El Salvador recurre al Ej¨¦rcito para frenar la violencia

Ante la incapacidad mostrada por el sistema de seguridad p¨²blica de El Salvador para frenar una ola de violencia que se cobra la vida de 16 personas cada d¨ªa, y con el aval de la mayor¨ªa de sus ciudadanos, el presidente Mauricio Funes ha tomado cartas en el asunto. El l¨ªder del Ejecutivo salvadore?o ha decidido ordenar a una parte del Ej¨¦rcito para que apoye la labor de la polic¨ªa en determinados puntos "neur¨¢lgicos", ubicados en 18 municipios de este convulsionado pa¨ªs, catalogado por Naciones Unidas como el m¨¢s peligroso de Latinoam¨¦rica.

La controvertida medida entra en vigencia hoy y se prolongar¨¢ durante seis meses. Una vez superado ese l¨ªmite de tiempo, el presidente Funes, el primer regidor de izquierdas que gobierna El Salvador, rendir¨¢ un informe al Congreso legislativo sobre la efectividad que haya tenido el plan, que persigue, entre otros objetivos, bajar el n¨²mero de homicidios de j¨®venes entre 18 y 30 a?os. Seg¨²n un reciente estudio estad¨ªstico, el 86% de los asesinados son hombres y j¨®venes.

El proyecto de Funes consiste en incrementar en 2.500 soldados y oficiales los efectivos del Ej¨¦rcito que ya participaban en acciones de patrullaje disuasivo, especialmente en zonas donde abunda el n¨²mero de pandillas. Ya desde hace m¨¢s de dos a?os unos 1.700 soldados integran junto a unidades de polic¨ªa los llamados Grupos de Tarea Conjuntos.

"Reservistas no estamos movilizando para esto. Si contabilizamos el personal que vamos a agregar m¨¢s el que ya tenemos, estamos hablando casi de 4.000 hombres que acompa?ar¨¢n a la polic¨ªa", seg¨²n explic¨® a la prensa el ministro de Defensa, el general David Mungu¨ªa Pay¨¦s.

Los soldados han sido adiestrados para participar no s¨®lo en patrullas, sino en cateos, allanamientos y capturas flagrantes, seg¨²n anunci¨® Mungu¨ªa Pay¨¦s. Pero el jefe militar advirti¨®: "No es que el soldado vaya a utilizar las armas de forma indiscriminada, pero obviamente se va a defender en caso de que se d¨¦ una contingencia".

Entre los organismos defensores de los derechos humanos y de la legalidad hay temores acerca de la participaci¨®n del Ej¨¦rcito en tareas de seguridad p¨²blica. Estas dudas surgen a ra¨ªz de los antecedentes represivos que tuvo la Fuerza Armada, antes y durante la Guerra Civil que se desarroll¨® entre 1980 y 1992, cuando apresaba, torturaba, asesinaba y hac¨ªa desaparecer a los adversarios de la dictadura militar.

Despu¨¦s del conflicto armado ning¨²n militar fue juzgado por actos de lesa humanidad como las masacres campesinas de El Mozoto y El Sumpul, en las que poblaciones enteras fueron exterminadas en operaciones contra insurgentes; tampoco hubo juicios por asesinatos como el del arzobispo ?scar Romero o el de seis jesuitas, ente otros.

A partir de hoy, la presencia militar en las provincias de Sonsonate, San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Libertad ser¨¢ evidente, ya que son en las que las pandillas tienen una mayor incidencia. "No puedo mandar un telegrama a los delincuentes en estos momentos y decirles d¨®nde vamos a estar operando", dijo, no obstante, el general Mungu¨ªa Payes.

El titular de Defensa hab¨ªa advertido recientemente que en algunos lugares como La Campanera -donde el periodista franco-espa?ol Christian Poveda, asesinado en septiembre, film¨® un documental sobre la vida de las maras-, as¨ª como en otras zonas de San Miguel, al este de El Salvador, "el asunto era de rescatar la soberan¨ªa", porque debido al control de la delincuencia, el Ejecutivo no ejerc¨ªa ninguna autoridad en estos lugares.

En lo que va de a?o han sido asesinadas m¨¢s de 3.600 personas, lo que supone un incremento de cerca de 400 muertes m¨¢s que el total de asesinados el a?o pasado, cuando la tasa de homicidios fue aproximadamente de 50 por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con los c¨¢lculos actuales, El Salvador terminar¨¢ 2009 con 75 homicidios por cada 100.000 habitantes, siete veces m¨¢s de lo que la Organizaci¨®n Mundial para la Salud (OMS) reconoce como epidemia.