El ex presidente peruano Alejandro Toledo ser¨¢ procesado por supuesta falsificaci¨®n

Dos decisiones judiciales se hicieron p¨²blicas ayer contra ex gobernantes de Per¨². Una juez anticorrupci¨®n abri¨® un proceso penal contra el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) por su presunta participaci¨®n en la falsificaci¨®n de firmas para la inscripci¨®n de su partido en 1998. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontr¨® responsable al Estado peruano de la muerte de 41 presos de una c¨¢rcel de Lima en 1992 y por la masacre, el mismo a?o, en la universidad nacional de La Cantuta, donde murieron nueve alumnos y un profesor, ambos hechos durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

La juez Carolina Lizarraga abri¨® el proceso contra Toledo, que se encuentra actualmente en EE UU, por los delitos de asociaci¨®n il¨ªcita para delinquir y falsificaci¨®n de documentos, seg¨²n confirm¨® un portavoz judicial. Lizarraga, que tom¨® la decisi¨®n el pasado 18 de diciembre, ha establecido una orden de embargo contra el ex gobernante por 150.000 soles (45.180 d¨®lares) y una fianza de otros 50.000 soles (15.060 d¨®lares). La juez procesa por el mismo caso a Margarita Toledo, hermana del ex presidente, y a otras 34 personas, a quienes se les considera presuntas responsables de la masiva falsificaci¨®n de firmas del partido Pa¨ªs Posible, ahora Per¨² Posible. Toledo hab¨ªa sido incluido en este proceso como testigo, pero la juez cambi¨® su condici¨®n, despu¨¦s de que el pasado 14 de diciembre fuera denunciado por la fiscal Gloria Ord¨®?ez. Cuando se confirm¨® la acusaci¨®n, el procurador adjunto Ricardo Melgar se?al¨® su conformidad porque, seg¨²n indic¨®, “las declaraciones de los testigos” del caso se?alan que “Toledo habr¨ªa tenido cierta participaci¨®n, o al menos conocimiento de estos hechos il¨ªcitos”.

Toledo puede ser procesado por este caso porque los hechos ocurrieron antes de que fuera elegido y, por tanto, no se puede acoger al derecho al antejuicio (proceso en el Congreso) que corresponde a los altos funcionarios del Estado durante cinco a?os, despu¨¦s de haber abandonado el cargo.

Tras conocerse la decisi¨®n de la juez Lizarraga, la defensa de Toledo present¨® un recurso de habeas corpus, en el que solicita que se declare nulo el proceso.

Resoluci¨®n de la CIDH

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determin¨® ayer que el Estado peruano fue responsable, durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), de los asesinatos de La Cantuta y la matanza en un penal lime?o, por lo que deber¨¢ procesar a los implicados e indemnizar a los familiares de las v¨ªctimas.

El organismo de justicia supranacional se?al¨®, en sendas resoluciones, que el caso de la universidad nacional de La Cantuta, donde murieron nueve alumnos y un profesor, fue cometido por el grupo militar encubierto Colina. A?ade que lo ocurrido fue un crimen contra la humanidad que no puede quedar impune, es imprescriptible, no puede ser comprendido dentro de ning¨²n tipo de amnist¨ªa y, adem¨¢s, ser¨¢ necesaria una reparaci¨®n por parte del Estado peruano de alrededor de 1,8 millones de d¨®lares. La decisi¨®n de la Corte tambi¨¦n “anula las sentencias del foro militar” y permite “reiniciar procesos contra los responsables de la matanza”, entre los que se menciona al ex asesor Vladimiro Montesinos, al antiguo jefe de las Fuerzas Armadas Nicol¨¢s Hermoza y al ex jefe de las fuerzas operativas del Ej¨¦rcito Luis P¨¦rez Documet.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tambi¨¦n encontr¨® responsable al Estado peruano de la muerte de 41 presos de una c¨¢rcel de Lima en 1992, durante el r¨¦gimen de Fujimori, seg¨²n inform¨® la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Per¨² (Aprodeh). Un portavoz del organismo dijo que se determin¨® que el Estado peruano debe reconocer de manera p¨²blica su responsabilidad “en las violaciones de los derechos a la vida y la integridad” de los internos del penal lime?o Miguel Castro Castro.

El 6 de mayo de 1992, el Gobierno de Fujimori orden¨® el traslado de 100 presas pertenecientes a Sendero Luminoso y acusadas de terrorismo desde el Miguel Castro Castro a un penal de mujeres, lo que origin¨® un mot¨ªn entre los internos. Tres d¨ªas despu¨¦s, fuerzas especiales de la polic¨ªa y el Ej¨¦rcito asaltaron el pabell¨®n donde estaban recluidos los senderistas con granadas, explosivos y disparos de fusil, lo que caus¨® la muerte de 41 reclusos.