienda partidista y escrupulosamente ligada a la Constituci¨®n de 1978. Esa f¨¦rrea neutralidad pol¨ªtica del Rey logr¨® dar a la instituci¨®n una estabilidad muy notable y deber¨ªa ser un punto de referencia en el nuevo papel que asumir¨¢ a partir de ahora la princesa Leonor.

El acto de juramento del pr¨®ximo martes representa el compromiso entre la futura heredera de la Jefatura del Estado con la Constituci¨®n ante las Cortes generales. Lo l¨®gico ser¨ªa que asistieran todos los electos en las ¨²ltimas elecciones, entre ellos, desde luego, los diputados de Podemos que promueven leg¨ªtimamente la rep¨²blica, pero que se reconocen como ciudadanos espa?oles. Son los independentistas, que no aceptan ser ciudadanos del Estado espa?ol, los que ya han anunciado que no estar¨¢n presentes. Lo curioso es que pueden expresarse en contra del acto precisamente porque son ciudadanos espa?oles.

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