La Corte Penal Internacional entrar¨¢ en vigor el 1 de julio con la oposici¨®n de EE UU
Con sede en La Haya, la CPI, que tendr¨¢ car¨¢cter permanente, juzgar¨¢ a personas acusadas por cr¨ªmenes de guerra, cr¨ªmenes contra la Humanidad y genocidio.-EE UU considera que la corte pondr¨ªa en peligro sus operaciones antiterroristas
El Estado n¨²mero 60 ratifica hoy el Estatuto de Roma, lo que permitir¨¢ la entrada en vigor, el pr¨®ximo 1 de julio de la Corte Penal Internacional (CPI) que podr¨¢ juzgar graves violaciones de Derechos Humanos en todos los continentes.
Su andadura empezar¨¢ casi cinco meses despu¨¦s de que su precedente m¨¢s cercano, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) obtuviera credibilidad mundial al lograr sentar en el banquillo al ex presidente Sloboban Milosevic.
Milosevic se convirti¨® as¨ª en el primer ex jefe de Estado juzgado por cr¨ªmenes de guerra y contra la Humanidad y genocidio, creando un precedente que podr¨ªa allanar el camino a esta nueva corte.
Con sede en La Haya, la CPI, que tendr¨¢ car¨¢cter permanente, investigar¨¢ y juzgar¨¢ a personas, no a Estados, acusadas por cr¨ªmenes de guerra, cr¨ªmenes contra la Humanidad y genocidio que se cometan a partir de su entrada en vigor, ya que no tiene competencia retroactiva.
El tribunal, que no ser¨¢ parte de la ONU, sino que tendr¨¢ que rendir cuentas a los pa¨ªses que han ratificado el Tratado, estar¨¢ formada por 18 jueces elegidos por mandatos de nueve a?os y un equipo de fiscales e investigadores.
Un largo proceso
El establecimiento de una corte de estas caracter¨ªsticas ha formado parte de la agenda de las Naciones Unidas desde 1948, pero no fue hasta las masacres de Camboya, la ex Yugoslavia y Ruanda que se aceler¨® el proceso de creaci¨®n.
El primer gran paso fue en la Conferencia de Plenipotenciarios en Roma en 1998, donde se aprob¨® su creaci¨®n con el voto a favor de 136 pa¨ªses, la abstenci¨®n de 21 y el voto en contra de 7, entre otros, Estados Unidos.
La efectividad del tribunal depender¨¢ del n¨²mero de Estados que lo ratifiquen, ya que s¨®lo tiene competencia para juzgar cr¨ªmenes cometidos en el territorio de uno de estos Estados o por uno de sus s¨²bditos.
El Estatuto tambi¨¦n prev¨¦ la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le pida que juzgue alg¨²n crimen que suponga una grave amenaza para la paz y la seguridad mundial, en cuyo caso la CPI podr¨¢ ejercer su competencia sin limitaciones espaciales.
A diferencia de los tribunales que juzgan los cr¨ªmenes de Ruanda y la antigua Yugoslavia, ¨¦ste tiene car¨¢cter "complementario" lo que significa que s¨®lo podr¨¢ actuar cuando los Estados no puedan o quieran juzgar los cr¨ªmenes.
En la actualidad 56 pa¨ªses han ratificado el acuerdo y entre los que esperan hacerlo hoy figuran Bosnia, Bulgaria, Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo, Camboya, Irlanda, Jordania, Mongolia, Ruman¨ªa y Eslovaquia.
Con ellos se elevar¨¢n a 31 los europeos que han ratificado entre ellos, todos los de la Uni¨®n Europea (UE), con excepci¨®n de Grecia, y muchos del antiguo bloque del este; 14 en Africa; 5 en Asia y 4 en Ocean¨ªa.
En Am¨¦rica Latina son pa¨ªses pioneros Argentina, Costa Rica, Rep¨²blica Dominicana, Ecuador, Panam¨¢, Paraguay, Per¨² y Venezuela.
La oposici¨®n de EE UU
La gran oposici¨®n a la constituci¨®n de la Corte Penal Internacional proviene de Estados Unidos, que no s¨®lo ha manifestado su voluntad de no ratificar el tratado, sino que incluso ha amenazado de retirar su nombre de la lista de signatarios, de la que forma parte tras firmar el estatuto el pasado 31 de diciembre del 2000, justo antes de que el presidente Bill Clinton abandonara su cargo.
Aunque te¨®ricamente a partir del 1 de julio pr¨®ximo podr¨ªa presentarse el primer caso, pasar¨¢n algunos meses antes de que un supuesto criminal de guerra se siente en el banquillo de los acusados.
La Corte ser¨¢ por el momento provisional, aunque la comisi¨®n preparatoria de la ONU, en la que participan los gobiernos, ya ha realizado un primer borrador de las reglas de procesamiento e investigaci¨®n de cr¨ªmenes, aunque todav¨ªa quedan por abordar otros aspectos como la financiaci¨®n, los empleados, las instalaciones y otros muchos detalles.
Los estados signatarios no se reunir¨¢n hasta el mes de septiembre para resolver cuestiones pr¨¢cticas y no ser¨¢ hasta enero de 2003 cuando los jueces, fiscales y secretarios sean escogidos lo que significar¨¢ que el TPI no estar¨¢ funcionando en la pr¨¢ctica hasta fines del 2003 y principios de 2004.
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