Argentina ratifica el tratado que considera que los cr¨ªmenes de guerra no prescriben
La decisi¨®n se produce la v¨ªspera del debate para derogar la Ley de Punto Final
El Gobierno argentino se adhiri¨® a la Convenci¨®n Internacional cuyos postulados consideran que los cr¨ªmenes de guerra y lesa humanidad no prescriben, seg¨²n anunci¨® el ministro de Justicia y Seguridad del pa¨ªs, Gustavo Beliz. "Verdad y justicia, no impunidad", ha dicho en rueda de prensa al informar acerca de la firma del decreto por el presidente N¨¦stor Kirchner.
Argentina se adhiri¨® a esa convenci¨®n de las Naciones Unidas a mediados de la d¨¦cada de los a?os ochenta y en 1995 el Parlamento aval¨® por ley esa decisi¨®n, pero desde ese entonces faltaba la ratificaci¨®n gubernamental para que entrara en vigor.
La decisi¨®n del Gobierno de Kirchner se produce en la v¨ªspera de una sesi¨®n de la C¨¢mara de Diputados citada para debatir un proyecto del bloque de Izquierda Unida para anular las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, llamadas tambi¨¦n de impunidad por los organismos de derechos humanos.
En la reforma constitucional de 1994 se incorporaron a la Carta Magna todos los tratados internacionales sobre derechos pol¨ªticos y civiles, pero el que declara imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos qued¨® aplazado, pese a que algunos legisladores intentaron darle rango constitucional.
La actuaci¨®n del juez Garz¨®n
El debate sobre las llamadas leyes de impunidad de Argentina, promulgadas durante el Gobierno presidido por Ra¨²l Alfons¨ªn (1983-1989), se dispar¨® por la orden de captura, con fines de extradici¨®n, dictada por el juez Baltasar Garz¨®n contra 46 argentinos por los delitos de genocidio, terrorismo (de Estado) y torturas perpetrados durante el r¨¦gimen militar.
El juez federal de Buenos Aires Rodolfo Canicoba Corral atendi¨® hace tres semanas la petici¨®n de su colega de la Audiencia Nacional y mand¨® encarcelar a los acusados mientras se tramita la extradici¨®n. La ratificaci¨®n gubernamental de la convenci¨®n de las Naciones Unidas podr¨ªa abrir la puerta a la reanudaci¨®n de los juicios contra los militares y polic¨ªas que actuaron en la cruenta represi¨®n ilegal del r¨¦gimen militar sin necesidad de que el Parlamento anule las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, seg¨²n defensores de los derechos humanos.
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