Ch¨¢vez nacionaliza todos los negocios ligados al petr¨®leo

Las lanchas. Los astilleros. El suministro de agua, vapor y gas para los taladros. Todos los bienes y servicios que tengan conexi¨®n con la explotaci¨®n del petr¨®leo han comenzado a ser expropiados desde ayer en Venezuela. En la noche del jueves (hora local) el presidente, Hugo Ch¨¢vez, promulg¨® una ley que reserva al Estado todas las actividades vinculadas con la producci¨®n primaria de hidrocarburos y prometi¨® que de inmediato comenzar¨ªa a aplicarla. "Ma?ana comenzamos a recuperar bienes y activos que pasan ahora a ser del Estado, de propiedad social (...) Ma?ana estaremos en el lago de Maracaibo dando el primer paso", dijo Ch¨¢vez. Y as¨ª lo hizo.

A las 12.30 de ayer ya el comandante-presidente Ch¨¢vez capitaneaba la toma de una de las flotas de lanchas que opera en el lago - la principal cuenca petrol¨ªfera del pa¨ªs -, un acto que fue retransmitido de forma obligatoria por todas las radios y televisiones del pa¨ªs. "Hoy es un acto de liberaci¨®n", le dijo en tono solemne al capit¨¢n y a su tripulaci¨®n. "Hasta el d¨ªa de hoy esta lancha era de un privado. Ahora ll¨¦vala con conciencia de que esta lancha es de todo el pueblo y que el pueblo te ha puesto de capit¨¢n". Y le entreg¨® luego, a cada trabajador, cascos y petos tan rojos como las camisas-uniforme que suelen llevar sus ministros.

M¨¢s que la compra por parte del Estado de los bienes y servicios que antes pertenec¨ªan a terceros, Ch¨¢vez dijo el jueves que esta medida representa el comienzo de una "batalla naval libertadora" que comenzar¨ªa a librarse en las aguas "enemigas" del lago de Maracaibo, jurisdicci¨®n del Estado de Zulia, gobernado desde hace nueve a?os por dirigentes de oposici¨®n. "Esos miles de trabajadores que estaban siendo explotados por los due?os de las lanchas, las terminales y los diques ser¨¢n liberados. Vamos a desarrollar una nueva batalla naval libertadora en el lago de Maracaibo y estos son pasos de la revoluci¨®n en la construcci¨®n del socialismo", vocifer¨® al estampar su r¨²brica.

El primer c¨¢lculo del ministro de Energ¨ªa y Petr¨®leo y presidente de la estatal Petr¨®leos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ram¨ªrez, es que s¨®lo en el lago de Maracaibo y con la entrada en vigencia de esta ley pasar¨¢n a manos del Estado 39 terminales y muelles, 5 diques astilleros, 300 lanchas, 30 remolcadores, 30 gabarras, y 61 lanchas de buzos. La estatal PDVSA tambi¨¦n absorber¨¢ en su n¨®mina a m¨¢s de 8.000 trabajadores que hasta el momento prestaban sus servicios a las empresas contratistas. Esta operaci¨®n, sostiene Ch¨¢vez, le permitir¨ªa a Venezuela reducir un 20% los costes de producci¨®n, pues, seg¨²n ¨¦l, la empresa privada absorb¨ªa en ganancias un equivalente al 50% del coste de producci¨®n de un barril.

Otro enemigo que el Gobierno venezolano busca abatir a trav¨¦s de esta ley es la potencial amenaza, por parte de las empresas contratistas, de paralizar sus actividades - y, en consecuencia, la producci¨®n petrolera del pa¨ªs - como medida de protesta por la falta de pagos. Seg¨²n cifras de la agencia Dow Jones, al cierre del a?o 2008 PDVSA acumulaba una deuda de unos 13.400 millones de d¨®lares con estas compa?¨ªas, como consecuencia de la ca¨ªda en m¨¢s de 70% de los precios del petr¨®leo; de ah¨ª que algunas de ellas estuviesen considerando retirar sus embarcaciones y equipos hasta que fuesen pagadas las facturas. S¨®lo con la corporaci¨®n Williams Companies Inc, dedicada a la producci¨®n de gas natural en el oriente venezolano, PDVSA tiene una deuda de 241 millones de d¨®lares. Y en el inventario de acreedores que, al igual que Williams Companies, son ahora susceptibles de ser expropiados, tambi¨¦n se encuentran firmas internacionales como Halliburton, Schumlberger, Baker Hughes y BJ Services.

Seg¨²n el ministro Rafael Ram¨ªrez, el Gobierno ya prepara una lista con los nombres de las dem¨¢s empresas que ser¨¢n estatizadas en otras regiones del pa¨ªs, despu¨¦s de que se declare la "utilidad p¨²blica" de sus actividades. Una vez que esto ocurra, la ley reci¨¦n aprobada establece que el Gobierno est¨¢ autorizado a compensar a las contratistas expropiadas con bonos de la deuda p¨²blica, en lugar de efectivo; a anular contratos preexistentes, y a ordenar tomas preventivas de instalaciones, mientras se dirimen eventuales disputas judiciales en cortes internacionales, como la que emprendi¨® la compa?¨ªa Exxon Mobil contra PDVSA cuando, en 2007, el presidente Ch¨¢vez decret¨® la nacionalizaci¨®n de la Faja Petrol¨ªfera del Orinoco.