La mano invisible tras los paramilitares
La justicia colombiana act¨²a contra tres terratenientes por ordenar cr¨ªmenes
La verdad sobre el horror paramilitar en Colombia sigue saliendo a flote con la detenci¨®n, la semana pasada, de tres grandes hacendados en la regi¨®n de Urab¨¢, al noroeste del pa¨ªs, acusados de alianzas con estos grupos criminales.
Esta zona bananera fue azotada duramente durante los a?os noventa por los paras, quienes, seg¨²n cifras oficiales, cometieron m¨¢s de 15.000 asesinatos en todo el pa¨ªs y generaron desplazamientos masivos, por los que millones de campesinos viven hoy hacinados en barrios marginales de las grandes ciudades.
Las detenciones de los tres empresarios agrarios, reconocidos en la zona como hombres de prestigio, fueron fruto de a?os de investigaciones de la polic¨ªa y la fiscal¨ªa. Est¨¢n acusados de ser responsables de m¨¢s de 500 asesinatos e igual n¨²mero de desplazamientos.
Uno de ellos, Jes¨²s Emilio Rueda, de 76 a?os, entreg¨® a los paramilitares, seg¨²n las investigaciones, un listado de 200 campesinos que seg¨²n ¨¦l colaboraban con la guerrilla y deb¨ªan ser asesinados.
"Que ning¨²n delincuente y asesino de comunidades piense que puede burlar a la polic¨ªa y a la justicia", advirti¨® el general ?scar Naranjo, director de la Polic¨ªa Nacional. En esta misma zona bananera se captur¨® en abril de 2008 al empresario bananero Ra¨²l Hasb¨²n. Se le acus¨® de ser el enlace entre la multinacional Chiquita Brands y los paramilitares.
La multinacional del banano -sucesora de la United Fruit Company- pag¨® 1,7 millones de d¨®lares (1,25 millones de euros) para que los paras protegieran a sus empleados de la guerrilla, y la justicia estadounidense conden¨® a ambas empresas a pagar una multa de 25 millones de d¨®lares.
"Es un buen paso", declar¨® a EL PA?S el investigador Gerson Arias, de la ONG Ideas para la Paz, en relaci¨®n con las detenciones de los tres hacendados. Para ¨¦l, son el reflejo de una variaci¨®n del mapa pol¨ªtico del pa¨ªs. "Se quedaron sin padrinos, desprotegidos", asegura. Sin embargo, ve una paradoja: como el cambio no es el esperado, existen ya nuevas generaciones de terceros que se benefician del conflicto y que tienen respaldo desde arriba para permanecer en la sombra.
Esta nueva puerta que se abre, asegura Arias -una de las personas que m¨¢s ha estudiado el fen¨®meno paramilitar-, permanecer¨¢ abierta dependiendo del apoyo que el nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones presidenciales de mayo ofrezca al proceso de Justicia y Paz, marco legal de la desmovilizaci¨®n paramilitar. Arias destaca que es la primera vez que en procesos de justicia relacionados con el desarme se persigue a terceros; siempre, dice, han logrado permanecer invisibles.
El analista Alfredo Rangel, de la Fundaci¨®n Seguridad y Democracia, advierte de que se debe evitar la cacer¨ªa de brujas: seg¨²n ¨¦l, son una gran minor¨ªa los empresarios agr¨ªcolas que se aliaron con los paras y fueron determinantes de sus cr¨ªmenes. "Hay otra inmensa mayor¨ªa que, forzadamente, por presi¨®n armada, tuvo que apoyar y financiar a estos grupos", dice categ¨®ricamente.
Los grupos paramilitares se desmovilizaron en un proceso que dur¨® tres a?os. Jefes y mandos medios que se acogieron al proceso de Justicia y Paz han relatado detalles de c¨®mo manejaron esta maquinaria de muerte. Para los cr¨ªticos del proceso de desmovilizaci¨®n, uno de los grandes vac¨ªos es, precisamente, que no se haya perseguido a los grandes que estuvieron detr¨¢s de este horror.
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