"Es una hipocres¨ªa c¨®mo se plantea el tema de las bases"

El Gobierno colombiano, cada vez m¨¢s distanciado de algunos de sus vecinos tras la pol¨¦mica desatada por el acuerdo militar con Estados Unidos, se dedica estos d¨ªas a estrechar sus relaciones con el otro lado del Atl¨¢ntico. El vicepresidente, Francisco Santos, particip¨® ayer en un foro con empresarios espa?oles en la sede de la patronal CEOE en Madrid, en la primera escala de una gira maratoniana que le llevar¨¢ esta semana a Barcelona y Zaragoza, as¨ª como a Polonia, B¨¦lgica -donde visitar¨¢ instituciones de la UE y se reunir¨¢ con parlamentarios europeos- e Italia.

Pregunta. El acuerdo con Estados Unidos que permite el uso de bases colombianas ha despertado suspicacias en otros pa¨ªses latinoamericanos, especialmente Venezuela, con la que las relaciones ya no eran muy buenas.

Respuesta. A m¨ª me sorprende, primero, la reacci¨®n ante un desconocimiento que hemos intentado calmar, demostrar que es una profundizaci¨®n de la cooperaci¨®n que tenemos con Estados Unidos, que no tiene muchas diferencias con el Plan Colombia, pero que s¨ª nos va a permitir luchar m¨¢s eficazmente contra el narcotr¨¢fico y las organizaciones criminales, incluyendo las FARC. Y que no tiene como objetivo ser utilizado con intenciones de afectar a ning¨²n otro pa¨ªs. Frente a esta respuesta, lo que hemos visto es acuerdos millonarios de compra de instrumentos que s¨ª son muy ofensivos contra Colombia, como los cohetes o los aviones] Sukhoi por parte de Venezuela o los 12.000 millones de d¨®lares que gasta Brasil [en un acuerdo militar con Francia], y que pide explicaciones [a Colombia], cuando no le da explicaciones a la regi¨®n sobre lo que est¨¢ pasando. Yo creo que hay que ser franco y decir para qu¨¦ estoy comprando todos estos instrumentos, cuando Colombia no est¨¢ comprando nada que vaya a afectar a las fronteras y a otros pa¨ªses. Me parece de una hipocres¨ªa inmensa que se plantee de esa manera un tema en el cual s¨®lo se ve un lado de la balanza.

P. La Corte Constitucional tiene en sus manos el refer¨¦ndum sobre la reelecci¨®n del presidente ?lvaro Uribe. ?Hay margen para cumplir con los plazos del proceso electoral?

R. S¨ª hay margen. Creo que eso depende de la Corte, requerir¨ªa que ¨¦sta decidiera en los pr¨®ximos tres meses, porque la organizaci¨®n de un refer¨¦ndum como ¨¦se se demora por lo menos dos meses. Los plazos est¨¢n muy ajustados. Vamos a ver qu¨¦ decide la Corte y en qu¨¦ tiempo.

P. Un refer¨¦ndum constitucional parecido desencaden¨® la crisis hondure?a. ?No hay peligro de que ocurra algo as¨ª en Colombia?

R. No, es importante hacer una diferenciaci¨®n: los controles institucionales en Colombia son inmensos. Esto ha sido un proceso que lleva dos a?os de debate en el Congreso y le falta todav¨ªa la aprobaci¨®n de la Corte [Constitucional]. Aqu¨ª no ha sido impuesto, las fronteras del control institucional se han preservado. En Honduras se impuso, en otros pa¨ªses ha sido una decisi¨®n del Congreso, un Congreso que no tiene oposici¨®n. Aqu¨ª ha habido una oposici¨®n feroz, un debate profund¨ªsimo de m¨¢s de dos a?os que habla de la fortaleza de la democracia colombiana. Y con todo y con eso, todav¨ªa no sabemos si va a ser posible. Lo dif¨ªcil que ha sido en Colombia y lo f¨¢cil que ha sido en otros lados habla de una diferencia en la capacidad de los distintos poderes para poner trabas y generar balances de poder. Esto no es parecido a Honduras, Venezuela o Ecuador, tiene una diferencia que parte de lo que distingue a Colombia de muchos de estos pa¨ªses: que somos una democracia desde 1837. Y esto no es en vano, esto construye una fortaleza institucional que le ha permitido profundizar la democracia en mitad de los horrores de violencia que tuvimos, y ser visto como un pa¨ªs estable con instituciones fuertes.

P. Acaba de reunirse con empresarios espa?oles, ante los que ha desplegado las oportunidades de inversi¨®n que ofrece su pa¨ªs. Sin embargo, la violencia, el secuestro y la extorsi¨®n siguen constituyendo un grave problema.

R. Uno tiene que mirar c¨®mo est¨¢ el contexto y qu¨¦ es lo que se est¨¢ haciendo para resolver los problemas de seguridad. Los empresarios son los primeros en mirar c¨®mo est¨¢ Colombia frente al resto del continente, y lo que se ve es Colombia con todos los ¨ªndices de violencia descendiendo, mientras, desafortunadamente, en el resto del continente es exactamente la curva contraria. Adem¨¢s, tenemos un aprendizaje muy importante en temas de seguridad, que no viene solamente de estos siete a?os, llevamos 25 a?os luchando contra la delincuencia y ahora tenemos la suma de toda esa experiencia para combatir la delincuencia organizada. La Polic¨ªa Nacional de Colombia es la mejor de todo el continente.

P. Sin embargo, recientes operaciones policiales han puesto de manifiesto las actividades de las bandas formadas por antiguos paramilitares, que practican extorsiones y secuestros.

R. El problema de los secuestros contin¨²a disminuyendo. En cuanto a las extorsiones, cada vez somos m¨¢s eficientes, porque hemos montado una institucionalidad tan grande para combatir los secuestros, unos grupos operativos y de inteligencia tan grandes, que muchos de ellos est¨¢n pr¨¢cticamente dedicados ahora a [luchar contra] la extorsi¨®n. Nos preocupa inmensamente c¨®mo muchas de estas bandas criminales, que en el escenario internacional se ven como si fueran la continuaci¨®n del paramilitarismo, y no lo son, est¨¢n empezando a aliarse con las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] en negocios del narcotr¨¢fico. Esa s¨ª es una preocupaci¨®n, porque son dos de los problemas que tenemos en Colombia, sumados.

P. El presidente Uribe ha flexibilizado recientemente su postura respecto a la liberaci¨®n de los rehenes de las FARC, admitiendo que ¨¦sta no se produzca de una vez, sino en un plazo razonable. ?Hay respuesta a esta iniciativa?

R. A las FARC no le interesan los seres humanos, para ellos los secuestrados son una mercanc¨ªa. Quieren maximizar cualquier tipo de rentabilidad pol¨ªtica en la liberaci¨®n de estas personas y el Gobierno no se puede prestar a eso. El Gobierno genera las condiciones para liberarlos, los mecanismos, flexibiliza posiciones. Pero no [puede aceptar] lo que ellos plantean, una negociaci¨®n prolongada, de unos por otros. Como si tener a una persona en la c¨¢rcel, que es juzgada, cuyas familias la visitan, que tiene todas las garant¨ªas constitucionales, fuera lo mismo que tener a una persona secuestrada, a la que arrebataron de su hogar y que est¨¢ pudri¨¦ndose en la selva. Eso es inaceptable para el Gobierno y debe ser inaceptable para la sociedad. ?se es el dilema que tenemos y, ¨¦sta es una opini¨®n personal, creo que son insalvables esas diferencias.