'Homo sacer'
Sacer, seg¨²n el diccionario latino-espa?ol de Agust¨ªn Bl¨¢nquez Fraile, significa "sagrado, consagrado, sacro" y tambi¨¦n "maldito, execrable, abominable, detestable". Pertenece al concepto que puso en circulaci¨®n hace una decena de a?os el fil¨®sofo Giorgio Agamben, en su libro "Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida" (Pre-Textos). "El protagonista de este libro es la vida nuda", escribe, "es decir, la vida que se puede quitar y sacrificar del homo sacer, de quien queremos mostrar su funci¨®n esencial en la pol¨ªtica moderna". Se trata de "una oscura figura del derecho romano arcaico, que incluye a la vida humana en el orden jur¨ªdico s¨®lo en forma de exclusi¨®n (es decir, en la posibilidad de darle muerte sin sanci¨®n)".
Desde que Bush declar¨® la Guerra global contra el terror
no ha hecho m¨¢s que crecer la figura del homo sacer, habitante de
territorios donde la ley no tiene vigencia, lugares de excepci¨®n donde
los prisioneros pierden su condici¨®n de personas, chupaderos que
trasladan al siglo XXI el universo concentracionario del siglo pasado:
Guant¨¢namo, Abu Ghraib, Bagram, Diego Garc¨ªa, las flotas americanas,
las mazmorras egipcias o sirias donde la CIA externaliza los
interrogatorios, los vuelos clandestinos para trasladar secuestrados, o
las c¨¢rceles secretas europeas, todo un archipi¨¦lago donde naufragan
los derechos humanos y permanecen en suspenso los valores que dicen
defender EE UU y sus aliados.
Hecha la ley, hecha la trampa. Oficialmente, sigue vigente la regla de
juego aceptada por todos. Pero ah¨ª donde no alcanza la luz de la
opini¨®n p¨²blica ni llega la mirada de las instituciones del Estado de
derecho se elude el cumplimiento de las leyes o se retuerce su
interpretaci¨®n. Por fortuna, las trampas tambi¨¦n han sufrido la erosi¨®n
tanto de una opini¨®n internacional que ha ido despertando del efecto
hipn¨®tico de los atentados terroristas como de la acci¨®n de los
tribunales y del Congreso norteamericano. El primero de los reveses
legales a la pol¨ªtica antiterrorista de Bush se produjo de mano del
senador John McCain, entonces ya presumible sucesor suyo como candidato
republicano, que a finales de 2005 utiliz¨® una ley presupuestaria
militar para introducir una enmienda que prohib¨ªa la tortura a
cualquier detenido. Bush se vio forzado a elegir entre dejar sin dinero
al Ej¨¦rcito o prohibir la tortura. El segundo rev¨¦s lleg¨® seis meses
despu¨¦s, cuando el Tribunal Supremo declar¨® ilegales las comisiones
militares que ven¨ªan sentenciando a los prisioneros de Guant¨¢namo sin
garant¨ªa alguna (1).
Cada una de las derrotas ha tenido su respuesta autom¨¢tica por parte
del aparato legal republicano, un cuerpo de leguleyos preparados para
cualquier malabarismo jur¨ªdico y muy propenso a utilizar la
Constituci¨®n norteamericana a su capricho, ley¨¦ndola de la misma forma
literal que los salafistas leen el Cor¨¢n, o penetrando en la cabeza de
los "Padres Fundadores", para interpretar lo que quer¨ªan decir
Jefferson, Hamilton o Washington, como si sus ideas de grandes
terratenientes esclavistas o de ilustrados insignes pudieran tener
vigencia exacta hoy en d¨ªa. La respuesta a la acci¨®n de McCain fue una
artima?a legal por la que el presidente se reserva la interpretaci¨®n de
cualquier ley mediante una declaraci¨®n firmada o signing statement y
que tiene como fundamento la llamada teor¨ªa del ejecutivo unitario. En
esencia, se trata de una interpretaci¨®n expansiva de los poderes
constitucionales del presidente en relaci¨®n al poder legislativo, algo
que ha llegado a su punto culminante con George W. Bush, el presidente
que m¨¢s signing statements ha firmado (m¨¢s de 800), y que cuenta con el
contrafuerte adicional de los poderes otorgados con motivo del 11-S, la
famosa AUMF (Autorizaci¨®n para el Uso de la Fuerza de 18 de septiembre
de 2001) de duraci¨®n indeterminada en esta guerra sin fin.
Esta sentencia del Supremo de 2006 obtuvo otra respuesta todav¨ªa m¨¢s
contundente, y fundamentada, asimismo, en la misma idea de unos poderes
presidenciales excepcionales, reconocidos directamente por un
legislativo que entonces capitul¨® ante el ejecutivo y los sustrajo del
control del judicial. El Congreso norteamericano, dominado entonces por
los republicanos, dio provisionalmente carta legal a Guant¨¢namo,
dejando en manos del presidente el sistema de garant¨ªas, la dureza de
los interrogatorios, la interpretaci¨®n de los convenios internacionales
y la declaraci¨®n de qui¨¦n es combatiente enemigo ilegal, figura sagrada
y maldita se?alada por el poder supremo y excepcional. El bucle se
hab¨ªa cerrado. La trampa era ahora ley. Fue necesaria la siguiente
intervenci¨®n del Tribunal Supremo en junio de 2008 y el cambio de
mayor¨ªa parlamentaria en las dos c¨¢maras para que la suerte de
Guant¨¢namo empezara a quedar sellada, algo que probablemente deber¨¢
remachar el pr¨®ximo presidente.
1.- El Tribunal Supremo ha ido desgranando sentencias contra Guant¨¢namo
de forma regular. Primero declar¨® la vigencia de la legalidad
norteamericana en aquel territorio, descartando la idea de que se
trataba de un lugar donde no ten¨ªa vigencia ninguna ley. Luego
desautoriz¨® las primeras comisiones militares o tribunales sumarios
secretos con que se pretend¨ªa juzgar a los presos. M¨¢s tarde, en junio
de 2008, desautoriz¨® de nuevo las nuevas comisiones militares aprobadas
por el Congreso en respuesta a la sentencia. Todo ello con el argumento
de fondo de que todo detenido tiene derecho al habeas corpus, es decir,
a ser juzgados por un tribunal civil.
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